Emergencia habitacional

Una nueva oportunidad se abre para que las diferentes organizaciones políticas, con representación parlamentaria, para que asuman los retos en materia de política social de cara al desarrollo del Estado Social que establece la propia Constitución española.

La pobreza energética, la pobreza infantil, la renta básica, las pensiones no contributivas, el incremento del salario mínimo interprofesional, la modificación de la Ley de la 2ª oportunidad, la violencia de género, la igualdad real, las políticas activas en relación a la dotación de más viviendas sociales así como el conseguir que no quede ni una sola familia desprotegida, sin trabajo y sin ningún tipo de cobertura, son algunos de los asuntos pendientes.

Quería detenerme en esas familias con mínimos ingresos o sin ellos que deben, en primer lugar, comer y subsistir y que la profunda y continuada crisis no les permite con ingresos mínimos pagar precios de mercado libre para disponer de una vivienda, lo que lleva a muchas familias a ocupar viviendas, a estar inmersas en procesos judiciales, a desahucios, a angustia permanente, a suicidios…, con tal de no vivir en la calle. A estas familias no se les puede seguir dejando al margen de la sociedad y los poderes públicos ya no pueden seguir mirando para otro lado ni vendiendo humo por más tiempo.

Hace años que en España vivimos un estado de emergencia habitacional por culpa de no haber considerado la vivienda como un bien esencial y básico, no como un bien de mercado, como así se hizo. Actualmente, en nuestro país, el problema sigue siendo en que no hay una política de vivienda que encare, de forma decidida, las demandas de la población y siguen las carencias de viviendas públicas para ser ofertadas en régimen de alquiler social a las familias más necesitadas. Mientras los bancos, financieras y fondos buitre acaparan un importante número de viviendas que no pueden vender ni quieren poner en régimen de alquiler y que al retenerlas les permite mantener los precios de venta y alquiler inamovibles e inaccesibles para una gran pare de la población.

Hay que lamentar que no exista a nivel europeo un marco normativo uniforme y coherente en materia de vivienda y así nos encontramos con que en algunos estados, como los Países Bajos, Dinamarca la República Checa, Austria y el Reino Unido, la vivienda social de alquiler tiene una fuerte presencia con porcentajes superiores al 20% del parque total de viviendas. No obstante, en otros países, entre ellos España, la vivienda social de alquiler es residual de menos de un 5% y paradójicamente con más de tres millones de viviendas vacías.

Es evidente de que las prioridades en materia de vivienda social han sido diferentes, pues algunos países han dirigido su política de vivienda a la atención de los colectivos más desfavorecidos únicamente, mientras otros se plantearon como objetivo atender las necesidades de la vivienda de toda la población. Los Países Bajos, Suecia y el Reino Unido se caracterizan por una intervención estatal que les ha llevado a que cuenten con los sectores de viviendas sociales de alquiler más extensos de la Unión Europea, mientras que Portugal, España y Grecia tienen unos sectores mínimos de viviendas sociales. Pues a trabajar para garantizar, en la práctica, el derecho a una vivienda digna.