La nacionalidad española

Los independentistas de las autonomías con lengua autóctona buscan engrandecer su futuro territorio nacional absorbiendo los de parecidas hablas, aunque sean lejanos, por lo que hay catalanes que exigen territorio italiano, vascos que desean un pedazo de Terranova, y gallegos que reclaman unos pueblos extremeños.

Esos expansionistas son avanzadillas místicas y quijotescas, pero que impulsan demandas aparentemente plausibles.

Las de políticos en ejercicio aspirantes a conquistadores de territorios prometiéndole a sus habitantes sacarlos de su actual irrelevancia para llevarlos al Imperio, como Roma cuando integraba a los bárbaros.

Los vascos quieren su Euskal Herría, que suma Euskadi, Navarra y tres provincias francesas, y los gallegos parte de León y de Asturias.

Los catalanes, los Països Cataláns, término creado por el falangista Joan Fuster, que los presentaba como motores del deseable Imperio español franquista: Andorra, Baleares, el reino de Valencia, partes de Murcia y Aragón, el Rosellón francés, y partes de Córcega.

Los actuales dirigentes de la Generalidad barcelonesa, Carles Puigdemont y Oriol Junqueras han acelerado su carrera independentista, y para cautivar a los habitantes de esos Països Catalans les prometen doble nacionalidad, catalana y española.

Una concesión del nuevo Imperio. Permitirá que, por ejemplo, haya emperadores de Barcelona llegados de Saragossa -Zaragoza-, como fueron a Roma Trajano y Adriano, hispanos de Itálica, Sevilla, y Teodosio el Grande, de Coca, Segovia.

Pero es un favor innecesario, redundante: el Artículo 11.2 de la Constitución señala que “Ningún español de origen podrá ser privado de su nacionalidad”, lo que sugiere que sólo puede quitársele a los terroristas islamistas nacionalizados, por ejemplo.

Ese es otro aspecto constitucional que imposibilita toda independencia: como nadie de origen español deja de serlo, debe respetar la Constitución, cuyo Artículo 1.2 consagra la soberanía nacional del conjunto del pueblo. Español, claro.