Guerra abierta contra el paisaje

El defecto de mirar hacia otra parte
Siempre me sorprendió que en una sociedad que se dice avanzada, sus intervenciones sobre el medio fueran tan dolorosas. Nunca entendí como cualquier acción sobre el medio natural y sobre sus paisajes careciera de la sensibilidad necesaria e imprescindible para que dicha intervención tuviera el menor impacto posible. Siempre creí que el avanzado grado en cultura y desarrollo de nuestra especie permitiría que todas y cada una de las acciones del ser humano sobre un espacio se llevarían a cabo atendiendo al menos a tres premisas claras:

1.- La obra a ejecutar obtiene la consideración de estrictamente necesaria. Es decir, se ha estudiado con detalle y rigor e indagado en la búsqueda de cualquier otra alternativa a la elegida, menos gravosa para el medio natural, siendo elegida aquella que genera el menor impacto.
2.- El estudio de impacto ambiental a la obra prevista ha sido llevado a cabo por un equipo multidisciplinar y analizados al detalle los pros, pero sobre todo los contras en la ejecución de la misma, la alteración y sus efectos previsibles sobre los ecosistemas afectados.
3.- El plan de regeneración paisajística recoge las operaciones necesarias para llevar a cabo dicha restauración, destacando el modo o manera de minimizar el destrozo llevado a cabo durante la ejecución de la misma y explicitando con todo detalle las labores de restauración y seguimiento posteriores en aras a regenerar el espacio dañado y facilitar su recolonización por las especies botánicas y faunísticas que existían en la zona antes de generarse dicho impacto. Dicho plan recoge, con absoluta fidelidad y trasparencia, la temporalización de cada fase del mismo, siendo esencial iniciar la restauración durante o inmediatamente después de finalizar la obra.

Este razonamiento lógico, influenciado tal vez por la visión de cientos de obras generadoras de impacto ambiental tanto en otras islas como en tierras peninsulares y europeas, me identificará a los ojos de los lectores como un crédulo inocente, como un Peter Pan que aún cree en los cuentos de hadas y, más familiarmente, una especie de simplón incapaz de abrir sus ojos a la realidad, cuando el espacio a analizar es nuestra tierra, la isla de Gran Canaria.

El lógico y correcto planteamiento que acabo de exponer, nada tiene que ver con lo que verdaderamente sucede ante la ejecución de uno obra de cualquier índole, ya sea de iniciativa pública como privada en nuestra tierra y lo cierto es que debería ser de tal modo pues, como veremos más adelante, legislación existe y sanciones ejemplares al incumplimiento también.

Nadie podrá rasgarse las vestiduras ante esta aseveración pues, desafortunadamente, ejemplos no faltan sobre la falta de respeto absoluto hacia nuestra tierra, a la hora de realizar obras o acciones que implican la destrucción del paisaje y la alteración del suelo rústico. Los hay por todo el territorio insular, aunque mi objetivo con este artículo es llamar la atención sobre las que sangran, afean y empobrecen nuestro suelo teldense.

Pero volvamos al hilo conductor de este artículo. Es posible que las obras de iniciativa privada reciban más controles en su desarrollo, lo desconozco, aunque tal hipótesis debemos puntualizarla, pues en nuestra sociedad el control no depende tanto de las leyes y del celo puesto por las autoridades correspondientes en el control de tales obras con afección al paisaje y al territorio, como del grado de cercanía, proximidad, amiguismo, clientelismo político que tenga el promotor con las autoridades de control o sus representantes.

