Enrique López Veiga ha rescatado del baúl de las sentencias incumplidas una, por la que el Tribunal Supremo declaró ilegales los 300.000 metros cuadrados del relleno en el que se asienta el puerto de Marín-Pontevedra. Resulta que su Autoridad Portuaria la preside José Benito Suárez, que viene siendo, además, el marido de la ministra Ana Pastor.
Los mal pensados, ven aquí una especie de guerra interna en el PP pontevedrés ya que López Veiga es uno de los más veteranos e influyentes militantes del partido conservador. Era uno de los aspirantes a la sucesión de Fraga, tras haber sido conselleiro de Pesca y director general de Finanzas del Parlamento Europeo. En octubre del año pasado tomó posesión como presidente de la Autoridad Portuaria de Vigo.
Para mí, la razón de que se airee esta sentencia, que convirtió en ilegal el puerto de Marín, no es cuestión de viejos rencores, que los hay. Enrique López Veiga es un profesional muy valorado y prevé la pérdida inminente de una parte importante del tráfico de contenedores en sus dársenas a favor de lo que considera su competencia. Ten en cuenta que López Veiga se encuentra, a los seis meses de su toma de posesión, con que la principal operadora de contenedores del mundo, Maersk, ha elegido para sus descargas el puerto de Marín-Pontevedra.
Lo que hizo en realidad López Veiga fue exigir al ente Puertos del Estado que impida el traslado de la operadora. Lo hizo mediante una carta dirigida a su presidente José Llorca al que dejó caer un posible trato de favor al puerto dirigido por el marido de la ministra, que además es el mejor amigo de Mariano Rajoy, con el que comparte su tiempo de ocio.
La sentencia del Tribunal Supremo obliga a Xunta, Diputación y Autoridad Portuaria a restituir la zona a su anterior estado. A ver, yo no estoy de acuerdo ahora con la sentencia porque no estamos para destruir lo hecho, aunque esta sea una vieja reivindicación vecinal. Me parece que se llega tarde, como siempre que ha de actuar la Justicia.
Pero este asunto del puerto marinense tiene un no sé qué y huele peor que la renovación de la licencia de ENCE. No parece muy decente que se nombre presidente de una Autoridad Portuaria al marido de la ministra de quien dependen los puertos. Y, si como insinúa López Veiga, aún encima hay trato de favor
el asunto está rayano con la prevaricación.
Y digo más: esa mala praxis en los nombramientos es una práctica tan corrupta como otra cualquiera.
