Mucho ruido y pocas nueces

La más que lamentable actuación de las formaciones del arco parlamentario sólo han conducido, una vez más, a la más absurda polarización de la sociedad, evocando al ilustre Premio Príncipe de Asturias, el novelista Miguel Delibes, por un disputado voto que poco importa si es del señor Cayo o del diputado Casero.

Vaya por delante que no se trata de ponerse de un lado u otro sino del de todos, de modo que conviene recordar que el sufragio de un Diputado en Cortes no es una simple papeleta sino la voluntad soberana de los miles de votos de electores a quienes representa. Si existen unos fundamentos en democracia, son aquellos que atañen a la necesidad de los partidos como portavoces de las aspiraciones ciudadanas; la alternancia en el poder, que exhorta el riesgo de anquilosamiento y corrupción como consecuencia de la permanencia inalterada de un mismo gobierno y, por descontado, la posibilidad de aprobar leyes y unos presupuestos que permitan a todo Ejecutivo implementarlas.

De ahí que no se trata de divagar acerca de quien es bueno, malo, o dueño absoluto de la razón, como tampoco de montar una porra para determinar si el manido voto del diputadeo Casero fue legal, alegal o ilegal —que no es para nada lo mismo—, si realmente hubo fallo del sistema, negligencia, despiste, pucherazo o simple mala uva. Para eso están los tribunales, de quienes habrá que aguardar y respetar el oportuno fallo.

Pero lo deplorable del berrinche está muy alejado del resultado parlamentario. La verdadera enjundia, lo que la mayoría parece haber pasado por alto al margen de la forma, es el contenido, un texto legal cuya redacción deja clara la situación sumisa del país.

Para entenderlo es necesario remontarse a la anterior Reforma Laboral, aprobada por el gobierno del PP, presidido por Mariano Rajoy, con posterioridad a la Gran Recesión de 2008, durante la que la financiación del Estado estuvo a punto de fracasar ante el exorbitante coste del bono soberano, cuyo interés llegó a superar la barrera de los 600 puntos. Para evitar que una bancarrota española, semejante a la de Grecia, arrastrase a toda la economía de la UE, el Banco Central Europeo financió a España con la condición de que se aprobara, entre otras, una nueva norma que regulara la jubilación, y una reforma laboral con condiciones leoninas.

Criticadas entonces por el PSOE, cuando ahora le tocó el turno de redactarla junto a sus socios, a poco que se lea, lo primero que salta a la vista es que aquella ambiciosa ley que buscaba derogar la anterior, languidece por motivos análogos: acceder a los fondos de financiación europeos, comulgando con la misma rueda de molino.

Tal es así que, ante la misma tesitura que obligó en su día a Rajoy a establecer la norma, es ahora Pedro Sánchez quien se encuentra ante idénticas líneas rojas impuestas por Europa. De modo que la Reforma se ha quedado en una versión descafeinada de la del PP, pobremente enlucida con un barniz cutre que, a poco que se raspe con una uña, deja en evidencia el continuismo del actual Gobierno de España, dejando patente que, en lo que a Europa se refiere, donde hay patrón no manda marinero.

Lo aciago es que, tras la crisis de los partidos políticos que ha afectado a todo el orbe desde finales del pasado siglo, la actitud de acoso y derribo provoca la sensación de que sólo buscan el poder y beneficio propio en lugar del bien común, generando una desconfianza creciente de los electores que se declaran cada vez más apartidistas, poniendo en brete los fundamentos mismos de la democracia. Una última lectura resulta de analizar la más rabiosa actualidad: mientras los diputados no se aclaran con tres botones, los bancos quieren que los jubilados manejen los cajeros.