Política de prioridades

El gobierno de la Comunidad Valenciana acaba de aprobar un expediente de regulación de empleo (ERE), que afecta a la mitad de la plantilla de investigadores que trabajan en el Centro de Investigación Príncipe Felipe (CIPF). Dicha plantilla contaba hasta ahora con unos 235 científicos y, tras ser aplicado el ERE promovido por el gobierno regional valenciano, del que depende, quedará reducida a unos 121 investigadores.

Conviene recordar que el presupuesto asignado para el normal funcionamiento del CIPF no alcanzó en el año 2009 los 10 millones de euros, concretamente se financió con 9´7 millones, una cifra similar a la presuntamente defraudada por la fundación Nóos, que preside el duque de Palma. Dicho presupuesto se verá reducido en el próximo 2012, una vez aplicado el recorte que impone la Generalitat Valenciana, a unos 4´4 millones de euros, lo que condenará irremisiblemente al desmantelamiento de la mayor parte de las líneas de investigación biomédica que se están llevando a cabo en dicho centro.

Por otra parte, mientras se desmantela el CIPF, el 5º centro de investigación más importante de España y uno de los 150 más prestigiosos del mundo, el mismo gobierno valenciano y, consecuentemente, el partido que lo sostiene o sea, el Partido Popular, siguen destinando cantidades ingentes de dinero a mantener esa ruina pública que es la televisión autonómica, el Canal 9. Dicho canal autonómico supone para las arcas autonómicas un gasto que supera los 200 millones de euros anuales, con una deuda acumulada que alcanza los 1.100 millones de euros, y da empleo a unos 1800 empleados, muchos de los cuales son, sin duda, parientes y amigos de los comisarios políticos, del Partido Popular por supuesto, que controlan las plantillas y los contenidos, ¡y de forma especial el aparato propagandístico! del ente audiovisual.

Estamos hastiados de oír a Rajoy y a la cúpula de su partido, que el Partido Popular dará prioridad a lo esencial sobre lo superfluo a la hora de aplicar los recortes y procurará eliminar los gastos de aquellas instituciones que no sean esenciales para la sociedad del bienestar. Por otra parte, desde hace ya muchos meses, los políticos más relevantes de PP vienen insistiendo en que tenemos que modificar nuestro sistema productivo, abandonando el ladrillo, para potenciar el conocimiento y la investigación; pero, a la vista de los hechos, empiezo a albergar serias dudas de que los dirigentes populares valencianos y, por ende, los dirigentes nacionales del partido, de los que aquellos dependen jerárquicamente, tengan claras cuáles deben ser las prioridades en una sociedad que quiere desarrollarse equilibradamente. El anteponer propaganda y clientelismo a investigación y desarrollo es muy revelador del modelo de gestión que van a imponer los populares y hace que se enciendan las alarmas entre la ciudadanía por lo que se nos viene encima.

Visto lo visto, parece imprescindible establecer una verdadera política de prioridades y, para empezar, sería higiénicamente recomendable hacer un primer e irrenunciable ERE sobre aquellos políticos, con todos sus nombres y apellidos, que han provocado esta ruina, ya que, de seguir así, la calle se presume muy caliente a lo largo de la próxima legislatura.