En el buen camino

ATALAYA

Confieso que recibí con gran satisfacción el anuncio de las inminentes reformas que se van a producir en el sistema judicial español, todas ellas en el buen camino, y algunas muy especialmente, como las que persiguen la despolitización de los órganos de administración de la justicia y de representación de los jueces y magistrados.

Es esta una largamente por mi añorada medida, de la cual he procurado dar testimonio ante usted, mi querido amigo, en tantas cuantas oportunidades se presentaron –y se habrán de presentar, seguro-, y que cuando no lo fueron inducidas por circunstancias apropiadas, he sido yo mismo quien las ha provocado con el fin de compartir lo que considero que es la esencia de una sana convivencia a través de la garantía de que todos habremos de disfrutar de igual consideración dentro del orden social y cívico, sin privilegios de ningún tipo de clase y siempre con el objetivo (y objetividad), puesto en el bien común.

Hago esta afirmación con la “vehemencia” (una amiga a la que admiro y aprecio se sentirá citada), con la que conmigo mismo y eso otro yo al que tal vez con excesiva reiteración me refiero, pero que usted me disculpará, discutimos en el proceso intelectual de reafirmación de las convicciones, pocas, muy pocas, que inspiran mis opiniones; aquellas por las cuales espero ser reconocido,
independientemente del acuerdo o el desacuerdo que con ellas usted mismo pueda sentir, porque créame, no me importa tanto el acuerdo como la contribución al debate que debe estar permanentemente vivo entre las personas cuyo espíritu esté iluminado por ansias de libertad y de justicia. Vehemencia pues, como herramienta dialéctica para sostener con la adecuada firmeza lo que no son otra cosa que los frutos de conscientes reflexiones, y de haber visto pasar mucha agua debajo de los puentes.

Libertad y justicia. No son términos antagónicos. Nunca he aceptado la preferencia (atribuida a Goethe, no sé si con fundamento), de sacrificar libertad en aras de una mayor justicia. No estamos ante una disyuntiva, no; nos enfrentamos a una cuestión de máximos en ambos conceptos; el máximo de justicia es la garantía para obtener el máximo de libertad; quiero decir que cuanto más perfecta sea la organización de los regímenes jurídicos y judiciales (aquí tampoco es disyuntiva), mayores niveles se alcanzarán de igualdad en la defensa equilibrada de nuestros derechos, y también de los de los otros. Esto del “otro” es un asunto que olvidamos con bastante facilidad.

Pero no deseo desviarme de la cuestión que me (le) estoy planteando hoy: la independencia de quienes y de cómo han de aplicar en beneficio de todos el ordenamiento legislativo que en cada momento de la historia nos vayamos dando en tanto que miembros conscientes de una sociedad que pretende ser libre y justa. No debiera yo recordar aquí, porque usted de sobra lo sabe, que el ordenamiento legislativo tiene otra fuente diferente: los parlamentos; en ellos es en donde se elaboran las leyes por las que se ha de regir la convivencia. Y ese es otro problema, pero que no “toca hoy”, aunque fácilmente se vea que está relacionado ¿verdad? Leyes justas por un lado, justa exigencia de su cumplimiento por el otro. Y uno no puede ser correa de transmisión del anterior. Ni tampoco de la tercera parte implicada: el gobierno.

De ahí que hoy, estos servidores de usted saluden con mucho calor la intención de desvincular la función judicial de las otras dos estructuras del estado, igualmente de básicas, pero con fines claramente diferenciados. Montesquieu no ha muerto, al menos por el momento. Creo que ya nos basta con tener que soportar, con harta frecuencia, la forma en la que el sectarismo político influye en la elaboración de las leyes; bueno será que, al menos, los criterios profesionales con los que se sentencien las causas sometidas a la jurisdicción de jueces y magistrados, incluso aquellas en las que tengan que dirimir conflictos con y entre las otras dos estructuras, estén exentas al máximo posible de tal sectarismo, y libres de su influencia en sus particulares órganos de gobierno y representación.

Nos parece este, el de la independencia de los jueces y sus órganos, tan meridianamente claro y necesario, que resulta de muy difícil comprensión la oposición manifestada por algunos grupos políticos a tal medida, justo los que tienen miedo a la independencia de criterio y a la libertad, y que solo se explicaría por su deseo de mantener una situación de la que han obtenido, y pretenderían seguir obteniendo, réditos de su influencia partidista. Pero no contentos con expresar su disconformidad, anuncian que la derogarán en cuanto vuelvan al poder. Bueno, eso será en cuanto les permitamos volver al poder, y aún después ya veremos si se lo permitimos ¿o es que nos ven pintados en la pared? En cuanto estas medidas pasen de las intenciones a los hechos, se culminará la primera parte del problema; de la segunda, hablaremos.

Salve, amigo mío.