Reputación

Entre las garantías procesales en la jurisdicción penal, dentro del ámbito de los Derechos Humanos que contempla la ONU, se enmarca el artículo 24 de la Constitución Española, que establece de manera literal el derecho a obtener la tutela efectiva de los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, sin que, en ningún caso, pueda producirse indefensión. Asimismo, todos tienen derecho al Juez ordinario predeterminado por la ley, a la defensa y a la asistencia de letrado, a ser informados de la acusación formulada contra ellos, a un proceso público sin dilaciones indebidas y con todas las garantías, a utilizar los medios de prueba pertinentes para su defensa, a no declarar contra sí mismos, a no confesarse culpables y a la presunción de inocencia. Ese principio constitucional y garantista establece, sin lugar a otra opción, que todo ciudadano es inocente en tanto no se pruebe lo contrario, es decir, que no necesita demostrar su inocencia, ya que se le presume, siendo el aparato judicial quien debe demostrar su culpabilidad.

Sin embargo existe una desagradable tenencia por parte de los libre designados de lanzar acusaciones contra sus adversarios políticos, de suerte que, ajenos a la judicatura, imputan, juzgan y emiten sentencia; jalean a la ciudadanía en su contra al atribuirle todos los males del mundo, y envenenan al país sustentados por un sector imprudente de la prensa que, lejos de informar de manera veraz y con las oportunas reservas, respetando escrupulosamente la presunción de inocencia, se alían a ellos en su carrera difamatoria, alumbrando calumnias y libelos amarillistas.

Hasta tal extremo llegó la maledicencia, que en un anterior gobierno, siendo Presidente Rajoy, se vio en la necesidad de realizar por ley un cambio semántico, modificando el término imputado por el de investigado, a fin de evitar el oprobio que supone para un inocente ser públicamente acusado. En sintonía con la norma, desde la Magistratura se abogó por evitar detenciones públicas o esposar al investigado, con el fin de evitar cualquier daño a su honor en el caso de que posteriormente la acusación que sobre él pesase quedara sobreseída o fuera directamente declarado inocente, dado el daño irreparable y vitalicio que puede suponer una detención y acusación pública.

Tal es el caso de la vilipendiada ex Presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, a quien la Audiencia de Madrid absolvió del conocido como caso Máster. Pero, aun que haya sido exonerada penalmente, eso no ha evitado el escándalo, oprobio, y el fin de su carrera política.

Quebranto causado por el circo mediático relacionado con el caso en el que se vieron envueltos un rosario de cargos públicos -entre los que Sánchez tampoco se vio libre-, mientras los medios y la oposición se cebaban con ella. La fiscalía inició un proceso para instruir una investigación que dejó a la expresidenta madrileña en situación de mayor evidencia frente al país. No así otros salpicados, que disfrutaron del apoyo de sus respectivas formaciones políticas y compañeros de partido. La señora Cifuentes fue convertida en chivo expiatorio de todos, sin que se tomaran las oportunas medidas de amparo para proteger su honorabilidad e intimidad, posiblemente por ser una administradora y político eficiente, para fastidio de más de un mediocre avaricioso.

Resulta difícil cuantificar los daños sobrevenidos a tan incesante difamación: oportunidades laborales y de incremento patrimonial perdidas, amistades y relaciones familiares estragadas. Eso sin contar el sufrimiento de vivir señalada y bajo el peor castigo, la exclusión. Por supuesto hay a quien, no siendo la sentencia de su agrado, se permite el lujo de cuestionar a la Justicia, ésa que ahora debería actuar de oficio contra quienes lesaron su reputación, obligando a quienes echaron la lengua a pacer a compensarla por las pérdidas materiales y morales, entonando a diario el mea culpa en los medios de masas -incluyendo redes sociales-, al menos por un año. Porque si los pilares del derecho son la moral, equidad y justicia, deben ser los ciudadanos tan coherentes con sus derechos y los ajenos como los políticos responsables con sus actos, porque como dijo el escritor y cineasta Paul Auster, si la justicia existe tiene que ser para todos; nadie puede quedar excluido, de lo contrario ya no sería justicia.