Regular los medios audiovisuales también implica a Internet

El otro día leía en un medio de comunicación que el presidente de la patronal de las televisiones en abierto le exigía al Gobierno una regulación legal de las plataformas, redes sociales y actividades de los y las influencers de la misma forma que se había hecho con ellas. Estoy totalmente de acuerdo con que se regule mediante una normativa específica todo aquello que afecta a Internet en relación a sus emisores y contenidos, como al acceso de los diferentes usuarios que participan de ellos.

Sin embargo, también hay que decir que durante muchos años en España, en general, y en Galicia, en particular, no hubo una regulación específica para las programaciones televisivas. A todo lo más, se adoptaron unas normas de autorregulación que, mayormente, las televisiones privadas incumplían sistemáticamente. Algo que conozco de primera mano, pues en alguna ocasión me tocó hacer propuestas concretas para el área de los menores de edad.

Así las cosas, desde hace casi dos años en España está en vigor la Ley 13/2022, de 7 de julio, General de Comunicación Audiovisual, que incorpora varias directivas europeas relacionadas con los medios audiovisuales. Lo que pone en evidencia que, aunque sea necesario acometer la regulación de Internet, no son los representantes de las televisiones privadas los que más deben urgir a que se haga, pues ellas no han hecho lo propio durante bastantes décadas y sólo se acuerdan de santa Bárbara una vez que Internet les está quitando parte de su negocio.

Pero, como señalé al principio, estoy totalmente de acuerdo que tanto políticos como representantes de las diferentes asociaciones de usuarios de Internet y de defensa de la infancia y la juventud hagan sus consideraciones para que los legisladores concreten en una norma tanto el acceso como la publicidad, las horas de emisión de determinados contenidos (de los y las influencers, por ejemplo) y muchas otras facetas que entran dentro de este ámbito. Y, con ello, no se siga dejando en manos de los padres y educadores el hecho de tener que vetar a nuestros niños y jóvenes el acceso a algo que les escapa por tiempo y espacio a su control.

Creo que ha llegado el momento de hacerlo, una vez que se ha creado una una conciencia social sobre el perjuicio casual o permanente que este medio de comunicación provoca en ellos por hacerles estar pendientes de algo que no controlan y de cuyos conocimientos carecen para utilizarlos correctamente, al igual que le ocurre a la mayoría de sus mayores.

A este respecto, en algunos lugares y ámbitos ya se ha empezado a tomar algunas medidas, como la de prohibir que el alumnado pueda llevar sus móviles a clase o que los utilice durante los recreos. Y parece que esto ha propiciado no sólo que este estuviera más atento a sus profesores al no estar pensando en sacar sus móviles a la hora de salir al patio sino que al llegar al espacio de recreo haya tenido que interactuar en vivo y en directo con otras opciones más reales. Además, la ausencia de la distracción de los móviles ha hecho que el acoso se haya difuminado en parte y las notas hayan crecido, todo un logro en el que se deberá persistir.

Todos sabemos lo que supone distraerse de cualquier tarea, sea educativa o laboral: más tiempo en acabarla y peor ejecución. Prestar atención es una de las principales reglas de la enseñanza o como dice aquel adagio: para entender hay que atender. Todo aprendizaje requiere de tres pasos: atender, entender y aprender.

Así que cuantos menos elementos distractores estén presentes en la educación de nuestros hijos mejor será para ellos y para todos los que formamos parte de su formación como personas.