Carmen Calvo tiene razón, sí o sí.

Ante los recientes y desgarradores casos de dos madres secuestradoras y huidas con sus hijos, un niño y una niña, para separarlos de sus padres a los que acusaban falsamente de abusos sexuales, hay que exigirle a Carmen Calvo, la vicepresidenta del Gobierno, que justifique su propia exigencia de rechazar los testimonios de los hombres porque “toda mujer tiene razón, sí o sí”.

Calvo tiene un enorme poder intimidatorio, ejecutivo y legislativo. Le impone a los diputados del partido gobernante unas ideas extremistas con las que le demuestra a Pedro Sánchez que ella es más progresista que nadie, y que quien se le oponga es un reaccionario.

Los diputados del PSOE, aunque estén en contra de esas ideas sectarias y sin matices, tienen que eliminar nuevamente, como con Zapatero, dos principios del derecho: el de la presunción de inocencia y el de la contradicción.

El caso de estas dos mujeres vinculadas a otro partido “progresista”, que ha cambiado de nombre para feminizarlo teatralmente –de Unidos a Unidas Podemos--, es sólo la punta de un iceberg de las ideas de género más radicales apiladas coercitivamente durante años para convertir a todo hombre en un presunto delincuente.

Utilizando los alrededor de 50 asesinatos de mujeres anuales –en España hay unos 19 millones de mujeres mayores de 18 años, y casi la mitad de los asesinos son extranjeros--, se han creado leyes que permiten que una acusación de cualquiera de ellas envíe al calabozo, sin más, a cualquiera de los 19 millones de hombres también mayores de los 18 años.

El hombre es así siempre un presunto delincuente que, denunciado sin pruebas por alguien con el que tiene un contencioso, es detenido, sí o sí, y fichado con antecedentes penales como los 59.970 malhechores encarcelados actualmente en España.