Leo con alegría que el nuevo equipo del Ayuntamiento de Madrid ha cerrado la Oficina de Derechos Humanos y Memoria Histórica por considerarla sectaria. Me parece un acierto porque los derechos humanos no son un arma arrojadiza contra la derecha ni un baluarte para defensa de los violadores de las leyes. Podemos saca a relucir los derechos humanos para legitimar sus campañas a favor de los abusos que cometen los huelguistas violentos, y de las mujeres disquicidas que desean desembarazarse de sus
maridos o parejas.
La llamada Memoria Histórica consiste en tratar de reescribir la historia a favor de quienes perdieron la guerra. Revivir el franquismo mostrando su lado más tenebroso y ocultando las fechorías que los republicanos perpetraron. Es la Venganza histórica contra la reconciliación que representó la Transición Democrática.
Defender a las minorías no implica desatender los derechos de la mayoría, es necesario un equilibrio que garantice los derechos individuales con los colectivos, que los armonice. Creer que cargando contra el machismo se solucionan los problemas de hombres y mujeres es de un simplismo de aurora boreal. Equiparar a los machistas con los sicopatas es un algo absurdo.
Fomentar la liberación de la mujer hasta fomentar la destrucción de la familia va contra las reglas no sólo de la moral sino del sentido común.
Apoyar las preferencias sexuales no tiene que convertirse en una escuela para la diversidad sexual. No puede ser "prueba y compara".
Edurne Eduarte en su último libro postula que las mujeres de derechas pueden ser feministas. La defensa del aborto y del amor libre no tienen que ser incompatibles con la. Defensa de la familia y la protección de los hijos. Quien aborta hace de su capa un sayo, sanciona los derechos de la mujer frente al interés de la especie.
Progresismo no es ir contra una política sana de natalidad ni fomentar el divorcio hasta la esquizofrenia. Progresismo es fomentar el equlibrio de género y no negarlo.
Los derechos religiosos de fomento de libre ejercicio de su fe no deben caer bajo el hacha del laicismo radical, que fomenta el ateísmo y el odio y defiende bajo el pretexto de la libertad de conciencia el ataque contra las creencias de miles de personas.
La Constitución y el Código Penal son normas fruto del juego democrático de los ciudadanos y su respeto y obediencia son de obligado cumplimiento. Ahí reside la aplicación práctica de los derechos humanos.
Centremos los derechos humanos y no aceptemos que se invoquen para contravenir las leyes y nuestras tradiciones.
Joaquín Antuña - joaquinant@hotmail.com
