Campaña electoral

De cara a las elecciones generales del 20 de diciembre, sería deseable que los candidatos hablasen de cosas concretas y no de generalidades o ideas globales. En vez de enzarzarse con los adversarios políticos en debates a veces estériles, deberían presentar programas de gobierno que expliquen con claridad las soluciones a los principales problemas que tienen los ciudadanos, con objetivos claros e incuestionables, como pueden ser la lucha contra la desigualdad, la pobreza infantil, la explotación laboral, el fraude fiscal y la corrupción.

Ahora el problema no es el comunismo, sino los excesos del capitalismo, tales como la explotación laboral, la especulación financiera y el predominio del valor del capital (dinero) sobre el valor del trabajo. Se trata pues de corregir los excesos del capitalismo, mientras no se encuentre otra cosa mejor, y eso estaría en parte en manos de los ciudadanos si, a la hora de votar, nos decantamos por opciones que lleven ese tema en su programa. Todo ello, teniendo en cuenta que los afectados por tales excesos (trabajadores, funcionarios, pensionistas y parados) somos mayoría.

La campaña electoral debería ser un escenario que nos permita a los ciudadanos conocer como los partidos políticos tratan en sus programas algunos temas, muy relevantes bajo mi punto de vista, como los siguientes:

La educación universal pública hasta los 18 años y el apoyo a la formación profesional. La igualdad de oportunidades, sobre todo en el acceso a la educación superior: Que nadie con talento y cualidades deje de ser científico, ingeniero o médico, por ejemplo, por falta de medios económicos.

La dedicación de más recursos y esfuerzos a la investigación, desarrollo e innovación (I+D+i), en los ámbitos tecnológico, industrial, médico y farmacéutico, con la participación de empresas, universidades públicas, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas, etc.

La consideración de que la sanidad es algo muy serio que nunca deberá ser un negocio privado y que, por lo tanto, no se permitirá su privatización ni el copago sanitario. Los médicos y enfermeras deberán tener una carga de trabajo razonable para evitar errores y para dedicar el tiempo necesario a cada paciente. Para ello el número de profesionales sanitarios deberá ser el adecuado.

La ejecución de una reforma fiscal que implique una mayor tributación de las rentas altas y las grandes fortunas y combatir el fraude fiscal con más inspectores de hacienda. Es lógico que los empresarios que se enriquecen con una actividad devuelvan a la sociedad, en forma de impuestos, una parte de los beneficios que esa sociedad (trabajadores y consumidores) ha contribuido a generar. Los trabajadores, funcionarios y algunos pensionistas entenderán muy bien que en los programas de gobierno se incluya el que los bancos y las grandes empresas paguen de impuesto de sociedades un porcentaje al menos igual al que pagan ellos de IRPF.

La mejora del sector empresarial en vez de hacer reformas laborales, y dejar tranquilos a los trabajadores. Para ello habría que vigilar, con más inspectores de trabajo, que no haya ningún trabajador sin contrato, apoyar a las pequeñas y medianas empresas que innovan y fabrican bien y potenciar y apoyar la figura del empresario ideal que sería aquel que paga salarios justos por jornadas laborales de ocho horas, tiene a todos los empleados con contrato, paga la seguridad social, paga sus impuestos en España, tiene seguridad en el trabajo y fabrica en España. A partir de ahí, todo el beneficio restante sería para el empresario, que es lo lógico después de haber cumplido con todo lo que tenía que cumplir. Se potenciarán las actividades que crean riqueza como la industria y la agricultura.

La implantación de una renta básica en casos extremos, algo que ya incluyen algunos partidos en sus programas. Se podrá reducir el número de parados, pero conseguir que todo el mundo esté trabajando es una utopía, sin embargo, todo el mundo tendrá que estar alimentado, tener vivienda, luz, etc.

La lucha implacable contra la corrupción y las puertas giratorias, y la corrección de los abusos de las empresas eléctricas, de combustibles y otros oligopolios que campan a sus anchas (hay muchos españoles que tienen dificultades para pagar el recibo de la luz).

La eliminación definitiva de los restos de la burbuja inmobiliaria y de la especulación del suelo, para solucionar el problema de los elevados precios de la vivienda que provocaron que la gente no pudiese consumir otros productos, con el consiguiente daño para la economía, y que dio lugar a un estúpido modelo económico en el que invertir en viviendas era un negocio porque cada vez valían más, pero no se creaba riqueza. Para resolver de una vez por todas el problema de la vivienda habría que construir más Viviendas de Protección Oficial de promoción pública en suelo público, a precios asequibles. No puede ser que el salario mínimo (nunca mejor dicho) interprofesional en España sólo alcance para pagar el alquiler de una mísera vivienda en un barrio obrero de una gran ciudad.

El objetivo final de los programas de gobierno debería ser la recuperación del Estado del bienestar, algo que no preocupa a las grandes empresas, ni a los mercados financieros, sino que es tarea del Gobierno. El progreso, el crecimiento económico y el trabajo han de ir encaminados a la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos y no al enriquecimiento de unos pocos.