Memoria democrática

Al margen de lo absurdo que resulta pretender legislar la memoria, considerando que a efectos prácticos sólo obedece a leyes biológicas, conviene recordar a los artífices del proyecto parlamentario sobre la Memoria Democrática, el cúmulo monumental de burrajo que se les viene encima porque, si haber nacido alrededor del fin de la dictadura los excluye de empirismos históricos, no menos cierto es que el tiempo va dejando un reguero de acontecimientos recogidos en los anales de la democracia que, al parecer, sus señorías desconocen.

Esto, por supuesto, no impide que en la retina quede fijada la imagen reciente de hechos como la defensa a ultranza de Ada Colau como activista social desde la Plataforma de afectados por la hipoteca o análogas como Stop desahucios, oponiéndose a las fuerzas del orden público para apoyar a familias en riesgo de perder su vivienda, al papel polarizado de enviar a la policía local a desalojar a otras familias por idéntico motivo, una vez en el ejercicio de alcaldesa de la Ciudad Condal.

Nada alejado de Pablo Iglesias cuando se rasgaba las vestiduras reclamando a voz en grito el fin de los privilegios para la clase política, como el vergonzoso caso de Maxim Huerta quien, tras apenas una semana en la cartera de Cultura luego de dimitir por delito fiscal, conserva el derecho a percibir la pensión máxima de jubilación por el simple hecho de haber prestado juramento como ministro, prebenda a la que el propio Iglesias tampoco renunció. En el mismo hilo su amigo Echenique quien, tras llenar la boca durante la campaña preelectoral con los derechos de los asistentes domésticos, consiguió la nada honrosa sentencia en firme del Tribunal Supremo por pasárselos él por el arco del triunfo, sin por ello dimitir ni dejar de arengar con el ejecución en la guillotina del Rey Emérito, pisoteando su derecho constitucional a la presunción de inocencia.

No obstante esa memoria circula siempre en dos direcciones. Así, la evidencia de que el mejor embajador nacional ha sido precisamente don Juan Carlos, presidiendo en distintas ocasiones legaciones empresariales que tanto beneficio han generado a España en forma de creación de empleo, riqueza circular e impuestos. Viajes siempre realizados con el consentimiento y aprobación del Gobierno, además de la tutela del Servicio de Inteligencia, y nunca financiados con recursos públicos sino por los empresarios interesados.

Dicho esto, considerando que el Emérito no puede hacer manifestaciones públicas sin el consentimiento del Ejecutivo, ni siquiera para defenderse de acusaciones que lo han empujado por segunda vez en su vida al exilio, cabe recordar que la poseedora de la fortuna imputada al ex rey siempre ha sido Corinna Larsen -la falsa princesa zu Sayn-Wittgenstein-. Bastaría preguntarse por qué para expatriarse a Emiratos, don Juan Carlos tuvo que pedirle ayuda económica a su pariente el Conde de Orleáns. Por descontado en esa narrativa está presente el ataque permanente al Rey Emérito como maniobra de acoso y derribo a Felipe VI, sin que venga a cuento simpatizar con una monarquía o una república ya que, ambas fórmulas tienen un Jefe de Estado al que hay que mantener.

Pero si hay una realidad que permanecerá por siempre en la crónica de España es que, después de tres años de Guerra Civil más treinta y siete de autarquía, a lo largo de los casi cuarenta años posteriores a la muerte del general Franco, don Juan Carlos fue capaz de unir a todos los españoles, incluso hasta para criticarlo por su aventura en Botswana, frente a Pablo Iglesias, cuyo único mérito ha sido enfrentarlos, sembrando sin remordimiento sus detritos a manos llenas, olvidando que la Historia, lo mismo que la memoria, sólo tiene una forma de apreciarse, desde la objetividad, neutralidad e independencia. Por eso, porque los españoles no se chupan el dedo -ni siquiera los que son independentistas catalanes-, Pedro y Pablo se han ido quedando tan solos, que Sánchez ha tenido que recurrir a Zp y a Felipe González para evitar el batacazo que se le avecina.