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Responsables de UGT y CC.OO. en Galicia, José A. Gómez y José M. Sánchez Aguión, llaman a una protesta "masiva y contundente" el 19 de febrero contra la reforma laboral del Gobierno central, que consideran "la agresión más tremenda a los derechos de los trabajadores del periodo democrático". Creen que "no es momento de una huelga aún" y quieren cambios en un texto que califican como la mayor agresión a los trabajadores en democracia.
Los colegios de médicos de A Coruña, Pontevedra, Lugo y Ourense han expresado su rechazo a los recortes "indiscriminados" en el ámbito sanitario y han advertido de que estos hacen "zozobrar" el Sistema Nacional de Salud (SNS). Piden un "acuerdo político" para poder introducir reformas y critican que la reducción del gasto farmacéutico no implique un mejor servicio. También reclaman a los políticos una sanidad "más eficiente y sostenible" y "que digan la verdad sobre la cuantía de la deuda" sanitaria.
La compraventa de viviendas cayó un 27,4% en 2011, con respecto a la cifra alcanzada en 2010, en Galicia, hasta las 16.390 operaciones, con lo que revierte el resultado del año pasado en el que las compras crecieron un 6%, de acuerdo con los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE).
El consejo de administración de Pymar (Pequeños y Medianos Astilleros Sociedad de Reconversión) ha aprobado por "amplia mayoría" -con sólo tres votos en contra y una abstención- la adhesión al convenio de acreedores del astillero vigués Vulcano, según han confirmado el presidente de la entidad, Álvaro Platero, y el director xeral de Industria de la Xunta, Ángel Bernárdo Tahoces. Los trabajadores dicen estar "contentísimos" y la Xunta asegura que tutelará la ejecución del plan de negocio de Vulcano.
La ministra de Fomento, Ana Pastor, dijo en el Congreso de los Diputados, que de los 25.000 millones de euros que su departamento tiene pendientes de invertir en infraestructuras del AVE, más de 8.500 corresponden a la línea Madrid-Galicia y casi 1.000 al Eje Atlántico. Anuncia un plan de infraestructuras hasta el año 2024.
Empleados públicos -más de 3.000 según los sindicatos- han protestado en San Caetano, en Compostela, contra las medidas de recorte propuestas por la Xunta en materia de función pública, entre las que se encuentra la reducción de jornada y no abonar el complemento a las personas de baja en los 21 primeros días. Deijóo dice que la alternativa es "negociar" y no "levantarse", y que no retirará las medidas de recorte anunciadas.
Empresarios gallegos a través de la CEG han propuesto "reflexionar sobre la supresión de servicios públicos prescindibles o la privatización de aquellos que acarrean un coste desproporcionado" para las arcas públicas. La patronal gallega apuesta por "reconsiderar" diputaciones y ayuntamientos de menos de 4.000 habitantes y pide que se reduzca la presión fiscal. La CEG cree que la huelga general convocada por la CIG es imprudente.
Los sindicatos de función pública (CIG, CC.OO, UGT y CSI-CSIF) piden conjuntamente a la Xunta que retire sus propuestas de recortes, que incluyen medidas como no abonar el complemento a los trabajadores de baja los primeros 21 días, y avisan de que si no se rectifica, habrá una huelga. La Xunta les dice que negocien y que mejoren la propuesta de medidas. CIG ya convocó una huelga general la última semana de marzo contra los recortes del Gobierno de Rajoy.
El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha instado a los poderes públicos a "adoptar las medidas valientes y consensuadas necesarias" para mantener en Sistema Nacional de Salud, dado que pueden haber perdido eficacia las fórmulas de gestión que "eran eficaces antes". La ministra Ana Mato reitera su deseo de conformar un Pacto de Estado para que sanidad y servicios sociales estén "a salvo de los ciclos económicos". Núñez Feijóo dice que su coste anual supera a todo el gasto público de Portugal.
La Xunta podrá obligar al personal interino y al laboral temporal a reducir hasta un 33% su jornada -con su consiguiente rebaja de salario- y ofrecerá la posibilidad de acogerse, de forma voluntaria, a una medida similar a los funcionarios y los laborales fijos. Además, garantizará el 100% de las retribuciones en incapacidad temporal solo en casos de accidente laboral, enfermedad profesional o maternidad. Los sindicatos dicen que es "el ataque más grave" contra la función pública y anuncian protestas.
