La dignidad del cargo

Presuponemos que cuando un individuo asume voluntariamente la representación de otros, adquiere una responsabilidad, que va inherente al cargo y que, en cierta manera, le condiciona en sus comportamientos, al menos en lo que se refiere al ámbito público.

Del Rey para abajo, la más alta representación ciudadana a la que puede aspirar cualquier ciudadano español es presidir el gobierno de su propio país. Dicho honor debería ir acompañado, al menos según los postulados de la teoría política, de una elevadísima exigencia, tanto profesional como ética, dado que dicho cargo institucional se constituye en modelo y referencia para el común de los ciudadanos.

Sin embargo, desde hace ya décadas y en contra de la tan pregonada regeneración democrática que debería suponer el cambio de régimen, los gobiernos de España han estado presididos por sucesivos individuos que, en lugar de la eficacia, la honradez y la búsqueda del bien común que se les presupone, han dirigido el país siguiendo otros criterios, más partidistas que comunitarios, en los que el latrocinio, la corrupción institucional, la soberbia y la incompetencia han marcado las líneas generales de su gestión. Y así hasta llegar al actual gobierno, presidido por don Mariano Rajoy.

Adoptando, como línea maestra de su gobierno, el incumplimiento sistemático del programa electoral que le llevó a obtener la mayoría absoluta que le respalda y defraudando así la confianza de los millones de españoles que le votaron, no ha sabido en ningún momento dar una solución adecuada a los múltiples casos de corrupción que han rodeado tanto a su partido como a su gabinete.

Desde la Ministra de Sanidad, Ana Mato, con sus múltiples escándalos, Jaguar y vacaciones pagadas incluidas, con la trama Gurtel, hasta la impresentable amnistía fiscal protagonizada por su Ministro de Hacienda, el señor Montoro, probablemente para que todos los políticos cleptócratas que tanto abundan en esta España “democrática” pudieran legalizar lo robado en los años precedentes a un tipo de cotización preferente, pasando por su Ministro de Justicia, el señor Gallardón, ruina económica del Ayuntamiento de Madrid y también salpicado por el caso Urdangarín, hasta él mismo, el propio Presidente del Gobierno, que ha sido acusado por el tesorero de su partido, don Luis Bárcenas, de haber recibido múltiples pagos en dinero negro desde los tiempos en que era ministro del gobierno de Aznar.

Incapaz de dar cumplida respuesta, parlamentaria y pública, a tan graves acusaciones e ignorando, sin duda, que el que calla otorga, el señor Rajoy se esconde y aplica el que es su principal, probablemente su único, principio político, “el dejarlo correr”, ofreciendo así al mundo la lamentable imagen de un país, que hace ya lustros que ha dejado de ser grande, presidido por un individuo con más miedo que vergüenza, indigno del cargo que representa e incapaz de afrontar sus propias responsabilidades políticas y de un pueblo que, desarmado y cautivo por la partitocracia reinante, no encuentra los resortes necesarios para poner coto a tanto inútil y tanto inmoral.