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Sahara Occidental: una injusticia prolongada en el tiempo (3)

martes, 23 de noviembre de 2021
Parte III. Un futuro digno y sostenible

En cuanto al Sahara Occidental, quizás algún día la comunidad internacional se decida a apoyar de manera decidida la resolución de una situación de ocupación, inmisericorde e ilegal, y que tanto sufrimiento sigue causando a cientos de miles de personas y colaborar para que la solución adoptada legalmente propicie que el pueblo saharaui puede elegir libre y democráticamente su destino y este hecho se mantenga en el tiempo.

Porque de no hacerlo así, ¿a qué intereses respondería? De ser así no estaría poniendo, como especifican los objetivos de desarrollo sostenible, el foco en el desarrollo de las personas y en su dignidad.

No sé hasta qué punto es público y notorio que el Sahara Occidental es un territorio rico en minerales, tales como fosfatos (mina de Foss Boucraa), hierro, cobre, uranio, etc.; y en el monte submarino Tropic (que, en realidad, se trata de un volcán extinguido que tiene 120 millones de años) hay concentraciones elevadas de telurio, cobalto y tierras raras. Están, además, los caladeros de pesca (el Sahara Occidental tiene 1.200 kilómetros de costa) y los yacimientos de gas. Y una agricultura no menos rica (grandes extensiones dedicadas a la producción del tomate, etc.). O la arena que se extrae de las playas del Sahara Occidental con destino a las obras y construcciones españolas. Todas estas riquezas pertenecen al Sahara Occidental y los beneficios de sus acuerdos y ventas deberían revertir en dicho país y sus habitantes.

Por poner otro ejemplo de incumplimiento de la legalidad internacional en relación al Sahara Occidental por parte del Gobierno de Marruecos, el pasado viernes 24 de septiembre se firmó, a través de la Oficina Nacional de Hidrocarburos y Minas de Marruecos, un acuerdo (de ocho años de vigencia más una posible ampliación a dos años más) con la empresa Ratio Gibraltar, que es una filial de la compañía petrolera israelí Ratio Petroleum, para realizar la exploración de crudo y gas en el bloque oceánico denominado Dajla Atlantique, que abarca un área de 109.000 kilómetros cuadrados al sur de Canarias y del Sáhara Occidental.

Según este acuerdo, el Gobierno marroquí recibirá un 7% del petróleo que se encuentre a más de 200 metros bajo el agua cuando haya una producción superior a 500.000 toneladas; y un 3,5% del gas natural, para una producción superior a los 500.000 metros cúbicos. Esto además de significar un expolio para los recursos naturales del Sahara Occidental, puede suponer un elevado riesgo para los habitantes de las Islas Canarias.

En resumen y para dejarlo claro, el gobierno de Marruecos no puede, de acuerdo con los dictados del Tribunal de Justicia de la UE y la opinión legal de la Unión Africana, hacer uso de las riquezas que pertenecen al territorio del Sahara Occidental ni enriquecerse a costa de ellas (fosfatos, pesca y agricultura que le proporcionan unos 1.000 millones de euros anuales actualmente y el resultante posible de hidrocarburos, en un próximo futuro), puesto que pertenecen al pueblo saharaui.

Para repasar la legalidad internacional sobre este tema, tenemos, como ejemplo, la Resolución 1514 (XV) 14/12/1960 sobre la libre disposición de las propias riquezas por parte de los territorios no autónomos para sus propios fines y la Resolución 46/64 de 12/12/1991 que reafirma el derecho de los pueblos no autónomos a la libre determinación, independencia y disfrute de los recursos naturales que haya en sus territorios, así como la ilegalidad manifiesta de toda potencia ocupante que les prive de estos legítimos derechos.

Y más reciente aún, el 6 de diciembre de 1995, la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó la resolución 50/33, titulada "Actividades de intereses extranjeros, económicos y de otro tipo que impiden la aplicación de la Declaración sobre la concesión de la independencia a los países y pueblos coloniales en territorios bajo dominación colonial" y, entre otras cosas, habla de la explotación dañina y el saqueo de los recursos marinos y otros recursos naturales de territorios coloniales o no autónomos por intereses económicos extranjeros, en violación de las resoluciones pertinentes de Naciones Unidas, compromete la integridad y prosperidad de estos territorios".

