La presunción de inocencia, tan mal sostenida en este país, ha dado otra lección a quienes querían condenar preventivamente a Orozco y Besteiro sobre el caso del Garañón.
En este modesto blog he indicado hasta la saciedad que una persona juzgada por cualquier delito es inocente hasta que recaiga una sentencia, salvo que ella misma confiese los delitos, claro está (como en el caso de Liñares). Cuanto más doloroso sea el delito, cuanto más graves sean las consecuencias, cuanto más escandalosos sean los hechos, más cuidado hemos de tener en no prejuzgar a las personas que no son culpables hasta que se demuestre lo contrario.
Besteiro me cae muy bien. No lo trato demasiado pero su amabilidad, su simpatía y su cortesía hacen mucho para que sea fácil tener una opinión favorable sobre él. No es el caso de Orozco, al que personalmente no tengo en gran estima (lo cual es recríproco, como suele pasar en estos casos) porque lleva mal las críticas y no me caracterizo por ser de los que dan jabón a los que mandan. Pero eso es otro tema
Ambos son inocentes, como lo fueron siempre. La sentencia no cambia nada porque no hay nada que cambiar, salvo las mentalidades inquisitorias de muchas personas que confunden acusaciones con sentencias. No lo son.
¿Esto implica que hicieran todo bien? Por supuesto que no. Lo del Garañón ha sido un disparate desde el primer momento. Nos han mentido reiteradamente, y particularmente el exalcalde Orozco, con su manía en insistir en que no tenía más remedio que conceder la licencia porque el Plan General daba una edificabilidad, nos toma el pelo. El ejemplo es la llamada caseta de telefónica, ese pequeño edificio entre las torres y el Sanatorio Portela, que estaba exactamente en la misma situación en el Plan General que la parcela de las torres pero a los que denegaron la licencia. Si el Plan General fuera tan concreto y no dejara margen alguno, habría otra torre (u otro esqueleto) en esa parcela pero no, ahí les denegaron licencia así que menos cuentos.
Tampoco ayuda que se firmase un convenio el día 31 de diciembre de 2005, un sábado, festivo, con el ayuntamiento cerrado, y unas horas antes de que entrase en vigor la nueva ley del suelo que habría reducido la edificabilidad de la parcela en un alto porcentaje.
Esto se ha hecho mal desde el principio. Las torres no eran ni la única ni la mejor solución para la parcela, como demostró hasta la saciedad Jaime Castiñeira, que propuso varias veces una distribución aterrazada de la edificabilidad que habría reducido (o incluso anulado si se hiciera bien) el impacto visual del mamotreto. Pero claro, es más rentable tirar para arriba y eso es lo que se le consintió, avaló e incluso garantizó por escrito al constructor.
¿Gestionar tan mal un tema es delito? No, es simplemente una cafrada. Una más de las múltiples de los mandatos de Orozco, que dejó a su sucesora una herencia tan envenenada que en ocasiones da la impresión de que ésta ha decidido tirar la toalla, abandonar Lugo a su suerte y centrarse en crear otra ciudad junto a la vieja para poder empezar de cero, aunque sea en un barrio eco-ilógico que ni necesitamos ni nos conviene.
Para los implicados es una buenísima noticia, y me alegro por ellos (sí, incluso por Orozco, porque precisamente por nuestra antipatía creo que es más importante todavía recalcar su inocencia como siempre hice y el calvario que ha debido pasar no se lo deseo a ningún inocente), aunque lo lamento por Lugo. No, no es contradictorio. Si no hay ilícito penal la anulación de la licencia supone una ruina económica para la ciudad, porque ahora habrá que compensar al constructor, otra persona que ha visto cómo su situación se ha venido abajo y que está en bancarrota, en gran parte por este proceso.
Como ciudad tendremos que valorar ahora nuestro futuro, quién nos ha traído hasta aquí (recuerden el caso de la caseta de Telefónica para que no les tomen el pelo) y qué opciones tenemos, aunque lamentablemente ninguna es deseable gracias a los acuerdos firmados por el gobierno del señor Orozco.
