Durante el último tercio del siglo XIX y las siguientes cuadro décadas del XX en todo el municipio de Ortigueira se llevaron a cabo muchas obras civiles. La razón de esta profusión de nuevas construcciones no fue otra que el gran contingente de remesas de dinero que durante todos aquellos enviaron sus vecinos emigrados en Hispanoamérica, principalmente, en Cuba, Argentina y Uruguay. Una capacidad económica que no solo repercutió en la construcción de nuevos edificios particulares sino también en la erección de edificios de servicios públicos. De todos ellos, sobre todo de estos últimos, vamos a hablar a continuación.
La cárcel
La desamortización de Mendizabal (1835) dio lugar a que el Estado se hiciera cargo de muchos edificios que hasta entonces habían pertenecido a la Iglesia. Una expropiación que trajo consigo la transferencia de muchos de ellos a los ayuntamientos. En el caso
de Ortigueira, este le confió la gestión del convento de Santo Domingo, una cesión que le permitió trasladar allí algunas de sus dependencias oficiales a partir de 1848. Entre ellas estuvieron su propia sede, su escuela primaria, la oficina de Hacienda y la cárcel del partido judicial, que hasta entonces había estado instalada en la antigua torre del castillo. Sin embargo, esta no permaneció demasiado tiempo en su nueva ubicación al comprobarse que esta no era idónea para albergar a los presos y detenidos. Esto hizo que sus usuarios acabaran recluidos en una casa situada en la misma plaza del ayuntamiento. A pesar de todo, su nuevo enclave tampoco logró convencer a la corporación, debido a que sus condiciones de conservación no eran buenas. La corporación tomó entonces la decisión de levantar un nuevo edificio con las características ajustadas a las necesidades de los reclusos, petición que elevó a la consideración del gobernador provincial.
La subasta de las obras del nuevo centro penitenciario se celebró en la sede del Gobierno Civil de A Coruña en octubre de 1850. Ese mismo mes, el gobernador les comunicó a los ayuntamientos del partido judicial de Ortigueira que tendrían que ingresaren la Caja de Depósitos de la capital 22.639 reales para dar comienzo a las obras, además de consignar en sus presupuestos de los años siguientes las cantidades necesarias para poder continuarlas.
Casi un año después, el 27 de septiembre de 1851, el Ayuntamiento de Ortigueira recibía una notificación del gobernador en la que le participaba que Andrés Soto había modificado el presupuesto del proyecto de la cárcel e introducido varias novedades en sus planos, fijando, finalmente, su presupuesto había quedado fijado en 909.740 reales (1). Unos días después, la autoridad provincial publicó una circular en la que informaba a todos los pueblos con una cárcel en su partido judicial que deberían sufragar sus gastos (2). Un requisito que, según queda recogido en algunas actas del Ayuntamiento de Ortigueira, muchos de ellos incumplían o, simplemente, obviaban (3), lo que llevaba al cabeza de partido a reclamarles continuamente sus cuotas. Ellos, por su parte, excusaban su falta de contribución a que no habían tenido a ningún vecino retenido o preso en la cárcel del partido.
Hacia finales de 1851, el ayuntamiento recibió una nueva notificación del gobernador en la que le anunciaba que el constructor que había sido elegido para asumir la construcción de la cárcel era Juan Caeiro. En el mismo escrito, también le indicaba al alcalde que debería ponerse en contacto con el arquitecto provincial, Faustino Domínguez, para informarle de cuando se inaugurarían las obras y que debería convocar al resto de los ayuntamientos del partido para acordar "el modo de atender el pago de los ochenta y nueve mil cien reales" (4) de su presupuesto. Pese a todas estas advertencias, durante la realización de las obras se produjeron algunos problemas debido a la mala comunicación entre las distintas partes, lo que supuso que, en ocasiones, surgieran retrasos a la hora de efectuar los pagos por la ausencia de partidas en los respectivos presupuestos municipales (5).
Las obras del nuevo establecimiento penitenciario concluyeron entre finales de 1855 y principios de 1856, momento en el que el arquitecto del Gobierno Civil pasó a inspeccionarlas. En su informe, Domínguez confirmó que estas habían sido terminadas según las especificaciones de su memoria (6). A partir de ese momento, le correspondió al juez de primera instancia la emisión del documento para la recepción provisional del edificio y para la autorización del traslado de los presos (7), operación que se llevó a cabo durante el segundo trimestre de ese mismo año.
Mercado municipal
Después del traslado de los penados a la nueva cárcel del partido, el alcalde decidió estudiarla situación en que se encontraba el edificio desocupado. Para ello nombró una comisión que estuvo presidida por el primer teniente de alcalde, José Baltar, y de la que
formaron parte el síndico segundo, Ramón María Villasuso, y los maestros carpinteros, José Castrillón y Ramón Martínez. Las perspectivas de mantener en pie el edificio no debieron ser demasiado halagüeñas (8), ya que unos meses más tarde, la corporación decidió derribarlo "por amenazar ruina y por otras razones de interés común" (9). Ante este escenario, la comisión recibió el encargo de que elaborar un proyecto para construir en su solar algún servicio público esencial para la población (10). La corporación acordó, finalmente, levantar en él un servicio calificaba "de absoluta necesidad" (11): un "mercado de frutas y otros frutos que concurran de las parroquias del Distrito" (12).
Pero al no contar ensu presupuesto con ninguna partida para derribar el antiguo edificio, resolvió introducir en el contrato de licitaciónuna cláusula en la que estipulaba que una parte de los materiales que se pudieran rescatar o recuperar, tales como "piedras, maderas y demás despojos" (14), serían vendidos para poder abonarle al contratista sus jornales, mientras que la otra sería utilizada para "construir la plaza y composición de las calles colindantes" (15). Un mes después, la corporación dejó constancia de que ya se había incorporado al presupuesto de 1857 una partida de 2.000 reales para levantar el tinglado que serviría para cubrir la nueva plaza de abastos (16). La marquesina contó con un tejado sostenido sobre un techo de madera, que estaba levantado sobre diez columnas de hierro forjado. La robustez de la obra ha permitido que, casi dos siglos después, esta siga hermoseando su entorno en su emplazamiento original.
NOTAS:
1. Sesión ordinaria de 5 de octubre de 1851.
2. Boletín Oficial de la Provincia de La Coruña, de 1 de octubre de 1851.
3. Sesión ordinaria de 5 de octubre de 1851.
4. Sesión ordinaria de 4 de noviembre de 1851.
5. Sesión ordinaria de 26 de junio de 1856.
6. El informe fue emitido el 24 de enero de 1856.
7. Sesión ordinaria de 14 de febrero de 1856.
8. La comisión entregó su informe el 15 de agosto de 1856.
9. Sesión ordinaria de 29 de noviembre de 1856.
10. Ídem.
11. Ídem.
12. Ídem.
13. Ídem.
14. Ídem.
15. Ídem.
16. Sesión ordinaria de 28 de diciembre de 1856.
