Política de genéricos

Desde principios de año, y a la sombra de la crisis, anda entusiasmada la titular de Sanidad de la Xunta de Galicia, doña Pilar Farjas, debido al importante ahorro obtenido en la factura farmacéutica desde que su consellería implantó el catálogo de medicamentos genéricos. Dicha factura farmacéutica supuso en el pasado año y para el conjunto del Estado, aproximadamente un 1´8% del PIB, el equivalente a un 20% del total del gasto sanitario, lo que suma aproximadamente unos 13.000 millones de euros, ¡exactamente lo mismo que se gastó Zapatero, para mayor gloria y honra de su propia memoria, en los dos brillantes “planes E”!

El trasfondo que subyace a todo esto es que, en la España de hoy, se ha impuesto la política del genérico, la que emplea productos de baja calidad, en todos los ámbitos sociales, empezando por la propia clase dirigente, que ha visto como los políticos, con mayúscula, que precedieron a los de esta generación, han sido reemplazados por genéricos de carnet, llámense éstos Pepiños, Pajines o la propia Farjas, con la salvedad de que éstos nos salen bastante más caros que los anteriores.

Dejando fuera de toda duda el importante gasto que supone la factura farmacéutica para las finanzas de la comunidad, lo que debe obligar a todas las administraciones y a los propios ciudadanos a tomar medidas para optimizar dicho gasto, y al margen de otras consideraciones más o menos interesadas, como pueden ser los intereses económicos de los laboratorios farmacéuticos y el freno que supone esta medida para la investigación farmacológica presente y futura, me gustaría, al albur de la polémica suscitada por la implantación del citado catálogo de genéricos y desde mi condición de prescriptor de medicamentos, hacer una pequeña reflexión acerca de este asunto, puntualizando lo siguiente:
1.-Los medicamentos genéricos se rigen por la Ley 29 de 2006 “De garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios”, que desarrolla otra ley anterior de 1997 y en la que se habilita la utilización de los genéricos una vez transcurridos 10 años desde la comercialización del medicamento original, debiendo presentarse éstos a la venta con la denominación de la sustancia terapéutica seguida de las iniciales EFG (Especialidad Farmacéutica Genérica).
2.-Un medicamento no sólo es una sustancia terapéutica, que lo es, sino también un conjunto de componentes farmacológicos añadidos, que configuran el soporte para esa sustancia terapéutica y que condicionan su capacidad de absorción, tolerancia por el organismo y eliminación, lo que, en conjunto, determinará la “farmacocinética” del mismo; de tal forma que las variaciones en la composición de este soporte farmacocinético alterarán también el efecto terapéutico y los efectos adversos del propio medicamento.
3.-Por otra parte, la imposición de un catálogo de medicamentos supone por si misma, como todas las imposiciones, una merma en las libertades de los ciudadanos; tanto la de los médicos, al conculcar la “libertad de prescripción”, principio básico éste que debe asistir a toda actividad médica, (sorprende en este asunto el mutismo de los Colegios Médicos que no se han pronunciado a este respecto temerosos, quizás, de que vean mermados desde la administración sus propios privilegios, tales como el de la colegiación obligatoria); como a la libertad de los propios pacientes para seguir tomando el mismo medicamento que desde hace años ha resuelto su patología sin causarle trastorno alguno; el mismo paciente al que se le niega el derecho a optar por el tratamiento original en lugar del genérico aunque esté dispuesto a abonar, de su peculio, la diferencia de precio entre ambos. Misión imposible, la ley obliga a llevarse el genérico o bien a pagar el importe íntegro del original; y ahí es donde radica una de las claves del ahorro en la factura farmacéutica, ya que muchos usuarios optan por pagar el total del original que venían tomando en lugar de llevarse gratis el genérico, unas veces por desconfianza en sus efectos y otras por haber experimentado efectos indeseados al tomarlo. Por expresarlo en cifras, pondré el ejemplo de un medicamento antiagregante plaquetario de precio relativamente alto; se trata del “Plavix”, cuyo precio al público es de 28´83 euros y de sus genéricos, los diferentes “Clopidogrel EFG”, cuyos precios oscilan entre los 21 y 22 euros. Mi pregunta es, ¿no sería más justo que, si un usuario quiere seguir tomando el Plavix en lugar de su genérico, tenga que pagar únicamente los casi 7 euros de diferencia que existen entre ambos, en lugar de pagar el total de los 29 euros que cuesta en farmacia?

La conselleira Farjas está entusiasmada por los millones de euros ahorrados por su departamento, mes tras mes, en la factura farmacéutica, probablemente víctima de una concepción de la sanidad excesivamente mercantilista; sin embargo, considero que, en lo referente a la política sanitaria, es extremadamente delicado guiarse por criterios exclusivamente economicistas y, aún reconociendo que la financiación es la condición inicial e imprescindible para mantener una sanidad de calidad, considero que en la política sanitaria deben primar los criterios de calidad, eficacia y satisfacción del usuario por encima de los argumentos puramente económicos y, en todo caso, antes de aplicar recortes en sectores tan sensibles para la sociedad como pueden ser la sanidad o la educación, debería aplicarse esa “política de genéricos” a otros ámbitos mucho menos delicados y que ofrecen más margen de maniobra, como pueden ser los innumerables privilegios de los que goza la propia clase política, tan avezada a la hora de recortar los servicios de los ciudadanos y tan generosa con sus propias prebendas.

Vayan por delante algunos ejemplos de genéricos, cuya implantación podría contribuir sustancialmente a mejorar la capacidad de ahorro de las distintas, y por otro lado abundantísimas, administraciones españolas: como genérico del coche oficial, el transporte público; para el business class, el low cost; como genérico del asesor político, el funcionario de carrera; genérico del halógeno y la moqueta, el bajo consumo y la plaqueta; el del mueble de diseño, Ikea; para las dietas de lujo, el menú del día; y así un largo etcétera. Si el grueso de nuestra clase política se aplicara el cuento, es posible que la sanidad, la educación y los servicios básicos dejaran de estar permanentemente cuestionados.