Si alguien pone el grito en el cielo ante tal afirmación, les invito a que abran los ojos, analicen y reflexionen sobre la imperante realidad. Una obra ilegal, póngase por ejemplo un hotel construido sobre espacio público y edificado sobre un espacio dunar protegido, es tan ilegal si está construido sobre las dunas de Maspalomas como si lo está sobre las dunas de Corralejo. Sin embargo, la ejecución del derribo y demolición no va a depender tanto de los fallos judiciales que aplican con rigor las leyes en vigor, sino de los apoyos que el empresario o el particular enarbole, primero a nivel municipal, luego insular, si no llega estos amparos, se busca el autonómico y como último recurso queda Madrid y el ministerio de turno al que llorarle o, en el peor de los casos, con quien negociar lo innegociable. Así pues, la penalización económica, el derribo y la exigencia de recuperar dicho espacio, rehabilitarlo y regenerarlo con los dineros de quien lo ocupó y degradó, por la simple razón de encontrarse en suelo público y existir una sentencia que así lo dictamina. Tristemente, la mayoría de las veces, no sucede así. Y no sucede así porque los poderes públicos y privados saben que miramos para otro lado, que no va con nosotros, que eso es así y qué le vamos a hacer, que siempre fue igual. Resultado, una isla mancillada, sucia, degradada, un solar donde poder hacer y deshacer al antojo de unos pocos, como si la isla fuera sólo de ellos, cuando el verdadero poder lo tenemos nosotros, la ciudadanía, los habitantes de la misma y las leyes que nos rigen, si en verdad existiera esa implicación que reclamo, ese posicionamiento ante la ilegalidad, esa voluntad de cuidar el patrimonio de todos. Pero esto no sucede, nos han educado bien, han forjado nuestras mentes en la sumisión, en la carencia de criterio, en dirigir nuestra atención hacia banalidades, estupideces televisivas y trapos sucios menores, desviando nuestra atención de aquello verdaderamente importante, ya sea sanidad, educación, justicia o medioambiente. Nos han enseñado a no preocuparnos por lo que sucede puertas afuera de nuestra vivienda, a considerar que cualquier tiempo dedicado a la mejora del entorno, a defender su protección, a luchar por el buen uso del territorio de todos y por los valores que hacen fuerte a una sociedad, es tiempo perdido. Así los hechos, no se alarmen si el resultado que observamos apuntan hacia una isla a la deriva.

El caso es que pretendo analizar y demostrarles como la ejecución de cualquier obra en nuestra isla y concretamente en Telde, nunca trae consigo el proyecto de rehabilitación del espacio alterado. Y si por ley es preceptivo que esté incluido en la redacción del mismo, no se ejecuta ya que nadie efectúa un posterior seguimiento y por consiguiente nadie levanta un acta de infracción urbanística amparada en el articulado que la legislación canaria recoge y explicita como punible, tipificando además el gravamen económico según el nivel de agresión e impacto generado sobre el paisaje y el suelo rústico.

Nuestro municipio presenta decenas de casos que confirman lo expresado. Y como Telde, aunque en menor grado, el resto de municipios de la isla.

No debería ser un mal al que tengamos que acostumbrarnos, pero esa es la realidad. La sociedad debería indignarse y no mirar para otro lado. Actuamos con pasividad y nuestros derechos y libertades se ven mermadas continuamente. No tendrían que existir asociaciones paralelas, siempre con escasos militantes, -es el caso de las asociaciones ambientalistas, ecologistas, defensores de la biodiversidad...-, ciudadanos igual que usted y que yo, comprometidos de forma altruista en velar, vigilar y denunciar los estragos que se llevan a cabo en el patrimonio público -esos espacios libres por ley para uso público, ya sea una playa, un camino real o un espacio natural- y que muchas más veces de las deseables, son ocupados de forma ilegal usurpando dicho espacio a la población ante la inacción y la desidia de los encargados de velar por ellos.

Deberían cumplir esa función los diferentes funcionarios o personas delegadas que en sus unidades de gestión o áreas respectivas tienen dichas tareas recomendadas y es su deber llevarlas a cabo, pero no lo hacen o, al menos, sin las órdenes precisas, con el celo que deben.

