Firmeza democrática

La democracia debe ser la garantía de la soberanía popular, tal como señala el Tribunal Constitucional reside en Las Cortes de la Nación Española, esa Cámara Parlamentaria que representa el poder legislativo, el único de los tres -judicial y ejecutivo- que emana de las urnas, ante las que el pueblo soberano puede y debe ejercer voto y alternancia.

La Constitución de 1978 nos ha permitido convivir y avanzar en el diseño de un país de ciudadanos, no de súbditos, bajo la garantía de unos derechos fundamentales y sociales. Tal Ley se completa con el desarrollo de los Estatutos de Autonomía que conforman El Estado Español de las Autonomías.

La primera cuestión a garantizar y defender con todos los instrumentos del Estado de Derecho es, el cumplimiento de la Ley y que tal, alcance a todos los residentes en suelo español. La segunda cuestión es promover las reformas y aclaraciones del entramado legislativo para mejor salud democrática de la ciudadanía española. Pero, en todo caso, las reformas sólo se podrán aplicar cuando adquieran cuerpo de ley.

El nacionalismo periférico ha tratado de aprovechar la descentralización del Estado a través de los Estatutos de Autonomía y los órganos de autogobierno que tales han consolidado, para emprender el camino hacia la ruptura de la unidad de España, reinterpretando las leyes, introduciendo conceptos mitológicos sobre los "derechos históricos", y la idea particular sobre del derecho a decidir, que según les conviene reside en la ciudadanía de cada Comunidad provista de Parlamento, creándose así una cada vez mayor colisión entre los derechos del pueblo español y los derechos de los habitantes de cada territorio del Estado de las Autonomías. Negando, la existencia de España como Estado, y manipulando una pedagogía sobre el sujeto de los derechos democráticos.

Pero la situación actual de gravísima crisis de convivencia en el marco de la Constitución Española, no es una casualidad. Es el fruto de una política que comenzó con los pactos que se instauran al dotarnos de ordenamiento Constitucional. Los Estatutos de Autonomía no son un fin, sólo son un medio de caminar hacia la secesión de partes del territorio nacional, a costa de emplear los propios dispositivos que contiene la Constitución. Así se da la paradoja de estos días. Sin el amparo de la Constitución Española, no habría sido posible convocar y celebrar elecciones autonómicas en Cataluña, y no existirían instituciones como la Generalidad y el Parlamento de Cataluña. Y es que, lo que sale del proceso electoral del 27-O es una Cámara Autonómica que debe desarrollar sus funciones en el marco de la Constitución y del Estatuto de Autonomía.

La declaración de hecho, que hace la nueva Presidenta del Parlamento de Cataluña, el día de su toma de posesión, sobre la República Catalana, es una salida del espacio que conforman las leyes promulgadas y vigentes. Su actuación es contraria a derecho, vulnera el mandato de las urnas a las que se acude en el espacio de la Constitución y el Estatuto de Cataluña, con unos márgenes de actuación que están en el propio Reglamento del Parlamento de Cataluña, y que en todo momento, deben subordinarse a la ley del Estado Español, Reino de España, Nación Española.

No podemos entender como ante tal declaración no actúen de oficio los poderes públicos que deben garantizar la observancia de las leyes. Claro que, desgraciadamente, hace mucho que en Cataluña los poderes autonómicos desobedecen los mandatos legales y han ido colocando a la ciudadanía en dos bandos. Los que sienten que transgredir la ley es posible, sale gratis y es sólo cuestión de osadía. Los que se ven fustigados por tal comportamiento, que les genera vivir en un medio cada vez más incierto en cuanto a los comportamientos y obediencias debidas.

Como consecuencia de lo que antecede, un grupo de Parlamentarios electos en el proceso del 27-O, de forma unilateral, pretenden la desconexión de Cataluña de los mandatos legales y de las Instituciones que los promueven y exigen su aplicación o cumplimiento. Llegan a declarar que a partir de la entrada en vigor de una determinada propuesta Parlamentaria, la ciudadanía catalana deje de obedecer el ordenamiento legal del Estado Español, lo que supone de hecho, un auténtico golpe de Estado, y la negación de los derechos Constitucionales a los españoles que residen en Cataluña. Tal pretensión supone mucho más que una soflama partidaria, es la supresión del derecho español y la sustitución del mismo por los mandatos que esa minoría parlamentaria decida en cada momento establecer.

Hay motivos sobrados para suspender tal aberración. Hay dos hechos que constituyen una grave responsabilidad personal de quienes desde su condición de representantes de la soberanía popular, han decidido suspender el Estado de Derecho en Cataluña. Tales cuestiones, ni son negociables, ni son tolerables a espera de acontecimientos políticos. Deben ser tratadas con toda la fuerza que reside en un Estado, precisamente para garantizar los derechos de los Españoles que residen en Cataluña, ante el resto de los Españoles a los que se les niega su capacidad soberana para pronunciarse sobre Cataluña, como parte del Territorio Nacional.

Habiendo dejado muy clara la postura ante los últimos hechos, es preciso buscar respuestas para lo que se está fraguando en Cataluña.

¿ Ha sorprendido la conducta de los Parlamentarios Catalanes que han optado por colocarse al margen de la Ley ?.

¿ Cuales son los motivos que lo que hasta hace algunas fechas eran amenazas secesionistas se hayan convertido en la puesta en marcha de un proceso de independencia de Cataluña con respecto al Estado Español?

¿ Hay motivos para sospechar que alguna fuerza política se sienta cómoda en tal conflicto para evitar que se juzguen sus comportamientos durante los últimos años en materias de calidad de vida, justicia social, decencia, derechos sociales, equilibrios territoriales e igualdad en el ejercicio de la ciudadanía?. Y se sienta cómoda para evitar tales debates, y centrar el debate, por urgencia del calendario, prioritariamente, en la firmeza que se debe adoptar para poner orden Constitucional en Cataluña y sus Instituciones. ¿Tales hechos pueden darle el triunfo en las elecciones generales del 20-D?.