Ferrol, los ejércitos y la Semana Santa

Ferrol ha sido históricamente una plaza, como todo el mundo sabe, con un fuerte peso militar, hasta tal punto que muchos ferrolanos y ferrolanas han interiorizado el estamento como propio. Por otro lado, el binomio Bazán-Marina va en el ADN de la sociedad ferrolana. Ambos sumando fuerzas, el primero como constructor de barcos y la segunda como principal y, durante mucho tiempo, único cliente, actuaron de columna vertebral de la economía de Ferrol y su comarca. Ello además de que numerosas familias tienen lazos familiares establecidos con la Armada española. Podríamos afirmar por consiguiente que ambos son de casa.

Ya Gonzalo Torrente Ballester, a modo de caricatura, escribió que en Ferrol la máxima aspiración de los padres es tener un hijo o bien Almirante Capitán General del Departamento o ingeniero-director de la factoría naval. El propio escritor y académico hubiera ingresado en la Escuela Naval Militar si no fuera el problema que tenía en la vista.

Esta reflexión viene a cuento de los comentarios que han aparecido estos días en los que se criticaba la presencia de los ejércitos en los desfiles procesionales. Se considera un anacronismo, que contraviene el texto constitucional en cuanto que este consagra la aconfesionalidad del Estado. No pinta nada, según estos razonamientos, una institución del Estado en una manifestación de índole religiosa.

No obstante existen interpretaciones del correspondiente artículo de la Carta Magna que restan cierta contundencia a una parte de la opinión publicada, aquella que es crítica con la presencia de los ejércitos en los desfiles procesionales de la Semana Santa. Por ejemplo, Joaquín García Morillo, catedrático de Derecho Constitucional y exjefe de gabinete de un par de ministros socialistas, fallecido en 1998, escribió (Constitución, Estado e Iglesia católica. Teoría y realidad de la aconfesionalidad):
"Que la religión es cosa de cada uno y que el Estado no debe entrometerse en ella es una teoría sostenida por muchos desde hace tiempo, pero pocas veces conseguida. En el caso español, la imposibilidad de plasmar una absoluta neutralidad de los poderes públicos respecto de la religión se manifestó en el artículo 16 de la Constitución Española (CE). Como es sabido, este precepto consagra la aconfesionalidad del Estado, pero acto seguido obliga a los poderes públicos a “tener en cuenta” las creencias religiosas de la sociedad –sin duda, se refiere en realidad a las creencias de los ciudadanos españoles, o a las existentes en la sociedad- "y mantener las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia católica y las demás confesiones”.

No es, a tenor de lo expuesto por García Morillo, un artículo rupturista, deja una puerta abierta a la colaboración del Estado con la Iglesia. Vaya por delante que a uno le hubiera gustado una norma firme, sin tapujos ni consideraciones añadidas, que lo único que proporcionan es tibieza y confunden más que aclaran, en el sentido de que Estado e Iglesia deben de actuar como si no se conocieran. Pero Morillo apostilla "la Constitución no pudo evitar pagar el correspondiente tributo a nuestra larga historia de confesionalidad católica".

Así, pues, no resultará extraño que en ciudades como Ferrol y análogas que han estado tan militarizadas, lejos de posicionarse mayoritariamente críticas con la presencia de los ejércitos en las procesiones de la Semana Santa, lo asuman, también la Iglesia, como un hecho natural, transportada la ciudadanía por la sentimentalización de las razones más que por la racionalización de los sentimientos. Si, además, la redacción de la Constitución en este apartado de la aconfesionalidad fue tan flácida como queda de manifiesto, la ausencia de este debate en determinados contextos podría estar justificada.

Ahora bien, fue precisamente la iglesia ferrolana, siendo obispo de la diócesis de Mondoñedo-Ferrol, monseñor Arauxo Iglesias, la que en el año 1968, ¡hace cerca de medio siglo, todavía en la dictadura! se enfrentó a la autoridad castrense y desmilitarizó la procesión del Corpus. En esa época, el clero ferrolano (imbuido por la doctrina del Vaticano II, por corrientes de la teología de la liberación y sensibilizado con el fuerte movimiento obrero que presidía la vida de Ferrolterra) protagonizaba una posición de resistencia hacia aquella Iglesia que era capaz de llevar bajo palio, como si fuera el Santísimo, al mismísimo dictador. La iglesia ferrolana en este caso dejó marcado, 48 años atrás, que ya es decir, un inapelable precedente.