Tengo que reconocer cierta saturación de noticias. Casi no sé por dónde empezar: el lío de las cuentas de Lugonovo, la continuación del tema de las subvenciones de Ayuntamiento y Diputación, las nuevas sentencias sobre el Garañón
Hay tanto de qué hablar que siento no haber podido publicar ayer, por motivos que no vienen al caso, para ir adelantando asuntos.
Aunque lo de las subvenciones es un tema con el que sigo trabajando y del que hablaremos en el futuro, y lo de Lugonovo me parece muy relevante, hoy me voy a centrar en el contenido que más me preocupa desde el punto de vista de la ciudad: el Garañón. Probablemente sea el tema económico más grave al que se enfrenta Lugo, ya que la indemnización al promotor puede suponer una carga multimillonaria para las arcas locales.
Lo primero que hay que decir es que una vez más se ratifica la tesis que desde el minuto 0 mantuvo Jaime Castiñeira sobre la opción de construir en esa parcela sin cargarse las vistas desde el parque de Rosalía de Castro. Como hace un par de años (¡cómo pasa el tiempo!) escribí dos artículos sobre este asunto en que les explicaba un resumen de lo sucedido (pueden verlo aquí) y una lectura sobre la cuestión (enlace aquí), no me voy a repetir. Solamente creo importante recordar que la solución aterrazada que ahora parece proponer el promotor es la misma que dijo Jaime desde el principio
y ya pasaron años desde que lo planteó. La de problemas que nos habríamos evitado si le hubieran hecho caso.
Pero bueno, estas cuestiones han sido ya ampliamente debatidas durante estos años y no creo que nadie se vaya a convencer ahora de una cosa ni de la contraria, a pesar de lo que digan los jueces. Lo que es preocupante es el futuro.
El Ayuntamiento se enfrenta a un dilema. ¿Cómo debe actuar? ¿Ha de intentar tumbar esta nueva sentencia acudiendo al Tribunal Supremo o será mejor sentarse a negociar con el promotor? ¿Debe esperar a ver si el proceso penal (por cierto, que va para largo) condena a los gobernantes que aprobaron el más que dudoso planeamiento de la zona un 31 de diciembre y a puerta cerrada o por el contrario sería más lógico adelantarse y evitar la posibilidad de empeorar más las cosas?
Parece que el sentido común indica que apostar con el dinero de todos no es lo más conveniente. Seguir arrastrando el Garañón de un juzgado a otro perdiendo una y otra vez frente a la dura realidad solo provoca que el esqueleto del mamotreto siga en pie mientras acumulamos más retrasos y, por lo tanto, se incrementa la cuantía a pagar tarde o temprano.
Tal vez lo más apropiado sea reunirse con los interesados y buscar juntos una solución pactada (me refiero a un pacto con luz y taquígrafos, no a uno como el que presuntamente hicieron hace años y del que aún sufrimos las consecuencias). No nos va a salir gratis, eso está bastante claro, pero cuanto más tiempo pase peor va a ser.
El único problema de esa propuesta de negociar es que aún no sabemos si la justicia decidirá que hubo connivencia entre el gobierno de Orozco y el promotor para esquivar la legalidad. Esa sentencia condenatoria sería, hasta donde yo sé, la única posibilidad de que la ciudad evite el pago de una millonada en concepto de indemnizaciones porque entonces todo sería fruto de un acuerdo delictivo. Pero
¿estamos dispuestos a arriesgarnos?
A pesar de esa pega (que no es poco), en mi opinión hay que sentarse a hablar ya. Si se pasa el plazo para recurrir ante el Supremo el Ayuntamiento pierde una baza negociadora importante, y el promotor seguramente prefiera arreglar las cosas y sacar adelante un proyecto menos rentable pero más seguro que esperar diez o quince años. Aunque al final gane.
