Incendio en Murcia (foto: La Opinión de Murcia) y papeleo
La administración pública es lenta, pesada y en ocasiones incongruente. Eso es un hecho innegable y más en un país que siempre ha destacado por la transigencia ante el "vuelva usted mañana" y la maraña burocrática que la tecnología no ha hecho otra cosa que aumentar, a pesar de que la lógica indica que debería ser al revés.
Esto hace que el ciudadano medio tema y desprecie lo que consideran "caprichos", como son las licencias y los papeles sellados que obligan a una dura carrera de obstáculos para hacer cualquier trámite o abrir un negocio. Hasta que pasa algo como lo de Murcia y entonces clamamos contra la administración por no haber estado vigilante.
Nos cuentan que las discotecas incendiadas no tenían licencia y tenían orden de cierre desde el año 2022, que se saltaron a la torera con la connivencia y complicidad de los responsables del tema, y que incluso pasaron una inspección sanitaria recientemente, que no tiene nada que ver con si tienen licencia o no o con la seguridad, pero que choca porque parece que les daba una pátina de legalidad de la que carecían. Lo más anecdótico es la defensa de la propiedad, que dice que el ayuntamiento conocía que trabajaban porque había "peleas" y "cosas" y "hay intervenciones de la policía local, por tanto, al ayuntamiento le consta que estos negocios están abiertos".
La administración, además de múltiple, está totalmente descoordinada. Lo que hace un ayuntamiento no tiene influencia alguna sobre lo que exige la administración autonómica, y todo así... salvo Hacienda, que es la que está como un águila acechando el menor despiste para saltar sobre su presa, lo que hace que el administrado se sienta como un conejo en un prado.
En Lugo no crean que estamos libres de que estas cosas ocurran. El tema de las licencias se da o se deniega sin que sepamos muy bien qué criterios se siguen ya que siendo bien pensados puede parecer que se tiran unos dados para ver qué número sale, y retorciendo las motivaciones puede cada uno pensar lo que considere oportuno.
Les puedo poner un ejemplo que conozco bien. Una empresa del casco histórico solicitó una licencia para reformar un local que alquiló y amparó dicha solicitud en la licencia de actividad que tenía el anterior inquilino, mintiendo en dicha solicitud ya que dijo que le habían traspasado la licencia, cosa que no ocurrió. El anterior titular se lo comunicó formal y reiteradamente a la administración y no hicieron ni caso, la cosa siguió adelante con total "normalidad".
Ahora supongamos que hubiera pasado algo gordo. ¿El titular real de la licencia, es decir, el anterior inquilino, se puede ver salpicado por este tema? Parece que lo lógico es que no, pero vayan ustedes a saber, porque llegado el caso estoy seguro de que tanto el actual titular como la administración buscarían la forma de escurrir el bulto de sus responsabilidades e intentarían que el pato lo pagase el único tercero disponible.
No se sabe por qué el Ayuntamiento tragó con este asunto. Quizá por amistades, o tal vez por despiste, aunque esto último es más complejo de creer porque se les avisó reiteradamente como ya indiqué. Ahora encima se encuentran con que la licencia de obras que dieron fue incumplida y que se llevaron a cabo reformas que no estaban autorizadas. Veremos en qué queda todo, pero en definitiva, como pueden ver, las normas sólo se utilizan cuando interesa y contra quien interesa.
A otros, carta blanca.
