El desprecio por el conocimiento

Acaba de tomar posesión el nuevo Gobierno de España, presidido por don Mariano Rajoy y, en consecuencia, deberá comenzar a tomar también serias medidas de ajuste presupuestario destinadas a equilibrar las cuentas del Estado. Pese a que, después de un discurso de investidura sin definición alguna, no se ha concretado ninguno de los recortes, todo parece indicar que los servicios sociales y especialmente la sanidad y la educación, estarán en la primera línea de la parrilla de salida a la hora de iniciar el tijeretazo presupuestario.

Corren malos tiempos para poder seguir manteniendo la política sanitaria que se ha venido aplicando en España desde los años del franquismo. El principio de cobertura sanitaria universal y gratuita se está tambaleando, por obra y gracia de nuestros gestores políticos, cuyas necias decisiones tomadas en el pasado nos han llevado a la precariedad económica actual, y cada vez son más las autoridades, tanto autonómicas como estatales, que proponen cambios tendentes a que la ciudadanía contribuya a la financiación de los servicios sanitarios: el copago parece estar a la vuelta de la esquina, de la esquina que acaba de doblar el nuevo gobierno, quiero decir.

Los protagonistas de la política, con el gobierno popular al frente, como una casta especial y sin distinciones partidistas, quieren establecer recortes en el gasto sanitario y, por añadidura, en todos los demás gastos que engloban las políticas sociales, sin tener en cuenta que dichas políticas constituyen un logro alcanzado a lo largo de décadas, por la propia ciudadanía y no de los políticos que tan nefastamente la representan. Por otra parte, resulta difícilmente asumible para un ciudadano de a pie ver como se recortan sus derechos más básicos, y la sanidad sin duda lo es, cuando aquellos que toman dichas decisiones no tienen el menor reparo en mantener todo el entramado de privilegios que tan generosamente vienen disfrutando en todos los ámbitos de su actividad, ya sea en ayuntamientos, diputaciones, Senado, embajadas, etc., o los ruinosos aparatos propagandísticos que suponen las radiotelevisiones públicas que, tan inútiles como caras, proliferan en todas las administraciones, desde el propio Estado hasta los ayuntamientos más insignificantes, constituyendo un entramado ruinoso para quien tenga unos mínimos conocimientos de gestión.

El trasfondo de la cuestión es que, a lo largo de estos años que llevamos de supuesta democracia, se ha venido aplicando reiteradamente, dentro de la organización de los propios partidos, una “política de desprecio por el conocimiento y el esfuerzo”, cuyos resultados están a la vista, si nos atenemos al nivel de formación académica y profesional del que hacen gala muchos de nuestros representantes, el cual puede constatarse simplemente con una breve ojeada al currículo de las personas que han ido ocupando los distintos ministerios en los sucesivos gobiernos democráticos, especialmente durante las últimas legislaturas. No se trata, en esencia, de un problema de siglas, sino más bien de una postura filosófica ante lo que debe ser la gestión pública. La estúpida pero extendida creencia entre nuestra clase política y también entre gran parte de la ciudadanía, de que cualquier “Sancho” que posea un “carnet” puede ser válido para desempeñar las más altas responsabilidades en su particular “ínsula Barataria” dentro de la administración nos ha llevado, y sin visos de mejoría en un futuro próximo, a que se hayan depositado elevadísimas responsabilidades dentro de la gestión del Estado en manos de verdaderos vividores de la política, cuyo único aval para desempeñarlos eran el pedigree familiar y el carnet del propio partido: pobres alforjas para tan exigente viaje.

En un país como el nuestro, en el que la formación académica y profesional ha alcanzado un gran nivel de excelencia, acorde con los países de nuestro entorno, en el que existen profesionales especializados en todos los campos de la ciencia y de las letras, capacitados para el desempeño de las más altas funciones, se ha ido relegando a dichos profesionales a papeles secundarios para abrir paso a toda una legión de inútiles que, a falta de una mejor ocupación, han ido trepando en el escalafón de los partidos hasta acabar ocupando puestos de tal relevancia que su presencia causa vergüenza ajena. De los desmanes del pasado vienen los desastres presentes. Del futuro, si no viramos el rumbo radicalmente, y espero fervientemente que Rajoy lo haga, mejor ni hablar.