Política y código penal

La acción política no queda al margen del código penal. Si un ciudadano incurre en alguno de los delitos (previa instrucción del caso, obviamente), podrá ser castigado. Si el ciudadano además es funcionario, en especial militar, está sometido a unas circunstancias singulares. Y si el ciudadano ocupa un cargo político de responsabilidad, tanto en un partido y no digamos si es en la administración -en cualquiera de nuestras tres administraciones-, aún más, porque su responsabilidad derivada de su nivel de decisión y de su visibilidad pública es muy grande.

El ámbito político es político, pero sometido a la ley. Dejo de lado la cuestión del aforamiento, en mi opinión un misterio y un auténtico contrasentido cuando la exigencia de ejemplaridad ética y legal debería ser directamente proporcional a la visibilidad y responsabilidad de los cargos públicos. Sin prejuzgar nada ni a nadie, Dios me libre, máxime desde mi ignorancia jurídica, me formulo unas cuantas preguntas para tratar de dirimir algo muy simple: los cargos públicos como jefes de gobiernos nacional y autonómicos, ministros, consejeros, presidentes de diputaciones, alcaldes, concejales, directores generales, secretarios generales y cargos varios de alto perfil político en partidos y sindicatos… ¿están al margen del Código Penal? Seguro que no lo son, pero sus declaraciones parecen a veces llamamientos reiterados a la desobediencia de las leyes, en especial de la Constitución. ¿Son solo verborrea amparada por la libertad de expresión política, a modo de kale borroka verbal y low cost, como si hubieran sido dichas durante un mitin electoral perpetuo? ¿en qué circunstancias serían constitutivas de delito?

Pongo solo tres ejemplos de los muchos que cualquiera puede encontrar en las hemerotecas. Obvio, por archiconocidas, las reiteradas declaraciones del señor Mas. El primer ejemplo es el de la consejera catalana de enseñanza, que hizo un llamamiento a hacer cumplir la ley de la Generalitat en caso de que prosperase la entonces propuesta nacional de reforma del sistema educativo conocida como LOMCE. El segundo, el de quien siendo en octubre pasado consejero de Interior en funciones de la Generalidad, parece que animó a los Mozos de Escuadra a respaldar una supuesta secesión unilateral. El tercer ejemplo refuerza el segundo, y se produjo el pasado mes de agosto cuando el comisario jefe de esa policía autonómica aseguró que si el Estado no autorizase la consulta, los Mozos estarían "al lado" del gobierno autonómico catalán. Podría citar un cuarto ejemplo, como fue la declaración de soberanía del Parlamento catalán de comienzos de año, pero la dejo al margen por parecerme algo más impersonal.

Quizá nada de esto resulte demasiado llamativo para quien escuche por primera vez estas soflamas victimistas de los nacionalismos, alguna de cuyas fuerzas políticas suscribieron en 1998 la Declaración de Barcelona. Y quizá lógicos lodos para quien haya estado al tanto de aquellos polvos. En Ciencia Política se tiene por asumido que el derecho de autodeterminación queda relegado para los pueblos colonizados o sujetos a un gobierno ajeno o racista. Por ejemplo, sería el caso de Gibraltar, ahora que está de moda.

Sin embargo, para un pueblo enmarcado en un Estado independiente propio, ni colonial ni racista, ese supuesto derecho se queda en el de alcanzar los derechos y libertades característicos de la sociedad democrática. No parece razonable aceptar que los catalanes, por ejemplo, vivan sojuzgados y alienados. No creo que se lo crean. Otro tema interesante es el concepto de pueblo, pero no viene al caso. En todo caso, también se admite que las secesiones, como alteración sustancial de la estructura del Estado, deberían producirse dentro del marco legal, siempre y cuando el sistema –la sociedad, los partidos, la administración, los poderes, las leyes- así lo determinase. Como una cosa es la arena política y otra la jurídica, esta muy desconocida para mí, es por lo que me vienen mis zozobras.

Intento hacerme una idea clara y deseo que quienes nos gobiernan también la tengan. Porque, como ha escrito Antonio Muñoz Molina, a ver si resulta que vemos y admitimos tan encumbrados a algunos políticos porque fueran muy inteligentes, cuando en realidad quizá esté ocurriendo es que nos parezcan inteligentes nada más que por lo sumamente poderosos -incluso para no cumplir las leyes- que son.

Y es que, con mis gafas de analfabeto jurídico, leo desconcertado en el Código Penal delitos que aplican a quienes se salten las leyes y también a quienes lo consientan. Leo que hay un delito de abandono de destino. Y el de omisión del deber de perseguir delitos. Y el de rebelión, bajo algunas formas que quizá nos suenen a todos. Cito algunas: derogar, suspender o modificar total o parcialmente la Constitución; destituir o despojar en todo o en parte de sus prerrogativas y facultades al Rey o al Regente o miembros de la Regencia, u obligarles a ejecutar un acto contrario a su voluntad; declarar la independencia de una parte del territorio nacional; sustraer cualquier clase de fuerza armada a la obediencia del Gobierno… También es delito -de sedición- el alzamiento público y tumultuario para impedir, por la fuerza o fuera de las vías legales, la aplicación de las Leyes o a cualquier autoridad, corporación oficial o funcionario público, el legítimo ejercicio de sus funciones o el cumplimiento de sus acuerdos, o de las resoluciones administrativas o judiciales. Y el de inducir, sostener o dirigir la sedición o aparecer en ella como autores principales… ¡sobre todo si fueran personas constituidas en autoridad! Esto es el vigente Código Penal en estado puro.

Seguro que nada de lo que acontece es el caso, pero durante mis asombros me pregunto, de forma tan cansina como cansino me resulta el discurso secesionista diario, acerca de la voluntad política de respuesta no solo política (perdón por la reiteración) por parte del Estado sino legal si fuera necesaria.

No me cabe ninguna duda de que la voluntad existe, pero a veces me entretengo en imaginar escenarios alternativos tan improbables como arriesgados. En el caso de nuestros independentismos, si el sistema dejase hacer al antisistema, tendríamos un problema. Y si el antisistema formase parte del sistema, el problema sería aún más grave. Un enigma insondable para algunos pero completamente resuelto a buen seguro por quien corresponda, para tranquilidad de todos.

El caso es que, viendo las noticias que publican los medios, mi inocencia y mi ignorancia me llevan a la sorpresa de percibir, seguro que de modo erróneo, cómo a veces unos pocos funcionarios de alto nivel son puestos en la picota, cuando no sancionados, inmediatamente después de unas declaraciones, mientras que otros servidores públicos y algunos políticos con responsabilidades relevantes parecen irse de rositas a pesar de su decir y de su callar y de su hacer y de su no hacer, naturalmente en el supuesto del todo hipotético y muy altamente improbable de que estuvieran delinquiendo por activa y por pasiva.

Hace poco, iba yo en taxi atravesando Madrid. La radio daba noticias acerca de la corrupción que parece impregnar la política y de la cuasi impunidad con que parecen moverse unos y otros. El taxista bajó el volumen y me dijo “Pero que nos pillen a usted y a mí escurriendo el bulto a Hacienda. ¿Y qué me dice usted de los nacionalistas y de los que no lo son? La última tangana, la que montan los nacionalistas en la diada. Yo creo que no vale todo. Diálogo sí, pero dentro de la ley, ¿no le parece?”. Y el taxista y yo coincidimos en que hay cosas bastantes más importantes que los arcanos de las decisiones olímpicas.