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Seguramente la mayoría de ustedes ya no se acuerden del caso Sogecable, en el que se vio implicado don Jesús de Polanco, todopoderoso por aquel entonces presidente del grupo PRISA, y las consecuencias que el mismo trajo para su juez instructor, el juez don Javier Gómez de Liaño, condenado por el Tribunal Supremo a 15 años de inhabilitación por un delito continuado de prevaricación y que le supuso la expulsión de la carrera judicial. Tras negarle amparo en España el Tribunal Constitucional, fue el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo el que restituyó el honor del juez, reconociendo que había sufrido indefensión y condenando a España a indemnizarle con 5.000 euros, por daños morales.

El pasado mes de abril, el Consejo General del Poder Judicial ha abierto un expediente disciplinario al juez don Elpidio José Silva, conocido por haber ordenado el ingreso en prisión, en contra del criterio del fiscal del caso, del expresidente de Caja Madrid, don Miguel Blesa, por la concesión de un crédito a don Gerardo Díaz Ferrán, expresidente de la CEOE, y por la compra del City Nacional Bank de Florida. El propio Consejo del Poder Judicial acabó por negarle el amparo y algunos medios de comunicación ya han propuesto al inhabilitación de tan osado juez

En ambos casos, en los que un juez se atrevió a instruir un proceso contra un “intocable” de la sociedad española, desafiando así a las más altas instancias de la judicatura, se siguió el mismo modus operandi: posicionamiento del fiscal del caso en defensa del imputado y en contra de la actuación del juez y descalificación pública del instructor seguida de la inhabilitación del mismo por los tribunales superiores.

A la vista de estos precedentes y con la instrucción que se trae entre manos el juez don José Castro, en la que figuran como imputados, una vez exculpada la Infanta Cristina, personajes de tan alto rango como don Iñaki Urdangarin, o los aforados don Francisco Camps y doña Rita Barberá, con los que el fiscal del caso actuó, contranatura, como parte defensora antes que como acusador, no sería de extrañar que el propio juez Castro aparezca, un día de estos, como sospechoso de cualquier turbio proceso maquinado en algún despacho judicial, para conseguir así apartarle de tan incómodo sumario.

Esta es la mezquina contradicción por la que transita la Justicia española, capaz de condenar sin titubeos a más de dos años de cárcel a una miserable por gastarse 180 euros, en pañales y comida para su hijo, de una tarjeta de crédito encontrada en la calle, pero a todas luces incapaz de aplicar esa misma implacable justicia con los poderosos que mueven los hilos de la política y de las finanzas del país.