Resulta de juzgado de guardia que un ciudadano llame o acuda a ellos para denunciar una ilegalidad flagrante y la respuesta no sea inmediata, sino un registro de entrada, un esperar un trámite, un demorar una respuesta que puede llegar o no... El resultado final es casi siempre el mismo: la obra está terminada, es posible que sea ilegal pero iniciar un expediente para su penalización o derribo es engorroso y complejo y no se está por la labor de iniciarlo o se han olvidado, al término de la obra, de la obligatoria restauración paisajística del espacio afectado y ahí queda, a vista de todos, in secula seculorum, los restos abandonados de la obra, como si se tratase del recuerdo de un bombardeo reciente.

Si esta es la situación en el caso de obras de iniciativa privada donde, como explicamos, las patentes de corso dependen en gran medida de las relaciones personales: económicas, políticas, sociales..., en el caso de las infraestructuras y obras públicas la situación es peor, si cabe. Con terrible frecuencia, la empresa o conjunto de empresas que reciben el encargo de realizar la obra, gozan del increíble privilegio de obrar a su antojo sobre el espacio intervenido.

Serán sus ingenieros, arquitectos, técnicos de obras en general quienes diseñen un plan de actuación que, al carecer de un eficaz control público llevado a cabo por un equipo multidisciplinar donde geólogos, biólogos, ambientalistas, restauradores paisajísticos y otros especialistas aporten sus conocimientos y visión más integradora, diseñan la obra teniendo en cuenta la mayor inversión económica posible, el mayor volumen de obra sin pensar a priori si tal obra responde en verdad a las necesidades reales de la misma. El resultado final es una obra propia de la prepotencia, de la irresponsabilidad, de la soberbia humana, pues muchas veces es incomprensible que tras una inversión multimillonaria el resultado final sea el que tenemos ante nuestra vista: un verdadero espanto, un esperpento.

Trataré de concretar ejemplos, hay decenas en nuestro municipio, pero no puedo pasar por alto el impacto que ayer me produjo el destrozo sin sentido, la salvaje intervención del equipo de iluminados que diseñó la lo obra de la fase final de la circunvalación a Las Palmas de Gran Canaria en el tramo que une la entrada de Arucas con la autovía del norte GC-2.

No son cosas mías, desde el comienzo de las obras había escuchado a decenas de personas en chats, wasaps, calle..., unos, ciudadanos de Arucas, otras como yo, residentes de otros municipios, sobre la desproporcionada intervención que se estaba realizando sobre el suelo rústico en esa zona y como el destrozo se llevaba hasta su confluencia con la GC-2. Todas estaban asombradas. Nadie era capaz de creerse que esta isla pudiera sufrir en pleno siglo XXI, un atentado tan salvaje, tan feroz sobre la fértil y productiva vega aruquense. Ejemplos de atentados sobre las otrora fértiles tierras agrícolas, sepultándolas o dividiéndolas con infraestructuras que las condenan a muerte y las convierten de la noche a la mañana en suelos potencialmente urbanos, hay por toda la isla: la vega de Telde, la vega de Gáldar, la vega de Arucas, la vega de San Mateo... pero esta actuación se lleva la palma. Nadie da crédito a lo que sus ojos ven, día tras día Una intervención descomunal, propia de entradas o circunvalaciones a populosas ciudades como Madrid, Barcelona, Sevilla..., pero, ¿a la entrada de Arucas? ¿en verdad era necesaria tal intervención para cerrar el anillo de confluencia con la GC-2?

Una serie de taludes enormes rompieron y sangraron un bello espacio de lomas y barrancos, creando un impacto antes inexistente que jamás volverá a ser naturalizado y ahora sabrán por qué. ¡Oh, locura de la intervención megalómana!..., los iluminados técnicos, ciegos devotos al dios del cemento y el hormigón, no se les ocurrió mejor idea para el tratamiento de los taludes que un chorreo incesante de cemento líquido hasta cubrir el más mínimo resquicio de risco por donde pudiera asomar una planta. ¡Nada de vida! ¡Absolutamente nada! Puro cemento. Nada más.