Una buena noticia al respecto del cumplimiento de la legalidad internacional es que el Tribunal General de la Unión Europea ha fallado, el 29 de septiembre pasado, sobre la legalidad de los acuerdos de asociación y pesca entre la UE y Marruecos que incluyen el Sáhara Occidental (Decisión (UE) 2019/441 del Consejo, de 4 de marzo de 2019, sobre la celebración del acuerdo de asociación en el ámbito de la pesca sostenible entre la Unión Europea y el Reino de Marruecos), anulando dichos acuerdos, puesto que, en ningún momento se consultó de manera apropiada a la población saharaui para que diese su visto bueno.

La comunidad internacional, en resumen, debería reconocer los problemas éticos relacionados con la adquisición de materias primas y otros recursos extraídos del territorio ocupado del Sahara Occidental, y, por tanto, suministrarse de otras fuentes de suministro alternativas; también debería denunciar y a cesar cualquier actividad que apoye o mantenga la ocupación ilegal de Sahara Occidental por parte del gobierno de Marruecos.

Naciones Unidas debería, de una vez por todas, apoyar la hoja de ruta para que el pueblo saharaui se manifieste acerca de su futuro como estado independiente y ello en relación al censo que se hizo en 1975 y que contó alrededor de 74.000 saharauis. Posteriormente, dicho censo se actualizó, en diciembre de 1.999, a casi 90.000 saharauis con derecho a voto.

El último censo fue presentado en marzo de 2018, después de dos años de trabajo de una comisión de UNHCR y contó 173.600 saharauis refugiados en los campamentos de Tinduf. El informe, cuyo título fue "Los refugiados saharauis en Tindouf, Argelia: población total de los campos", se puso sobre la mesa del secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres y una comisión técnica se desplazó a Tinduf para evaluar y verificar el trabajo realizado y no encontró ninguna anomalía en la cifra presentada, esos 173.600 refugiados saharauis.

Desafortunadamente, y por circunstancias extrañas y poco claras, no se ha vuelto a oír hablar de ese recuento, que sería esencial en caso de un Referéndum. En consecuencia, los donantes, sean particulares, sean las agencias de Naciones Unidas o sean las diferentes embajadas, se han visto obligadas a volver a guiarse por la cifra de referencia de 90.000 refugiados.

La cifra del censo oficial no sólo es importante a la hora de un Referéndum, sino también para los donantes. Lógicamente, las donaciones no son las mismas para una población de 173.600 personas que para 90.000 personas, con lo que las diferentes donaciones no llegan a alcanzar el 50% de las necesidades de los refugiados saharauis. Es por ello, que la comida no llega para todos y es causa de desnutrición entre la población saharaui.

La base legal para el Referéndum existe desde que la Asamblea General de Naciones Unidas, estableció, entre otras muchas resoluciones, la antes mencionada Resolución 1514 (XV) de 14 de diciembre de 1960, con la Declaración sobre la concesión de la independencia a los países y pueblos coloniales; también mediante la Resolución 2354 (XXII), de 19 de diciembre de 1967, en donde se reafirma el derecho inalienable del pueblo del Sahara Español a la libre determinación y a través de la Resolución 43/33, de 22 de noviembre de 1988, en que, una vez más, se reafirmó el derecho del pueblo saharaui a la autodeterminación y a la independencia.

Ha habido a lo largo de los años, por supuesto, muchas Resoluciones más en estos sentidos por lo que solo queda, ponerse en marcha y llevarlas a cabo a través de referéndum de autodeterminación solicitado por la ONU y que, por ello fue creada, en 1991, la Misión de Naciones Unidas para el Referéndum en el Sahara Occidental (MINURSO) mediante la Resolución 691 del Consejo de Seguridad. Precisamente, el pasado 29 de octubre el Consejo de Seguridad aprobó la resolución 2602 (2021) acerca de la renovación del mandato de la Misión de las Naciones Unidas para el Referéndum del Sáhara Occidental (MINURSO) por un año, es decir, hasta el 31 de octubre de 2022. Añadido a esto, el 1 de noviembre comenzará la misión del nuevo enviado personal del Secretario General de la ONU para el Sáhara Occidental, Sr. Staffan de Mistura. Lo que sería deseable es que este nuevo enviado, Sr. de Mistura, sea capaz de hallar una forma de resolución del conflicto de una vez por todas. Y hablamos de resolver el conflicto "de facto", no de limitarse a gestionarlo, que es lo que la MINURSO lleva haciendo 30 años con nulos resultados para la población saharaui.

