La falsificación de las cuentas públicas

Esta semana saltó la noticia que el Colegio de Comisarios de la Unión Europea estudiará la imposición al Reino de España de una multa de 19 millones de euros por falseamiento de las Cuentas Anuales de la Comunidad Valenciana, durante los años 1988 a 2011, al no incluir en las mismas gastos sanitarios no reconocidos, en román paladino: facturas guardadas en los cajones, considerando tal conducta de ocultación sistemática como una negligencia grave. Se portó bien la Comisión por que podría ponernos una multa de hasta el 0,2% del PIB o sea unos 2.000 millones de €, también es cierto que fué la primera multa puesta por falsificar unas cuentas . Lo hizo antes Grecia, pero no había esta regulación. La verdad es que estoy avergonzado .

El caso surge cuando el Gobierno español da cuenta a Eurostat, en enero de 2012 , de que el deficit comprometido del 8,5% del PIB para dicho ejercicio para las Administraciones Públicas , tendría que aumentarse hasta el 8,9% por la ocultación de partidas de gasto sanitario no contabilizado en las cuentas de las Comunidades de Valencia y Madrid de ejercicios anteriores.

El Reino de España, es el obligado al pago de la multa, aun cuando no sea el causante directo de la trampa , pero es el responsable del pago ante la Unión Europea. Como la Comunidad Valenciana está practicamente quebrada, no habrá forma de repetir la multa a la Comunidad y tendrán que ser los Presupuestos Generales del Estado, o sea todos los españoles , los que, con nuestro dinero , paguemos estos 19 millones de €. Los políticos irresponsables, en el más amplio sentido, se irán de rositas, cuando en cualquier empresa sus directivos estarían ya entre rejas hace tiempo.

Es elemental decir que la primera obligación de un gestor de fondos públicos es dar cuenta a la sociedad del manejo de dichos fondos, ya que, al fin y al cabo, un gestor público es un agente de los ciudadanos para administrar sus fondos. aportados “impositivamente”, y por tanto la dación de cuentas claras, oportunas y verificables, es una ineludible obligación. Remedando el dicho coñón de que la música militar ni es música ni militar, las cuentas públicas, no son ni cuentas ni son públicas y si nos fiamos de los informes del Tribunal de Cuentas y de los Órganos parlamentarios de Control Externo de las Autonomías, ninguna institución pública cotizaría en bolsa, al no superar, su cuentas, los requisitos que la CNMV exige a las empresas cotizadas. Ni siquiera existe un Registro público de las cuentas de las instituciones, en el cual , los ciudadanos , puedan acceder, como en el Registro Mercantil, a todas las cuentas de las Administraciones Públicas.

No vale argumentar que la ocultación de gastos de un ejercicio, guardando las facturas en los cajones, es una práctica muy frecuente en la administración, porque los políticos quieren que luzcan unos resultados brillantes de su gestión, y/o ocultar unos gastos realizados, sin ceñirse a los procedimientos, no reconocidos, ni pagados. Pan para hoy y hambre para mañana , por que se traslada el problema al ejercicio siguiente. Se rompe la cadena de despropósitos cuando se cambia de gestor y no quiere asumir el problema de otro y descubre el pastel . El Ministerio de Hacienda, consciente del enorme problema, implementó hace unos dos años un plan para pagar esas facturas por parte de las Autonomías, Ayuntamientos y Diputaciones y asombrosamente se pagaron multitud de facturas guardadas muchos años en los cajones , incluso alguna expedida en pesetas, por importe de miles de millones de €. Esto nos explica la escasa credibilidad en la representatividad de las cuentas públicas, y que no se toman medidas serias al respecto, a pesar de que el Tribunal de Cuentas y los órganos autonómicos expresan año tras año en sus informes multitud de deficiencias más o menos graves a las cuentas públicas. Toda lucha seria contra la corrupción ha de empezar por tomarse en serio la rendición de cuentas, su representatividad, su oportunidad, su publicidad y accesibilidad, y la responsabilidad de los gestores públicos.

La rendición de cuentas por parte de los gestores públicos es una condición necesaria aunque no suficiente si queremos tener una administración pública trasparente y responsable. ¿ sería mucho pedir que las exigencias y responsabilidades que tienen los gestores de las empresas privadas respecto a sus cuentas, se apliquen también a las administraciones públicas ? ¿ Por que los plazos de rendición son más largos, no se exigen los estados consolidados, no pasa nada por presentar fallos formales y de fondo, no se exigen auditorias externas a todos los entes públicos y a sus entes dependientes, directa o indirectamente, no existe un Registro Oficial de las cuentas públicas, de acceso directo y gratuito a los ciudadanos, por que la no rendición de cuentas no tiene los mismos efectos que el no registro de las cuentas anuales de las empresas en el Registro Mercantil, etc, etc.? Estamos hablando de un enorme mundo que representa el 50% del PIB del País. Me comentaba un Consejero del Tribunal de Cuentas que las cuentas públicas son pornografía pura y que las del mundo local era porno duro, es un poco exagerado y coñón, pero refleja acertadamente el tremendo problema político que tenemos para luchar contra la corrupción la ,mala gestión y el derroche de los fondos públicos.

La asombrosa y generosa tolerancia que se tiene con las cuentas públicas, tiene que tornarse en una severa tolerancia si queremos construir un verdadero estado democrático.