Cuando lo observo, siento estupor, luego desánimo y al final una tristeza tan grande, tan inmensa que tengo que detener el coche -con tremenda dificultad ya que estoy en una vía rápida, sin posibilidad de parada- para llorar. Gritar al cielo de rabia ante tanta salvajada. Preguntarme donde está la política de transición ecológica que dice pretender el Gobierno Canario y preguntarme para qué sirve -a la vista de los hechos me remito- un ministerio de transición ecológica. En verdad sí lo sé. Sería un necio si no lo viera. Sirve para gastar verdaderas fortunas en diatribas inútiles, colocar a cientos de enchufados y detraer a la sanidad, educación, pensionistas y otros colectivos las partidas presupuestarias que necesitan, pues sí son ellos los que merecen dignidad y amparo por su trabajo bien realizado durante decenas de años.

Retomo la marcha y un poco más abajo, próxima ya mi incorporación a la GC-2, observo algunos taludes, aún sin intervenir. Es cuestión de tiempo..., y cemento. Visualmente disfruto de ellos. Conservan la regeneración natural de la zona, con niveles de humedad aceptables y la presencia en sus alrededores de suelos fértiles y vegetación diversa, propia de la franja botánica donde se encuentran, las vinagreras, verodes, bejeques, mato risco y otras plantas asociadas a este piso de vegetación, han comenzado a colonizar los taludes. Pero está visto que la estética molesta, la regeneración vegetal molesta, la vida natural molesta. Esta visto que para los amantes del cemento a ultranza, las imágenes de brotes verdes, de los esfuerzos titánicos de la naturaleza por germinar en pendientes imposibles, de minimizar el impacto producido por esa temible especie que es el ser humano, son repudiables.

¡Qué tristeza de paisaje! Alguien me dijo, ante mi desolación, a la altura de la Facultad de Veterinaria: -Caballero, esto que usted está viendo es impensable que suceda en Tenerife. Allí, aman la isla-. Tal certeza nada me alivió. Seguía pensando: ¡Cómo se puede destrozar un municipio! ¡Cómo podemos convertir los municipios limítrofes al tan masificado capitalino, en barrios dormitorios sin identidad alguna, continuidad de los barrios dormitorios que llenan la capital! Vega tras vega, el enorme valor del suelo agrícola, desaparece bajo infraestructuras viarias y proyectos urbanísticos. Y es que obras como éstas, can nula sensibilidad medioambiental, así lo determinan.

Es enormemente preocupante la impunidad de la que gozan técnicos y políticos, nuestros gestores públicos, pues la isla la están convirtiendo en una isla sin identidad, donde imperan las decisiones que emanan de círculos de poder, alejados y poderosos, que definen el modelo de isla que les conviene y determinan el uso y abuso que debe ejercerse sobre el territorio. De nada vale una propuesta más armoniosa con la capacidad de carga de la isla si lo que impera cada día son más carreteras, más proyectos urbanísticos, más camas turísticas, más barrancos intervenidos, más...
Y lo triste es que tragamos, todos tragamos, todos permitimos desaguisados que, una vez llevados a cabo tienen muy difícil o imposible solución.

Encendí el motor del coche. Respiré hondo. Observé por última vez el paisaje mancillado, cementado, anulada su vida, con ánimo de despedida. Desde ese preciso instante decidí que la zona carecía de interés alguno para mí. ¡Que tristeza sentir tan negativa sensación! Mientras abandonaba la zona, diversos operarios destrozaban con maquinaria pesada, sepultando posteriormente bajo tierra, los últimos vestigios de la flora que antaño llenaba este espacio de belleza y vida. Los cardones y tabaibas lloraban su savia blanca, los azaigos de risco, pegajosos, se adherían a la pala de la máquina en un intento inútil de permanecer en el lugar, los inciensos, arrancados de cuajo, devolvían el daño en forma de efluvios aromáticos que perfumaban los brazos metálicos del buldócer. Pero la máquina seguíoa impasible, por allí estaba trazado un nuevo vial.

Y me pregunté entonces, ¿Alguien, algún día, se ha planteado si la ejecución de esta obra era a todas luces vital para la comunicación de los ciudadanos insulares? No sólo no obtuve respuesta sino que, en mi periplo hacia el norte, varias máquinas excavadoras arrasaban la margen izquierda de la autovía del norte llevándose por delante suelos fértiles, tierras hasta hace unos meses estaban cubiertos de plataneras. La GC-2 camino de convertirse en vía rápida... ¿hacia dónde?

