El Pazo situado en A Fervedoira, un ejemplo reciente de la maraña legal
que supone para un propietario luchar contra la ocupación. Foto: La Voz de Galicia
En Lugo estamos asistiendo con impotencia a una serie de ocupaciones ilegales de viviendas. La reciente sentencia que absuelve a algunos de los protagonistas nos da a todos una sensación de desamparo difícil de rebatir, y la legislación no parece que contemple medidas razonables visto lo visto.
No soy jurista, pero creo que las medidas legales contra el fenómeno de la ocupación son fáciles de implementar si existiera voluntad, que es donde creo que está el verdadero problema. Incluso para acabar con la picaresca más reciente, en que se hace pasar la intrusión en el domicilio por un alquiler legítimo con la táctica de buscar en el buzón un recibo que tenga el número de una cuenta bancaria e ingresar en ella un dinero simbólico como "alquiler".
Como saben los que lo han sufrido, el problema tiene dos facetas. Por un lado la ocupación pura y dura, la de "yo me planto aquí y a ver cómo me sacan" que es meramente una cuestión de orden público. Es incomprensible que a uno le entren en su propiedad por las bravas y la respuesta sea tan laxa como hoy día. La legalidad de la acción policial no parece muy difícil de acreditar.
Pero por otro está la de los falsos contratos de alquiler, que se refuerzan con esos ingresos en la cuenta del propietario legítimo de la vivienda. Ahí es donde hay un problema de más compleja solución porque lo que toca es ir al juzgado y demostrar que el contrato es falso y esto hace que el tema se dilate meses, que es justo lo que buscan los que entran ilegalmente en la vivienda.
La solución parece más que sencilla, con la aprobación de una normativa que diga que cualquier arrendamiento no es válido si no se depositan el contrato y la fianza en la administración competente (normalmente la cámara de la propiedad de la provincia). Además, esto ayudaría a que aflorasen unos cuantos contratos en negro por los que los propietarios no pagan impuestos, que nos conocemos.
Si esto fuera así propietarios e inquilinos por igual irían corriendo a registrar sus contratos para garantizarse una seguridad jurídica de la que hoy, lamentablemente, no gozan.
