Objetivos de un programa de gobierno

Hay al menos tres objetivos principales desde un punto de vista económico y social que deberían ser tenidos en cuenta por los partidos políticos a la hora de establecer un programa de gobierno, objetivos que se corresponden con derechos y deberes fundamentales recogidos en el TITULO I de la Constitución Española:

1) DERECHO AL TRABAJO Y A UNA REMUNERACION SUFICIENTE (Artículo 35 de la Constitución): Lo que verdaderamente crea riqueza es el trabajo. Habrá que mejorar las condiciones de los trabajadores, que han salido perjudicados por la reforma laboral, para que cualquier trabajador, trabajando ocho horas diarias, gane lo suficiente para sufragar las necesidades básicas. Aparte de la reciente subida del salario mínimo interprofesional a 900 euros, también se deberá controlar el cumplimiento de la jornada laboral de ocho horas y que no haya nadie trabajando sin contrato o trabajando más horas de las que figuran en el contrato (economía sumergida), porque ello conlleva no tributar IRPF ni a la Seguridad Social. Para ello habrá que potenciar la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.

2) DERECHO A DISFRUTAR DE UNA VIVIENDA DIGNA Y ADECUADA (Artículo 47 de la Constitución): El encarecimiento del precio de la vivienda en las grandes ciudades a causa de la especulación del suelo, de la burbuja inmobiliaria (que empezó a partir de la Ley del Suelo de 1998) y de la llegada de los fondos buitre, es uno de los principales problemas que tienen los ciudadanos y que los sucesivos gobiernos no han sido capaces de solucionar. Hay que combatir la especulación del suelo y crear, si es preciso, un Ministerio de Vivienda para coordinar la construcción de viviendas de protección oficial (VPO) de promoción pública en suelo público para alquiler o venta a precios asequibles, y gravar las viviendas vacías que estén en poder de los bancos como consecuencia de desahucios.

3) CONTRIBUCION DE TODOS AL SOSTENIMIENTO DE LOS GASTOS PUBLICOS MEDIANTE UN SISTEMA TRIBUTARIO JUSTO (Artículo 31 de la Constitución): Hay que combatir el fraude fiscal, que supone miles de millones de euros al año, y los paraísos fiscales, reducir las desgravaciones en el impuesto de sociedades para que las grandes empresas y bancos paguen el mismo porcentaje en dicho impuesto que las pymes, controlar la economía sumergida, revisar la tributación de las rentas altas, las grandes fortunas y las SICAV, y poner impuestos a las transacciones financieras y a las tecnológicas. También habría que rebajar o suprimir el IRPF a los pensionistas. Para todo ello habrá que potenciar la Inspección de Hacienda.

Si el trabajo está bien remunerado y la vivienda es un bien asequible, al trabajador le quedará dinero para adquirir otros productos, lo cual sería muy beneficioso para la economía del país. Por otra parte, si el sistema tributario es justo, es decir, si no hay fraude fiscal, si las grandes empresas tributan como las pymes y no hay trabajadores sin contrato (economía sumergida), el Estado tendrá suficiente dinero para las pensiones, el subsidio de desempleo, la sanidad, la educación, las obras públicas... Por lo tanto, el cumplimiento de los tres objetivos citados permitiría consolidar el Estado del Bienestar y justificaría toda una legislatura.

En definitiva, a la hora de gobernar, el Gobierno deberá anteponer los intereses de los ciudadanos a los intereses de las multinacionales y de los mercados financieros y preocuparse sobre todo del trabajo, de los trabajadores y del bienestar de los ciudadanos, es decir, de la España del trabajo y del bienestar. El progreso, el trabajo y el crecimiento económico deberán ir encaminados a la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos y no solo al enriquecimiento de unos pocos.