Un panorama sombrío es el que se cierne sobre la isla si la única propuesta de crecimiento se basa en incrementar hasta el infinito el número de nuevas infraestructuras viarias. Muy pronto una red de autovías permitirá circunvalar la isla a máxima velocidad ¿para qué? ¿Tal vez para llevar nuestra propia esquizofrenia hasta el último rincón de la isla? Es posible.

Pero regresemos a nuestro municipio para que el clamor y el enfado de los ciudadanos teldenses pueda concretarse en impactos claros, todos ilegales y a todas luces visibles.
La guerra abierta contra el paisaje no deja a nuestro municipio a un lado. Al contrario, según las zonas recorridas, alcanza su máxima expresión. La imagen que encabeza este artículo es un ejemplo claro de los cientos de imágenes que desfilan por las retinas de nuestros vecinos y visitantes al deambular por cualquier carretera del municipio, especialmente aquellas que discurren por zonas altamente antropizadas.

Siempre creí que las imágenes de escombreras ilegales, montículos de escombros ocultando un suelo rústico, escombreras de casas e industrias derruidas, cuyos restos permanecerán en ese mismo lugar eternamente, de residuos de construcción o de industrias relacionadas con ella, amontonados junto a sus instalaciones u ocupando barrancos colindantes, extendidos con total impunidad sobre suelo rústico porque nadie controla ni penaliza esa ilegalidad manifiesta, eran imágenes propias de una postguerra, de una destrucción por fuerza mayor: el extraordinario desbordamiento de un barranco, la terrible fuerza de un huracán, la labor devastadora de un tsunami... pero jamás creí que las causas de esos paisajes tan tristes, tan alterados, tan impactantes, que nada contribuyen a la imagen que nuestros paisajes deberían tener, primero para nosotros que los vivimos y luego para esa industria a la que hemos apostado el futuro: el turismo, fuera la negligencia de los seres humanos.

Mi asombro no tuvo límites cuando encontré la legislación que tal realidad permitía y constaté que no era así, que la legislación existente es clara y precisa. Que todo lo observado está fuera de la ley vigente, que es punible, que es denunciable. Fue entonces cuando comprendí lo que verdaderamente sucedía: la causa de tanto impacto ambiental estaba en la descomunal desidia de nuestras autoridades, en la asombrosa inacción, en una falta de respeto absoluta a la legislación existente. A tan flagrante abandono de responsabilidades públicas se une la irresponsabilidad de los propietarios de dichos terrenos, ya sean industriales, rústicos o urbanos, pues depositan o permiten el depósito de escombros y sus impactos.

La Ley del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias. Ley 4/2017 de 13 de julio BOC 138 recoge en sus artículos 37, 58 y 74, las obligaciones de los propietarios de suelo rústico, los usos posibles en suelo rústico, las licencias necesarias para cualquier actuación, y hace mención explícita de las prácticas prohibidas -la de cualquier tipo de vertidos es una de las más graves, tanto por la hipoteca del suelo y del paisaje como por los efectos asociados a los lixiviados y contaminantes del subsuelo y el acuífero-

Otra Ley, la de Armonización y Simplificación en materia de Protección del Territorio y de los recursos naturales, Ley 14/2014 de 26 de diciembre. BOE 32/2015 de 6 de febrero de 2015, hace hincapié en lo mismo: erradicación de vertidos y prohibición de generar nuevos, por razones de protección del suelo, del agua y del paisaje.

