Recortes a la carta

De un tiempo a esta parte, y a la sombra de la crisis que todo lo domina, están surgiendo noticias cada vez más inquietantes sobre los recortes que están haciendo las distintas administraciones en las prestaciones sociales que disfrutan los ciudadanos y, de forma especial, en lo que se refiere a la sanidad pública.

El argumento básico que se esgrime es la ausencia de recursos económicos suficientes para mantener el nivel de prestaciones actuales. La falta de dinero impide que servicios básicos para la ciudadanía, como la educación o la sanidad, sigan funcionando a su ritmo habitual. Al parecer hemos pasado de competir en la champions league de la economía mundial a ser, simple y llanamente, un país pobre.

Sí, somos un país pobre para ofrecer prestaciones sanitarias adecuadas a nuestros ciudadanos, o para cubrir los gastos que conlleva la ley de dependencia, o para mantener una educación de calidad. Somos, en fin, un país pobre para poder cubrir todas aquellas pequeñas e imprescindibles necesidades básicas que garantizan un mínimo de dignidad a las personas y sin embargo sobra dinero para seguir pagando, con criterios de puro derroche, unas televisiones públicas que no son otra cosa que un nido de enchufados políticos al por mayor y unas empresas ruinosas desde el mismo día de su fundación. Seguimos siendo ricos para mantener las Diputaciones, el Senado, los miles de Ayuntamientos inútiles, las Embajadas de mentirijilla, los innumerables coches oficiales, los mayordomos para uso privado, las dietas de lujo, los trajes a medida, las comisiones nocturnas de gasolinera, y un largo e innombrable etcétera.

Pero existe una alternativa a todo esto, al igual que ha ocurrido con la empresa privada, y es que también las distintas administraciones públicas, como han hecho las cajas de ahorro y otros grupos empresariales, se fusiones entre sí, tratando de encontrar “sinergias” y una mayor operatividad, con la consecuente reducción de plantillas y, por tanto, de gasto. En esta “reconversión político-administrativa”, algunas fusiones serían naturales, por el simple hecho de compartir los mismos objetivos; tal sería el caso de Cataluña y el País Vasco, con el objetivo común de la independencia; Andalucía y Extremadura podrían aunar esfuerzos para mejorar el PER, Valencia y Murcia por ver quien consigue tener una deuda más abultada, etc. y el resultado económico sería, consecuentemente, muy ventajoso para la ciudadanía.

En todo caso, parece ineludible que habrá que hacer recortes a todos los niveles. Por mi parte y para empezar, considero que una vez que se cierren todas y cada una de las radios y televisiones públicas, una vez que desaparezcan todas las Diputaciones provinciales, una vez que se cierre el Senado y todas las pseudoembajadas regionales, una vez que el número de Diputados, al igual que las prebendas que disfruta cada uno de ellos, se vean sensiblemente reducidos, una vez que el número de los miles de ayuntamientos, y con ellos la legión de vividores que los ocupan, se vean recortados a la mitad y todas y cada una de las taifas que suponen las autonomías vean reducido el número de sus políticos y funcionarios a los imprescindibles para realizar sus limitados cometidos, o sea, a menos de la mitad de los actuales; entonces y sólo entonces, las autoridades llamadas a tomar las medidas encaminadas a aumentar la penuria en la que viven sus vasallos tendrán un mínimo de autoridad moral para llevarlas a cabo.

Mientras esto no ocurra, a los ciudadanos, ante tanta desfachatez, sólo nos quedan dos alternativas: inclinarnos, poner nuestra espalda como suelo y hacer camino para tanta inmundicia; o bien otra, mucho más irreverente y violenta, que sería desalojar de la actividad pública a toda esta banda de parásitos y vividores y devolverlos a su inútil existencia anterior. Mientras esto no ocurra no habrá futuro para nuestra sociedad.