Hipocresía abortiva

El Instituto Nacional de Estadística acaba de publicar la cifra de abortos realizados en España durante el pasado 2010: un total de 113.000. Se trata de 113.000 seres humanos a los que se les ha privado de su derecho a vivir, algo así como el total de la población de la capital de Galicia y sus alrededores. La dimensión del problema se hace más evidente si comparamos esta cifra con el número total de nacimientos, que para el primer semestre del mismo año 2010 fue de 253.373, lo que suponen aproximadamente unos 500.000 nacimientos para todo ese año, de los cuales una quinta parte, unos 100.000, pertenecen a madres inmigrantes. Por tanto, el número de abortos realizados durante ese mismo período suponen algo más del 20%, (una quinta parte), del total de los fetos nacidos vivos.

Hablar del aborto en nuestro país es tocar un tema especialmente escabroso, proclive a desatar discusiones más viscerales que intelectuales, en el que se solapan distintas sensibilidades, que van desde los ámbitos ético o religioso hasta otros facetas más próximas a la lucha de clases o a la siempre perseguida y nunca alcanzada igualdad de género, todo ello aderezado con polémicas de tipo jurídico, biológico o de índole moral. En cualquiera de los casos y se vea como se vea, resulta difícil justificar, aunque sólo sea desde el punto de vista demográfico, semejante carnicería humana.

Por mi parte, me limitaré a ofrecer algunos datos, cuyo conocimiento deja a las claras que el problema del aborto en España es, entre otras muchas cosas, un gran negocio, una gran hipocresía colectiva y, sobre todo, una gran tragedia personal y social, especialmente para aquellas mujeres que sobreviven arrastrando en su conciencia tan desasosegante experiencia.

Es un gran negocio porque la casi totalidad de los procedimientos abortivos, en concreto el 98´16% de los mismos, se han realizado en centros privados, con la consiguiente inyección de liquidez económica que supone para los mismos tan macabra práctica; si bien fueron financiados con dinero público, el mismo dinero que la administración sanitaria está recortando, o directamente negando, para mantener determinadas prestaciones sanitarias básicas, bajo el paraguas de la tan manida crisis económica.

Es una gran hipocresía colectiva debido a que, al amparo de los 3 supuestos históricos: violación de la madre, malformación fetal y riesgo vital para la embarazada, se ha desatado una auténtica barra libre a la hora de abortar; ¡este sí que es un genuino derecho universal y gratuito! De los 2 primeros supuestos, decir que tan sólo el 0´01%, (lo que suponen un total de 10 casos por cada 100.000 abortos realizados), están justificados por haber padecido una violación y los debidos a riesgo fetal están por debajo del 2% del total; mientras que el resto, lo que supone la práctica totalidad de los mismos, se justifican por el riesgo que corre la salud de la madre gestante, y es precisamente bajo este supuesto por el que, de facto, se está practicando una política abortiva a la carta, a gusto del consumidor.

Pero, por encima de todo, el aborto supone una gran tragedia personal para cada una de las mujeres que han padecido esa experiencia, una tragedia que acabará, sin duda, marcando el resto de su existencia y además una gran tragedia colectiva que, pese a pasar desapercibida para una gran mayoría de la ciudadanía, que permanece ajena a esa circunstancia, es encarnizadamente reveladora del estado de degradación ética en la que hemos caído. En esta sociedad que vive deslumbrada y esclavizada igualmente por la opulencia y la comodidad, por la cultura del ocio y el hedonismo, donde lo residual y lo superfluo han ido relegando al olvido a todo lo que tenga marchamo de esencial o de éticamente correcto, el aborto no es más que el fruto de una conciencia social acomodaticia y relajada, donde resulta más fácil cerrar los ojos o simplemente mirar a otro lado, que afrontar de cara y con decisión los problemas que nosotros mismos hemos generado. Sin embargo, tengo el firme convencimiento de que semejante injusticia no puede permanecer impune de forma indefinida y algún día las silenciadas voces de cientos y cientos de miles de seres en gestación, cuyas vidas fueron cercenadas por las personas llamadas, por naturaleza, a protegerlas, se harán oír y, de una u otra manera, nuestra sociedad tendrá que pagar, con sus correspondientes intereses, la factura que tan macabramente hemos ido dilatando durante tantos y tantos años.