Para abundar en legislación específica y que tampoco se aplica en este supuesto: el depósito ilegal de escombros en suelo rústico e industrial, está el Plan General de Ordenación de Telde, que en su tomo cuarto: Normativa de la Ordenación Estructural, en la sección: Normas en suelo rústico, recoge la prohibición total de todo tipo de vertidos, además de hacer referencia al respeto a la protección paisajística. En su artículo 115 nos dice; "...no se permitirán obras o depósitos -el de los escombros es nuestro caso-, que desfiguren sensiblemente las perspectivas de los espacios abiertos terrestres…”

..."
¿Por qué no se actúa pues? Tres instituciones tienen competencias directas según la Ley antes señalada: Ayuntamiento, Cabildo y Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural. ¿Acaso no disponen de agentes suficientes? Si los hay en plantilla, porque es obvio que los hay ¿Por qué no actúan? ¿Esperan acaso a que toda la isla sea una escombrera?

Si fueran casos aislados podríamos pensar que mi celo es infundado, que es mi sensibilidad la que me lleva a ejercer una denuncia pública de tal índole, pero esa no es la realidad. La realidad es que si nos situamos a lo largo de toda la costa teldense y barremos, terreno tras terreno, todos los espacios libres -la mayoría con categoría de suelos rústicos-, son escasos aquellos donde no hay vertidos de escombros. Para hacer visible tal afirmación enumero unos cuantos y así podríamos seguir hasta cansarnos. Como es lógico, por lo tedioso que es, sólo referiré unos cuantos y ¡son tantos! Solo la zona de cumbres escapa a esta irresponsabilidad de los infractores y a la desidia institucional que no vigila lo suficiente ni impone multas ejemplares.

Desembocadura del barranco de Ojos de Garza, un enorme vertido, solares próximos a la GC-1 en la vía de acceso a Tufia, varias escombreras, barranco de Silva una escombrera, barranco de las Huesas y fincas rústicas colindantes con zona de Salinetas y Melenara, varias escombreras -una de ellas es la que aparece a la vista de todos en la foto que encabeza este artículo-, solares en la parte baja del polígono industrial de las Rubiesas, varias escombreras, suelo rústico por encima del vial costero de Telde, a la altura de Hoya del Pozuelo - La Garita, varias escombreras hasta Marpequeña, suelo rústico sobre acantilados de Malpaso, pequeñas escombreras y una enorme en la confluencia con el barranco Real, algún vertido de escombros en barranco Real de Telde y el barranco del Negro, en el suelo agrícola de la Cruz de Jerez, en Lomo Pollo y en los llanos del Goro hay varias escombreras sin control alguno, en el campo de volcanes de Lomo Magullo varios depósitos piuntuales de escombros, los mismo que en las inmediaciones de la sima de Jinámar y laderas de Caserones.

En la zona industrial de montaña Las Huesas, en la zona industrial de Salinetas y en la zona industrial de Cruz de la Gallina las empresas dedicadas a los materiales de construcción han generado un impacto ambiental brutal en los terrenos colindantes por vertidos continuos durante decenas de años con restos de bloques, pisos, azulejos, ladrillos, vertidos directos de hormigón, cementos, lixiviados de máquinas, líquidos aglomerantes…. ¿Quién realiza el seguimiento sobre el impacto medioambiental generado por estas empresas? ¿Qué departamento o institución pública tiene la responsabilidad del control ambiental de estas empresas? A estas preguntas nunca recibí respuesta. Será porque a todas luces se sabe que la legislación vigente no permite estos depósitos ni estos vertidos sin un tratamiento específico. Será porque todos saben que esos depósitos deberían llevarse para su gestión a los centros de tratamiento de escombros y materiales de construcción, como el que existe en Hoya Niebla - Jinámar.
Como queda demostrado, son muchos los puntos negros, mucho el territorio ocupado por vertidos de escombros y mucha la labor institucional por hacer.

Algunos son pequeños vertidos, apenas un par de camiones, otros son vertidos enormes cuyos depósitos son ya difíciles de erradicar y muy costosos. Pero no se trata de destinar una cantidad ingente de fondos públicos para llevar a cabo la retirada de los mismos, se trata de informar a sus dueños de que son responsables de tales vertidos, de que son ellos los que deben vigilar sus propiedades, los que no pueden permitir esos depósitos… se trata de poner en conocimiento de los propietarios el articulado de la legislación vigente -no olvidemos que el desconocimiento de la ley no exime de la culpa- y de las sanciones aplicables.

