De déficits, de deudas y …

ATALAYA.

Ahora que parece que todo el mundo va a empezar a pagar sus deudas, bueno, lo harán aquellos que reciban dinero por conductos varios, claro, pero lo que este asunto del pago de las deudas me trae a la mente no es otra cosa que la inyección de 35.000 millones de € -óigame, calderilla, eh-, que el gobierno va a facilitar a ayuntamientos y otros organismos de la administración pública, para que, vaciando los cajones de facturas pendientes puedan afrontar el cumplimiento de la obligación de pagarlas.

Hasta ahí todo parece indicar que vamos camino de convertirnos en un país serio, cuyas instituciones públicas cumplen con sus compromisos. Éstas fueron, más o menos, las palabras pronunciadas no hace muchos días por el propio presidente del gobierno, Sr. Rajoy. Y yo aplaudo, amigo lector, que nos vayamos convirtiendo en un país serio; mejor dicho, que recuperemos la seriedad, tantas veces perdida como tantas otras recuperada ¡vaya por Dios, qué cruz! Pero también aplaudiría, y seguro que con no menos energía, que también nos convirtiéramos en un país serio y competente para no adquirir más compromisos que aquellos cuyo cumplimiento podemos afrontar, sin comprometer aún más la fiabilidad a la que aspiramos.

No me olvido de la deuda que yo tengo que pagar con ustedes dando más vueltas a temas ya anteriormente comentados, no, no crea. Pero volviendo a lo del párrafo anterior, a este servidor de usted le gustaría que fuese explicada la situación contable de todas esas facturas que ahora se pretende pagar; por ejemplo ¿están previamente contabilizadas y controladas por los respectivos servicios de la Intervención? O ¿estaban simplemente ocultas y sin pasar por ningún control de la gestión pública? ¿Qué cantidad en un caso y en el otro? La situación de estos compromisos tiene su interés, créame, porque no solo afecta al sentido de la responsabilidad de los gestores públicos, sino también a una falsificación intencionada de la realidad, lo cual debería acarrear consecuencias, no solamente políticas, sino también penales.

Y si queremos volver a ser considerados como un país serio, ese sería uno más de los grandes caminos a recorrer: la depuración de responsabilidades. Que ningún gestor público, o gestor de recursos públicos, disfrute de impunidad. Comparativamente, los gestores privados están mucho más alejados de la impunidad, aunque excepciones las haya y usted y yo ya lo vamos sabiendo.

Pero también tiene otra consecuencia, cuál es la de cómo afecta a nuestros bolsillos. Hace unos días escuchaba a unos ínclitos e inefables comentaristas, tales adjetivos son aplicables a la misma persona, créame, afirmar que los tales treinta y cinco mil millones no representaban incremento del déficit. Pues verá usted, mi amigo lector, según y como; cuando uno tiene contabilizada una deuda, si para pagarla tuviera que contraer un crédito la deuda seguiría siendo la misma (si no tuviéramos en cuenta, gastos, intereses, quitas, etc.), pero admitamos que seguiría siendo la misma, sólo que cambiando de acreedor. Ah, pero ¿qué sucede cuando tal deuda aflora “ex novo” por no estar contabilizada?

Primero, si tenemos efectivo se paga, con lo que disminuye en la
misma cuantía nuestro capital circulante; en tal caso, la deuda no aumenta, pero sí lo hace el déficit al incorporar gastos cuyas cuantías no estaban previstas en los presupuestos; por lo tanto, déficit.

Segundo, si no tenemos efectivo para pagar, y queremos hacerlo, no nos queda más remedio que acudir al crédito, con lo cual incrementamos el déficit y además la deuda. Y los aumentos en los déficits generan más deuda. Lo mismo le sucede a nuestro prestamista cuando no tiene dinero en caja. Esto lo sabe perfectamente el Sr. Montoro, y acabaremos por saberlo nosotros también cuando lo tengamos que pagar. Porque lo pagaremos, se lo aseguro. Como pagamos todo ¿quién si no?

Se preguntará usted que qué tiene todo esto que ver con la deuda que yo tengo de tratar un asunto como el de que el abaratamiento del despido no tiene que generar incremento en el desempleo. Lo iremos viendo juntos. Lo que verdaderamente afecta al desempleo es la caída de la actividad económica que no sólo sufre la crisis de los mercados, sino también en gran medida la inadecuación de las estructuras organizativas, ya sean empresariales, financieras o fiscales, y como consecuencia una menor capacidad de competir. Es por ello que se hacen tan necesarias las reformas en la reglamentación laboral (aunque no sólo en ella), reformas que permitan con menor coste la adaptación de las empresas a las nuevas realidades. Y ocurre que un gran número de empresas han tenido que desaparecer y otras estarán a punto de hacerlo por incapacidad de abordar los costes de una reestructuración.

¿Qué preferimos? ¿Reestructurarnos, o desaparecer todos? Que trabajen aquellos para los que hay trabajo, o que no haya trabajo para ninguno. Que soportemos entre todos, como ya lo estamos haciendo, el coste de los subsidios, siempre temporal, o una situación de desempleo absolutamente insostenible, de tal forma que ya no queden ni sostenedores (iba a escribir otra palabra con la misma raíz, pero …).

Mientras tanto, uno se entera de dos actitudes ciertamente contrapuestas. La de los empresarios, encargados por misión y por vocación de generar riqueza y empleo, que se proponen reducir los costes de sus organizaciones asociativas. Bien. A este servidor le falta ver que renuncian a las subvenciones que reciben de las distintas administraciones del Estado, y que sus actividades y servicios las financian con sus propios recursos. Y la de los sindicatos, que no parecen abordar nada más que aquellas a las que forzadamente se ven conducidos porque se quedan sin “caja” (parece que ya han emprendido algún ERE que otro). Eso sí, continuarán con su fiesuelga, bajo un nuevo y curioso argumento esgrimido por uno de sus preclaros líderes: esta reforma laboral pareciera escrita por los empresarios. Bueno, este argumento merecería cierta credibilidad si sus organizaciones resultaran sostenibles, y sostenidas por sus propios afiliados, sin las escandalosas contribuciones del Estado. Entonces sí, estarían dando la medida de su propia capacidad, y todos veríamos de qué manera cambiarían sus propuestas.

No sé si comencé a pagar deudas con los asuntos que con usted tenía comprometidas, pero como voy a continuar “dando la vara”, se lo prometo, poco a poco y cambiando de tercio de vez en cuando, iré cumpliendo. No obstante, hoy no quiero despedirme sin lanzar un nuevo reto: ¡Sr. Rajoy, acabe con las subvenciones, con todas!

Salve.