En esta resolución no se ha hecho mención a la situación de guerra "de facto" que se está produciendo en el Territorio desde el 13 de noviembre de 2020 como resultado de la grave violación por parte de la Potencia Ocupante, Marruecos, del alto el fuego de 1991. Desde la creación de la MINURSO han pasado ya treinta años y no ha habido resultados palpables hasta la fecha, en el sentido de ayudar al pueblo saharaui a tener unas elecciones libres en las que decidir su futuro, con lo cual, yo me pregunto: realmente ¿para qué ha servido? ¿cuáles han sido los logros y beneficios obtenidos por la comunidad saharaui en estos treinta años?. Porque lo que está claro es que el objetivo por el que se creó la MINURSO a estas alturas (¡treinta años después...!, repito) no se ha cumplido...

Se habla muchas veces de "responsabilidades históricas" para hacer las cosas, llevar a cabo proyectos, etc... pues bien, ahora tenemos esta "oportunidad histórica" de solucionar esta situación en nuestras manos.

Pero no sólo es responsabilidad de España, ya que es necesario comentar que los miembros permanentes del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas son USA, Francia, Rusia, Reino Unido y China. Y dentro de ese grupo de miembros permanentes del Consejo de Seguridad, hay algunos países que hasta ahora han apoyado los falsos e ilegales posicionamientos del gobierno de Marruecos acerca de su soberanía del Sahara Occidental. ¿Seguirían haciendo lo mismo si se tratase de su gente? ¿Qué intereses les impiden hacer lo correcto?.

Me gustaría pensar que las ideas de "la tierra de la libertad" o de "libertad, igualdad, fraternidad" un día serán válidas en todos los países y ahora, en concreto, para el pueblo saharaui. Mientras tanto ¿han perdido algunos de estos países su sensibilidad y su corazón... o su sentido común y su dignidad a la hora de ayudar al prójimo?
Estos países del Consejo de Seguridad tienen en sus manos (igual que nuestro país) una oportunidad para contribuir de manera decisiva a la libertad, la paz y el desarrollo del pueblo saharaui, apoyando el Referéndum (resolución 690/1991) que permita a los saharauis expresarse libre y voluntariamente sobre su futuro.

Y por la parte que nos toca y volviendo a centrarnos en España que, además, siendo la Potencia Administradora del Sahara Occidental, no puede permitirse ser recordada ante la Historia ni ante su población como el país insolidario e irresponsable que miró hacia otro lado y dejó abandonado al pueblo saharaui... porque, además, el pueblo español (las buenas personas que forman este maravilloso país) no ha hecho otra cosa que ayudar y solidarizarse con el pueblo saharaui desde los comienzos del conflicto. Pero es necesario que el Gobierno de España tenga la decisión de dar los pasos firmes correctos, de acuerdo con el Derecho Internacional y las Resoluciones de Naciones Unidas y el apoyo de la comunidad internacional y los esfuerzos de la MINURSO para llevar a cabo el referéndum de autodeterminación.

El pueblo español ha demostrado en infinidad de ocasiones, a lo largo de su historia, que cuando se centra en aquello que le une y trabaja conjuntamente y con un objetivo claro, es capaz de alcanzar todo lo que se proponga. Demostremos una vez más que "España es diferente", también cuando ayudamos a los demás y que tenemos la soberanía, la decisión y el coraje de cumplir con nuestras responsabilidades y de ayudar a este pueblo saharaui a decidir de manera autónoma su destino, vivir en la tierra que le pertenece y a trabajar libremente por su futuro y así contribuir activamente a crear un clima de paz y seguridad en la orilla sur del Mar Mediterráneo y el Sahel.

Fernando Novo Lens es Presidente de la Asociación Cultural Hispano-Argelina "Miguel de Cervantes". Experto en Gestión del agua, Sostenibilidad y Economía Circular.
Novo Lens, Fernando
Novo Lens, Fernando


Las opiniones expresadas en este documento son de exclusiva responsabilidad de los autores y no reflejan, necesariamente, los puntos de vista de la empresa editora


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