Pazo de Meirás

Una juez de La Coruña ha dictado una prolija sentencia, en la cual determina que el inmueble situado en el municipio de Sada-A Coruña, conocido como Pazo o Torres de Meirás no pertenece a los herederos de Franco sino al Estado Español, ya que no se puede catalogar como una herencia personal del Caudillo, por lo cual a su fallecimiento pasa a ser de titularidad del Estado, ya que como tal ha venido funcionando a lo largo de la dictadura. Dicha sentencia como es lógico y legal puede ser recurrida por los herederos de Franco ante las instancias judiciales competentes.

Más no es propósito de este sucinto relato entrar en consideraciones jurídicas o éticas sobre tan trascendente y sensible tema, sino recoger y comentar algunas manifestaciones y reacciones públicas y publicadas sobre el mismo.

Iniciamos dicho propósito, con una inmediata y terminante declaración de la Ministra Portavoz del Gobierno María Jesús Montero que manifestó “me congratulo con la sentencia, pues me parece de justicia”. Parece evidente que una sentencia judicial es un acto de justicia. Felicitamos efusivamente a la Sra. Ministra / por su opinión tan objetiva y certera, / que no está al alcance de cualquiera, / incluso el Ministro de Justicia / podría opinar de igual manera.

En Galicia, obviamente más sensibilizada con el tema, el señor Feijóo, Presidente de la Xunta manifestó que “O Pazo de Meirás xa e patrimonio de todos”, opinión compartida por los ayuntamientos de A Coruña y Sada, y la Diputación Provincial, que se congratularon de tan esperada y primordial noticia. Mas “incisivo” fue el Delegado del Gobierno en Galicia, Sr. Losada, que manifestó con respecto al hecho que “la situación democrática en España es mejor después de esta sentencia”. Genial Sr. Delegado. Hasta la Agencia Estatal de Meteorología corrobora su manifiesto, ya que tras haberse divulgado la sentencia, un vendaval democrático procedente del Noroeste, invadió la Península para tranquilidad y sosiego de la ciudadanía. A la vista de los hechos habrá que revisar a fondo los pilares sobre los que se asienta nuestra frágil Democracia para que no se vea afectada por hechos tan relevantes para su pervivencia. Paralelamente, en las redes sociales se hace referencia al suceso como una derivación más de la memoria histórica, o la expulsión de los “okupas”de una propiedad pública en estado de semiabandono.

Pero sin duda, a criterio del que suscribe, la declaración más pragmática y solvente la realizó Xulia Santiso, conservadora de la Casa-Museo de Emilia Pardo Bazán que resalta que “devolver el esplendor y sentido original al Pazo es una deuda con la autora.”
En cualquier caso, en un país democrático, la Justicia tiene la última palabra.