Los servicios de salud mental para los jóvenes gallegos necesitan incrementarse

El informe de la OMS sobre la salud mental infantojuvenil de 2022 señala que un 14% de los adolescentes de 10 a 19 años padece algún trastorno mental (uno de cada siete) y que el 3,6% de los adolescentes de 10 a 14 años y el 4,6% de 15 a 19 años padecen algún trastorno de ansiedad. Además de esto, observa que el 1,1% de los de menores de entre 10 y 14 años y el 2,8% de los de 15 a 19 años experimentan depresión. Y tampoco es despreciable que en el mundo haya un 3,1% de adolescentes de entre 10 y 14 años y un 2,4% de chicos y chicas de entre 15 y 19 años que sufran trastorno por déficit de atención con hiperactividad (TDAH). O que un 3,6% de adolescentes de 10 a 14 años y un 2,4% de 15 a 19 años estén afectados de trastorno disocial (con síntomas de comportamiento destructivo o desafiante).

En España, estos colectivos requieren de una atención compleja y multidisciplinar, que en la actualidad piden más recursos de los que disponen los servicios de salud de sus comunidades autónomas. Esto ha hecho que, durante los últimos años, el incremento de los trastornos mentales en los menores se haya traducido en un importantísimo incremento de las visitas a urgencias y el colapso de los servicios de salud mental infantojuveniles. Esta situación ha derivado hacia que sólo aquellos casos que se han considerado más graves hayan podido ser atendidos, dejando que la mayor parte de niños, niñas y adolescentes vean cómo se agravan sus problemas y se aceleran sus riesgos y conflictos en todos los ámbitos (familiar, escolar y social).

Galicia no cuenta ni con unidades ni con centros públicos para largas estancias de estos niños y jóvenes en el área sanitaria, por lo que la mayoría de sus casos son derivados a los centros sociales de protección o a dispositivos atencionales privados de la propia comunidad o de otras comunidades españolas. Una situación totalmente anómala, a la vez que perversa. Anómala, porque los centros de protección están pensados únicamente para aquellos menores que se encuentran en una situación de desamparo. Es decir, para acogerlos en aquellos momentos en que se produce un incumplimiento o un imposible o inadecuado ejercicio de los deberes de protección, establecidos por las leyes para su salvaguarda. En este caso, los servicios de protección deberán cubrirles sus necesidades en todos los órdenes (físicos, mentales, sociales, educativos y laborales).

Y también es perversa la utilización y derivación de los casos de niños y jóvenes afectados de problemas de salud mental a los dispositivos protectores por parte de las instancias sanitarias porque, actuando de este modo, lo que se está haciendo es mezclando y acumular problemáticas que deberían ser tratadas de forma diferenciada a través de unos recursos sanitarios especializados en función de sus características específicas de estas poblaciones.

Por eso, a aquellas familias con hijos afectados de problemas mentales, pero que no están en situación de desamparo, las administraciones sanitarias les deberán ofrecer los recursos ambulatorios y convivenciales adecuados a sus problemas, y no sólo apoyos psiquiátricos basados en un mayor consumo de fármacos o en recursos de hospitalización breve para casos críticos. Estos, aunque supongan una ayuda imprescindible en la mayoría de los casos graves o muy graves, no contienen o palían las dramáticas consecuencias que supone la estancia del menor en su familia. En muchos de estos casos, lo ideal sería que los servicios sanitarios gallegos dispusieran de equipos de intervención domiciliaria, como se ha establecido en la comunidad catalana. O, incluso, elaborar un plan de salud mental que incorporase a las unidades de salud mental infanto-juveniles las de hospitalización breve y los centros de rehabilitación psicosocial como ha hecho la Comunidad Autónoma de Aragón.

En la actualidad, Galicia mantiene programas infantojuveniles de salud mental exclusivamente para la población comprendida entre 0 y 15 años, unas edades que deberían ampliarse hasta los 18 años para seguir los mismos cauces que otros servicios aplicados a menores de edad. Pero lo más importante, en su caso, sería que promoviera centros adecuados e independientes para estos menores, impidiendo, así, la mezcla de poblaciones, a la vez, que mejora las expectativas de éxito de sus procesos sociosanitarios.