Releer la Constitución

Para refutar el separatismo catalán y a quienes quieren manipular la Constitución para concederle a la Generalidad catalana atribuciones que no le corresponden, recordemos sus tres artículos iniciales, cimientos que desarrollan los 166 restantes.

El 1 además de consagrar el país como Estado de Derecho protector de la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo, y a la Monarquía dependiente del Parlamento, señala que “La soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado”.

El Artículo 2 dice que “La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles, y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas”.

El 3 declara el castellano “lengua española oficial del Estado. Todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla”, algo que se incumple en Cataluña, por ejemplo, y añade que “Las demás lenguas españolas serán también oficiales en las respectivas Comunidades Autónomas de acuerdo con sus Estatutos”.

Pero también señala que “La riqueza de las distintas modalidades lingüísticas de España es un patrimonio cultural que será objeto de especial respeto y protección”.

El meollo del separatismo –y de Podemos y del plurinacionalismo de Pedro Sánchez-- está en robarle la soberanía y la indivisibilidad de la Nación española a los españoles.

Por lo que toda reforma constitucional debería añadir que estará fuera de la ley todo partido que trate de privarle a los ciudadanos de su soberanía y de su Nación.

Romper esta Nación de medio millar de años propicia las sádicas guerras que entre 1991 y 2001 hubo en Yugoslavia, nación de naciones con solamente 85, ochenta y cinco, años de historia, 1918-2003, que empezó como Reino y desapareció como República Federal, Federal sí, de Yugoslavia.

Siete veces menos historia que España y el final fue un genocidio. Que no se desaten las pasiones como cuando la II República española no supo –o no quiso—controlar a Montescos y Capuletos.