Precisiones

La presidenta de la Comunidad de Madrid ha sido galardonada con el Corazón de Piedra, una ofensiva distinción votada por algo más de la mayoría simple de simpatizantes y socios de la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, según sus palabras, por su infame gestión al impedir el traslado a hospitales de las personas residentes de los centros geriátricos, atribuyendo a esa omisión el fallecimiento de más de 6.000 residentes.

Resulta cuando menos curiosa la crítica del 52% de directivos de la citada asociación, porque lleva a pensar que o bien no leen las instrucciones que les envía el Gobierno Central o, lo que es más grave, rayan la falacia y la calumnia con un sesgo absolutamente politizado. Basta leer las directrices que el Ministerio de Sanidad envío a las Comunidades Autónomas y a los geriátricos de todo el país para saber que los miembros de la asociación faltan de la peor manera a la verdad.

No, la presidenta Ayuso se limitó a cumplir las órdenes que el Ministerio de Sanidad publicó en su Documento técnico Recomendaciones a residencias de mayores y centros sociosanitarios para el COVID-19 , versión de 5 de marzo de 2020, donde se daban instrucciones concisas en cuanto a cómo actuar ante la eventualidad de que un residente presentara Síndrome Respiratorio Agudo. Por más vueltas que se le dé, lo que se concluye es que a la eliminación selectiva de un segmento poblacional se resume en una sola palabra, genocidio, sobre todo cuando no deja de llamar la atención que el grueso de bajas se contabiliza en el censo de mayores. Para aquellos que alberguen dudas, le recomiendo hacerse con un ejemplar del citado documento que, como muchos otros a lo largo de la pandemia y las sucesivas declaraciones de Estado de Alerta, el Ejecutivo intentó infructuosamente hacer desaparecer, pese a estar en manos de muchas personas.

Conste que el título no es lo más curioso del documento, pero aclara muchas dudas que planearon sobre la mente de aquellos que con honestidad como asombro, lo leyeron. Y es que el texto no deja lugar a dudas. En el punto 2.2 Actuaciones ante contactos y casos de COVID-19 , la cita textual dice que “en el caso de que no lo hayan realizado con anterioridad las autoridades sanitarias, todo centro sociosanitario que detecte que un residente pueda haber sido contacto de un caso de COVID-19 indicará a esta persona que permanezca en el centro o residencia y se lo comunicará a los servicios de salud pública que valoren dicha identificación según el “Procedimiento de actuación frente a casos de infección por el nuevo Coronavirus (SARS- CoV-2)”.

La citada circular establece todas las medidas para los usuarios del alojamiento geriátrico, entre ellas y de manera muy clara, que si un residente fuera víctima del Covid19 debería ser encerrado en una habitación de la que bajo ningún concepto podría salir, de donde se infiere que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Díaz Ayuso, se limitó a cumplir con las directrices impuestas por el Ministerio de Sanidad, no pudiendo atribuírsele responsabilidad ante la negativa del Gobierno Central a ingresar a ancianos en los hospitales.

Lo primero en llamar la atención es la propia fecha, el 5 de Marzo de 2020, porque pone de manifiesto que el Gobierno de Pedro Sánchez tenía pleno conocimiento de lo que sucedía pese a sus reiteradas negaciones. No en vano, el agente causante de la pandemia de SARS no se denominó Covid20 sino Covid19. Pero lo espeluznante está en su contenido, y más en concreto en lo relativo a aquello de lo que acusan injustamente a Díaz Ayuso, ya que era el entonces ministro Salvador Isla el responsable de la orden.

El sistema democrático y actual ordenamiento jurídico eximen al cargo público de responsabilidad civil y penal por las decisiones tomadas durante su mandato, pero la ciudadanía tiene el derecho a exigir responsabilidades políticas, y es que en materia de obligaciones hay que mirar todo el bosque sin perder de vista el árbol. ¿El problema de ayuso? Que siendo una gran líder es mujer.