Juez y parte

Los miembros del Tribunal Constitucional acaban de respaldar y justificar la militancia en el Partido Popular de su presidente, don Francisco Pérez de los Cobos, argumentando que ni la Constitución ni la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional establecen ninguna incompatibilidad con el hecho de que sus miembros puedan militar en un partido político.

Es de sobra conocido que el citado TC es un órgano esencialmente político y no jurídico, cuyos miembros acceden al mismo no en función de su trayectoria profesional, como sería deseable, sino más bien gracias a los apoyos políticos con los que cuentan y siempre de la mano de algún partido, a los que servirán en lo sucesivo. Esta sumisión al servicio del partido que los ha nombrado quedó sobradamente manifiesta desde la famosa sentencia TC111/1983, de expropiación de RUMASA, en la que su presidente, don Manuel García-Pelayo, decidió, gracias a su voto de calidad, inclinar la sentencia a favor del gobierno socialista que lo había aupado al cargo.

Desde entonces y a raíz de dicha sentencia el Constitucional quedó absolutamente desacreditado, un descrédito que no ha hecho más que empeorar en los treinta años siguientes.

Resulta difícilmente creíble que en un tribunal político, como es el caso del TC, la afiliación de sus miembros no suponga un grave condicionante en su independencia e imparcialidad a la hora de emitir sentencias; como resultaría poco fiable ver a un socio del Barcelona o del Madrid pitando una final de la champions entre ambos clubes; pero en esta “España del todo vale” ya nada nos sorprende, aunque nos inquiete y es, además, obligado reconocer que en nada es comparable el nivel de exigencia ética en una competición deportiva con el que se le pide a nuestros tribunales superiores de justicia, cuyos miembros ejercen de rodillas ante el poder político, pagando el humillante peaje de su nombramiento.

En un país como el nuestro en el que, del Rey abajo, la corrupción, la falta de ética y la inmoralidad son la norma y el santo y seña de todas las instituciones del Estado, que el individuo que preside el Tribunal Constitucional fuera una persona competente, independiente e intachable sería una verdadera aberración, un escándalo para sus contemporáneos; pero que las personas que han sido llamadas a ser garantes de que exista una verdadera independencia judicial se conviertan, por el contrario, en juez y parte de los casos juzgados, son una vergüenza para los ciudadanos y un descrédito para el país.