¡A callar!

En la España postfranquista, que no democrática, por la que transitamos existe una larga tradición de enriquecimiento ilícito a expensas o mediante la utilización de organizaciones benéficas como tapadera. Desde los tiempos de Carmen Mestre y la Cruz Roja o Luis Roldán con el Patronato de Huérfanos de la Guardia Civil hasta nuestros días, los innumerables corruptos sin escrúpulos que habitan la administración española se han valido de estas instituciones para lucrarse.

La tradición parece tener continuidad con don Iñaki Urdangarin, duque de Palma, presunto defraudador a través de la Fundación Nóos, a través de la cuál se ha dedicado a recaudar, de forma fraudulenta, grandes cantidades de dinero procedentes de diversas administraciones y empresas públicas.

Entre las múltiples noticias de distinta índole generadas por el asunto, llaman la atención las recientes declaraciones efectuadas por la infanta doña Pilar de Borbón, duquesa de Badajoz y tía política de Urdangarín que, preguntada sobre el asunto, desaprovechó una ocasión inmejorable para callarse y afirmó, probablemente tan carente de prudencia como sobrada de prepotencia: “nadie es culpable hasta que los jueces lo digan, con lo cual, ¡a callar!”

Sus palabras son profundamente reveladoras del talante democrático que profesa, dejan en evidencia a su alteza y, por añadidura, empañan todavía un poco más la ya maltrecha imagen de la Familia Real.

Salvando la presunción de inocencia que, como a cualquier otro ciudadano, ampara también al duque y que, sin duda, los ciudadanos debemos respetar, no es menos cierto que los varios millones de euros, cantidad todavía sin cuantificar, sustraídos por él de las cuentas públicas desde la citada fundación, no tienen nada de presuntos y, dada la procedencia de los mismos, los mismos ciudadanos e igualmente respetuosos, tenemos todo el derecho y, diría yo que hasta la obligación, de preguntar cuantas veces sea necesario, para tratar de conocer tanto su origen como su destino y a que se proceda a su devolución inmediata a las instituciones de las que han sido sustraídos.

Mientras esto no suceda, y dudo mucho que llegue a suceder algún día, los ciudadanos no debemos ni podemos renunciar, por mucho que le pese a doña Pilar, a pronunciarnos sobre el asunto. A eso, alteza, se le llama libertad.