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Un resumen de la historia del Garañón

viernes, 08 de mayo de 2015
En 1991 entró en vigor un nuevo Plan General de Lugo. En ese documento se daba edificabilidad a amplias zonas de la ciudad entre las que estaba la unidad de actuación CS5, más conocido como el Garañón.

El 7 de noviembre de 2005 se aprueba el PERI y el convenio del Garañón. ¿Qué es esto? Pues es, para que nos entendamos, la concreción de la forma que tomaría volumen que concedía el Plan General. El constructor planteó una serie de torres en lugar de opciones menos agresivas y que no entorpecerían la vista pero menos interesantes económicamente para él. El PSOE aprobó ambos documentos en solitario. Besteiro era el concejal de urbanismo y Orozco el Alcalde.

El 31 de diciembre de 2005, un sábado que encima era festivo (fin de año es festivo para la administración) Orozco reúne de forma extraordinaria a la junta de su gobierno y aprueba el proyecto de equidistribución garantizando la edificabilidad al propietario. En el convenio con el promotor se le garantizaba que, de no llegar a buen término la concesión de licencia, sería indemnizado, incluso por el lucro cesante. Besteiro seguía siendo el concejal de urbanismo y Orozco el Alcalde.

Al día siguiente, el 1 de enero de 2006, entraba en vigor una reforma de la Ley del Suelo que reduciría la edificabilidad de la parcela.

Gracias a la dinámica asociación en defensa del Parque de Rosalía, que llevó el tema a los tribunales, el 21 de septiembre de 2009 el juzgado de Lugo anula el proyecto de urbanización.

El 26 de noviembre de 2010 el juzgado de instrucción nº 1 de Lugo paraliza el proyecto y la construcción de las torres, ya comenzadas para escándalo de media ciudad. En el auto de paralización (página siete) se recoge que "tras el examen detenido de las actuaciones, se llega a la conclusión de que se pudiera estar ante la comisión de un delito de prevaricación urbanística, ya que parece haber existido alguna clase de connivencia entre los representantes municipales y una promotora particular para actuar en contra de los intereses generales, que nuestros representantes tienen la obligación de preservar". También se dice que tanto el convenio como el proyecto de licencia "incumplen de forma manifiesta la normativa legal y reglamentaria vigente en materia de urbanismo".

También se recoge que la paralización se lleva a cabo "por posibles delitos de prevaricación administrativa, prevaricación urbanística, conocimiento de ilegalidades en la concesión de la licencia, omisión del deber de perseguir delitos y numerosas transgresiones". Se solicita además informe a la Guardia Civil sobre el coste que supondría ejecutar la demolición de lo ya construido.

El ayuntamiento lucha contra esta paralización (es decir, a favor de que se construyan las torres) pero el Tribunal Superior de Justicia de Galicia desestima su recurso.

El 2 de diciembre de 2011 el gobierno local hace público que el promotor ha pedido 25,8 millones de euros en concepto de indemnización por la paralización de las obras, acogiéndose al convenio firmado con Orozco.

El 15 de diciembre de 2013 la instructora, Pilar de Lara, rechaza la intención del Ayuntamiento de personarse como acusación particular, ya que insinúa que si está implicado en el expediente es como responsable, no como acusador. Dice textualmente: “Es absurdo que el Concello de Lugo pretenda personarse como acusación particular en una causa por prevaricación y contra la ordenación del territorio (...), en la que se investiga la implicación de autoridades, concejales y del alcalde mismo”.

Estos hechos son incontestables. No son opiniones, sino realidades.

Obviamente hay dos partidos políticos implicados en este tema directamente: PP y PSOE. Con desiguales responsabilidades, pero con parte de culpa cada uno por mínima que sea en uno de los casos.

El PP fue el que aprobó el Plan General que daba la edificabilidad, es cierto. También es cierto que desde filas socialistas se explica con todo lujo de detalles una falsedad: que eso implica la obligatoriedad de dar licencia para hacer los edificios porque lo contrario sería un delito. Eso es mentira. Y se demuestra con mucha facilidad, ya que la antigua caseta de Telefónica que está entre el Portela y las torres del Garañón tiene la misma calificación urbanística que estos monstruos y aun así se les denegó la licencia.

Aun en el caso de tener que hacerse ese volumen, ¿se podría hacer la construcción de otra manera? Sí. Un ejemplo lo tenemos en nuestro vecino Mondoñedo, donde el mirador, desde arriba, parece un pequeño edificio de planta baja pero desarrolla todo su volumen por la ladera de la montaña. No es que me vuelva loco, pero desde luego es mucho mejor esta opción que la de las torres que nos ha endilgado Orozco.

No nos engañemos, es indiscutible que si el Plan General calificara el terreno como zona verde no habría problema, y eso es innegable. Pero también lo es que supuestamente esa parcela no es parte del parque de Rosalía y que aunque afecta a las vistas por estar donde está no es tan fácil de apreciar hasta que ves el alzado. En cualquier caso, echemos una parte de culpa al PP, la que tiene un vendedor de licores que no sabe que el cliente cogerá el coche diez minutos más tarde y provocará un accidente.

Pero realmente quien es el responsable de ese adefesio es su contrincante, el PSOE, y más aún podríamos concretarlo en las personas que ostentaban las más altas representaciones del panorama político/administrativo local: el alcalde y el concejal de urbanismo, que en aquel momento era Besteiro, que sucedió a Liñares con este asunto entre otros.

Como les contaba ayer, la Ley del Suelo de Galicia reducía enormemente la construcción a partir del 1 de enero de 2006, y el día anterior, festivo y con el ayuntamiento cerrado, se toman acuerdos que garantizan al constructor que podrá levantar esos mamotretos. El juzgado, no yo, es quien dice que “parece haber existido alguna clase de connivencia entre los representantes municipales y una promotora particular para actuar en contra de los intereses generales, que nuestros representantes tienen la obligación de preservar”. Más claro, agua.

Y no solo eso, sino que el intentar reiteradamente tumbar judicialmente los autos de paralización de los edificios es otra señal de lo que aparenta ser una obvia complicidad.

Porque recuerden, lo que se está construyendo es una parte del Garañón, hay más. No tienen más que ver la foto del esqueleto de lo que hay, y el alzado que figura en el proyecto que está expuesto públicamente en la web de urbanismo. Solo que poca gente se molesta en buscarlo supongo.

No creo que haya nadie que piense que en la ciudad de los Cariocas, Pokemon, Campeón y demás causas esto huele a rosas y que lo del Garañón es una mera cuestión accidental. Es el símbolo tangible de lo que han sido estos últimos lustros en el Ayuntamiento de Lugo y lo que probablemente nos espera durante unos cuantos años más a menos que cambie el panorama radicalmente, cosa que tengo mis dudas de que pase.

Lugo, lamentablemente, es conocido por sus casos de corrupción, y este mamotreto no deja de ser el mayor de todos sus símbolos, su monumento. Sería deseable que también fuera su tumba.
Latorre Real, Luís
Latorre Real, Luís


Las opiniones expresadas en este documento son de exclusiva responsabilidad de los autores y no reflejan, necesariamente, los puntos de vista de la empresa editora


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