A robar, que se acaba el mundo

Dicen los entendidos que, según el calendario Maya, el mundo que conocemos tiene fecha de caducidad, de tal forma que el fin del mundo tendrá lugar el próximo año, en concreto el día 21 de Diciembre de 2012.

Conocedores, tal vez, de tan significativa y fatídica fecha, los personajes “más relevantes” de nuestra sociedad se han apresurado a llenar sus alforjas con todo lo que puedan acaparar, con la única condición de que proceda del erario público, a sabiendas de que ya queda poco tiempo para el disfrute y la vida disipada. En la política ya no nos sorprenden los escándalos que, sin distinción de siglas ni colores, salpican toda la geografía española; desde los EREs andaluces, a los “trajes” valencianos, las “embajadas” catalanas o las comisiones del “Nupel” gallego, pasando por los cejateros de la SGAE, toda la actividad política nacional se ha visto contaminada por el latrocinio y la corrupción generalizadas.

Más sorprendente es, sin embargo, y especialmente después del proceso de recapitalización llevada a cabo por el FROB, la oleada de escándalos protagonizada por los directivos de distintas cajas de ahorro. A la situación protagonizada por Juan Pedro Hernández Moltó, ex diputado socialista y ex presidente de Caja Castilla-La Mancha (entidad que, tras ser declarada en quiebra por el Banco de España, debido a la nefasta gestión llevada a cabo por el citado Hernández Moltó, precisó 7.100 millones de euros para ser rescatada), que, tras llevar a la quiebra a la entidad castellano-manchega, se fue de rositas, eludiendo cualquier tipo de responsabilidad personal o profesional en la gestión de la misma.

No siendo bastante con el ejemplo de Hernández Moltó y CCM, a ésta le siguió Catalunya Caixa, presidida por otro insigne socialista, don Narcís Serra que, al parecer es tan buen gestor en la empresa privada como demostró serlo en la administración pública durante sus años en el gobierno de Felipe González; y la Caja Mediterráneo, también quebrada y rescatada por el FROB, cuya directora general, doña María Dolores Amorós, pactó con su presidente, don Modesto Crespo, un sueldo anual de 593.040 euros y una pensión vitalicia de 30.791 euros mensuales, (unos 369.497 euros anuales), sin duda cifras más que merecidas para premiar tan brillante gestión, que llevó a la entidad a la ruina más absoluta y a los contribuyentes españoles a gastarse, vía FROB, una multimillonaria cifra de euros.

Pero, por si fuera poco tanto dispendio en nuestras cajas de ahorro, nos quedaba la guinda gallega, ¡el más difícil todavía del fraude masivo en gestión bancaria!, y acabamos de enterarnos de que en el finisterre hispánico se igualan, y superan, todos los records de la desfachatez y el despilfarro con el dinero público. Es así que, don José Luis Pego, ex director general de Novacaixagalicia, se retira con la suculenta “gratificación” de 10´8 millones de euros (más de 1500 millones de pesetas), como merecido premio a su brillante administración de la entidad bancaria, que llevó a la misma a la quiebra más absoluta; su compañero en el consejo de administración de la entidad gallega, don Gregorio Gorriarán, ex responsable del grupo inmobiliario de la entidad, (probablemente la división que ostenta una mayor responsabilidad en la quiebra de la institución), recibirá 7´5 millones de indemnización y Javier García de Paredes, ex director general adjunto, 5´3 millones de euros. Todos estas cantidades procedentes, sin duda, de los 2.700 millones de euros que el FROB o, lo que es lo mismo, los españoles depositamos para garantizar la viabilidad de la citada caja.

Pero, ¡seamos positivos!, pasará el 2012 y le seguirá un 2013, que esperamos sea más benevolente y compasivo con nuestra sociedad y seguirán ahí, para su vergüenza y nuestro desprecio, todos estos personajes, enriquecidos a costa de lo ajeno que no han tenido el menor pudor en llevarse las “últimas migajas” que quedaban en la caja de unas empresas a las que tan diligentemente habían arruinado previamente. Y es que, como muy bien decía la ministra Carmen Calvo, “el dinero público no es de nadie”.