El affaire Alexander Pavlov: ¿problema a resolver entre España y Kazajistán?

En este mes de febrero se cumplen 3 años de la concesión por parte de España del estatuto de refugiado al ciudadano kazajo Alexander Pavlov, quien se encuentra en búsqueda y captura con una orden internacional de detención emitida por Interpol. La razón: los asuntos que tiene sin resolver con la justicia kazaja.

La concesión de este estatuto de refugiado por parte de España incapacita la posibilidad de extradición de España a Kazajistán. Esto que parece algo anecdótico enturbia las magníficas relaciones bilaterales entre ambos países iniciadas en el año 1992 y que en la actualidad podrían calificarse de excelentes gracias a la amistad entre nuestro Rey emérito y el Presidente kazajo Nursultán Nazarbayev. Estas buenas relaciones se vieron fortalecidas por el último encuentro mantenido en verano entre el Rey Felipe VI y el Jefe de Estado kazajo en el marco de la Exposición universal de Astaná.

En actualidad Alexander Pavlov es reclamado por las justicias de Rusia, Ucrania y Kazajistán por la colaboración con su jefe Mukhtar Ablyazov (del que era su guardaespaldas) en el desfalco del BTA Bank, que es el principal del país, así como por blanqueo de capitales y desvío de dinero entre otros delitos. Además, a Alexander Pavlov también le reclama la justicia kazaja por haber organizado, preparado y colocado un artefacto explosivo en el parque de “Family” en la ciudad de Almaty. Este atentado terrorista fue afortunadamente abortado por la actuación de la policía que lo desactivó antes de que ocasionara daños personales. No debemos olvidar que el Sr. Pavlov formó parte de las fuerzas especiales kazajas y está perfectamente capacitado para llevar a cabo acciones de este tipo. Luego en lugar de trabajar por la defensa y seguridad de su país prefirió ganar dinero rápido y fácil trabajando como guarda espaldas y en negocios no muy claros.

Desde que Alexander Pavlov se encuentra en nuestro España con estatuto de refugiado, vive de una manera completamente discreta sin llamar la atención.

Llegados a este punto, cabe preguntarse si el gobierno español hizo bien en retrasar la extradición a Kazajistán todo lo que pudo hasta que llegó la concesión por parte del Tribunal Supremo de su estatuto de refugiado. De esta manera una “patata caliente” que necesitaba de una respuesta política que producía tensión en las relaciones bilaterales entre ambos países era solventada mediante una decisión judicial de un país democrático como es España. El acuerdo de extradición entre España y Kazajistán en este punto quedaba en suspensión y no se cumplía.

A pesar de las garantías ofrecidas por Kazajistán de respetar todos los derechos procesales que asisten a Alexander Pavlov de conformidad con el ordenamiento jurídico kazajo y los Convenios Internacionales que esta república centro asiática ha firmado. En particular el convenio de extradición que tiene firmado con España que supone que la legislación y la práctica kazaja corresponde a los estándares democráticos internacionales. Además, se garantizan las visitas por parte de los observadores internacionales de cualquier tipo y condición.

En este sentido, el Gobierno español acordó en Consejo de ministros de 14 de febrero de 2014 extraditar a Alexander Pavlov a Kazajistán. Debemos de tener en cuenta, que la legalidad española para conceder extradiciones es extraordinariamente garantista. Éstas se conceden en muy contadas ocasiones. Esta decisión fue abortada por la Sala de lo Contenciosos Administrativo de la Audiencia Nacional, que solicitó al Gobierno español que documente su petición de negación de asilo. Tras esta decisión de la Audiencia Nacional Pavlov abandonó la prisión tras depositar una fianza de 30.000 euros.

Esta circunstancia ha puesto al Gobierno español en un brete frente al Gobierno kazajo al no haber ejecutado el convenio de extradición que ambos tienen suscrito debido a esta decisión judicial.

No debería de ser una circunstancia provocada por la falta de confianza entre estados, pues debemos de felicitarnos por la autorización del Congreso de los Diputados de 17 de noviembre de 2017 al Acuerdo entre el Gobierno de España y el Gobierno de la República de Kazajistán sobre la protección mutua de la información clasificada, hecho en Astana el 15 de julio de 2017.

Esperemos que esta situación, que no es irreversible, sea estudiada y con las debidas garantías se desatasque un asunto que en nada beneficia ni es coherente con las excelentes relaciones políticas y económicas que gozan ambos países.