Del mismo modo, es ilegal que toda nueva infraestructura viaria o urbanización, deposite sin control alguno el material procedente de los movimientos de tierra y piedra -en muchas de ellas es necesario romper el sustrato rocoso-, en los terrenos circundantes, convirtiendo el paisaje en un antiestético paisaje degradado, lleno de pequeños y grandes montículos e hipotecando el futuro de dicho terreno rústico.

A lo largo de Telde observamos que esto es una práctica habitual, no ajustada para nada a las leyes vigentes y a la restauración obligada de los espacios alterados.
Ejemplos flagrantes: Los depósitos de materiales de este tipo y posteriormente de escombros, pues el terreno ya estaba degradado, de los solares comerciales o de suelo público que no han sido edificados en la zona comercial de la Mareta, los solares colindantes al colegio Príncipe de Asturias, con los depósitos en montículos de tierra y piedras de la primera intervención en la carretera que va del Cruce de Melenara a las playas de Melenara y Salinetas.

La vista gorda institucional y la falta de control es de tal dimensión que actualmente, llevándose a cabo la ampliación de esta vía, todo el material de piedras, rocas y tierras que se extraen para la ejecución de dicha ampliación, es depositado sobre los montículos anteriores de dichos solares y estoy por apostar lo que ustedes quieran que, una vez terminada la obra, no se llevará a cabo retirada alguna de dichos materiales y nadie se encargará de controlar la obligada restauración del paisaje primigenio. Tiempo al tiempo, una vez más constataremos como las leyes vigentes no sirven para nada cuando no se aplican. Así nos va.

Todos estos son claros ejemplos de nuestra realidad diaria. Adolecen las instituciones canarias, con competencias en vertidos y control del territorio, de planes de gestión y control. Si existieran realmente, la isla no estaría como está. Nadie programa, nadie vigila, nadie penaliza y tenemos la isla como la tenemos. Pero sí cobran todos ellos al finalizar el mes. Es el eterno problema que todos tenemos al estar exentos los representantes políticos de responsabilidad en su gestión. Y de nada me vale la tan manida como socorrida respuesta del edil de turno: -José Manuel, echa un ojo al resto de municipios-. De ser así, con más ahínco deberían iniciar la lucha por erradicar todas las escombreras, comenzando por las que se encuentran en su suelo municipal.

Poco me resta decir, si acaso, pedir una reflexión a todos los responsables que cobran holgados sueldos públicos sin la contraprestación exigible. ¿Llegará el momento en que la población harta de tanta indolencia, se canse e indigne? No lo sé, el grado de sumisión y pasotismo de la población es muy elevado. No es viable que aumenten las partidas presupuestarias para pagar gestores que no gestionan, políticos que no gobiernan al tiempo que aumentan paralelamente las listas del paro y las filas de los que buscan un plato de comida y no digamos ni hagamos nada. Ni es lógico, ni es ético. Llámenme utópico o soñador pero desde estas líneas pido a los responsables de la gestión pública que empiecen mañana mismo, que es lunes, cojan los coches oficiales que todos pagamos -aunque progres y alternativos algunos, aún espero el momento en que vea uno de ellos en bicicleta-, léanse las leyes que les acabo de nombrar, pues existen aunque nunca las hayan ojeado, recorran todos y cada uno de los puntos que les indico y asómbrense, si les queda alguna capacidad de asombro. Luego tomen medidas, envíen a sus policías municipales, a los guardias civiles del Seprona, a los agentes de medioambiente para que informen y levanten actas de cada irregularidad y cuando terminen, no vuelvan a sus despachos, comiencen con otro municipio. Tal vez así, al verlos en la calle, alguien se dé cuenta de que algunas veces, ustedes, también salen de los despachos.

Tal vez así, la guerra abierta que todos tenemos contra el paisaje, unos más que otros, goce de alguna esperanza de futuro.