El estado: Empresa Pública

El Estado es la infraestructura institucional de una nación, de un pueblo. En democracia, el Estado está constituido por tres poderes independientes entre sí: legislativo, ejecutivo y judicial. Si existen injerencias entre los mismos que afecten a su independencia la democracia se resiente y puede perder estabilidad.

El Estado, además de una institución oficial, es la principal empresa pública del País. El número de empleados públicos de las distintas administraciones: central, autonómícas, provinciales y locales asciende a 2.6 millones. Entre parados, pensionistas y funcionarios, cerca de 16 millones de personas "viven" del Estado. La elevada factura pública que supone el sostenimiento de dicha carga económica se sufraga a través de los impuestos: directos (IRPF, Sociedades), indirectos (IVA) y circunstanciales (patrimonio, sucesiones y otros). ¡Hacienda somos todos!, y todos contribuimos al sostenimiento del Estado por medio de dichos impuestos, como accionistas forzosos e ineludibles en el sostenimiento de los servicios públicos básicos: educación, sanidad, seguridad, justicia, asistencia social, infraestructuras, etc., que deben garantizar el desarrollo social y la normal convivencia ciudadana.

No obstante, la presión fiscal no debe convertirse en "prisión fiscal". Los impuestos, que deben ser justos y no confiscatorios, no constituyen un regalo que hacen los contribuyentes al Estado, son una obligación legal y un deber cívico del ciudadano, que en su doble condición de contribuyente y accionista, no de súbdito, tiene derecho a exigir que los administradores y gestores de la empresa pública, que es el Estado, cumpla sus objetivos y distribuya equitativamente entre los ciudadanos-accionistas los beneficios, en formato de servicios públicos, derivados de su gestión.

Los gestores públicos deben actuar con criterio empresarial repercutiendo en la ciudadanía los beneficios que debe proporcionar el llamado Estado de bienestar, no el bienestar del Estado, que como empresa pública, a imitación de la empresa privada, debe cumplir sus objetivos públicos y sociales.

La deuda pública supera los 122.000 millones de euros. No hace falta ser un master en economía para saber que si gastas más de lo que ingresas estás condenado a la ruina, estamos ante una elemental dicotomía: subir ingresos, a través de los impuestos o reducir gastos.

En una democracia consolidada la ciudadanía forma parte de la Junta General de accionistas del Estado, como empresa pública, cuyos gestores, por medio del voto, han sido elegidos por los ciudadanos, eventuales responsables de su actuación, lo cual les otorga el derecho y el deber de controlar y demandar el cumplimiento de los objetivos y promesas que los llevaron a la gestión pública de la Nación.

No obstante, el ciudadano votante rara vez se siente responsable de la ineficiencia de los políticos en los que ha depositado su confianza y existe una especie de amnesia o inhibición social ante la ineficacia de los mismos.

La razón de Estado no se ha de oponer al estado de la razón. ¿Quién controla al controlador?