La FP ha dejado de ser la enseñanza desamparada del sistema educativo

Los tiempos están cambiando en el sistema educativo. Y no lo hacen sólo a través de los gestores que rigen sus instituciones, sino también desde sus alumnos y del mundo laboral. Pero vayamos por partes.

La FP siempre ha sido la hermana pobre del sistema educativo. A ella sólo iban aquellos que no querían hacer una carrera universitaria. Una visión tradicional que fue impuesta desde la dictadura franquista con el único objetivo de privilegiar a los hijos de las clases acomodadas. Algo que hizo acotando el número de institutos disponibles, que ubicó principalmente en las ciudades, y dejando en manos del sector privado una formación secundaria, a la que sólo podían acceder los hijos de los padres que se la pudieran costear. Pero, en los años 60, la idea quedó truncada cuando España entró en una etapa de bonanza económica y las empresas se dieron cuenta de que necesitaban un gran número de trabajadores especializados de los que su sociedad no disponía. Fue el momento en que el Estado trató de cubrir sus carencias formativas con cursos acelerados en los que los estudiantes poco más hacían que conocer sus herramientas de trabajo y desarrollar unas experiencias básicas con ellas. Esta precaria formación hacía que fuesen las empresas las que realmente terminasen el trabajo formativo y experiencial. Dentro del sistema reglado, el Estado se ocupó, mayormente, de aquellas formaciones que no requerían prácticamente de talleres o laboratorios, y de las que sus clases se podían impartir en aulas tradicionales con unas pocas máquinas.

Tiempo después, con la llegada de la democracia y con la LOGSE ya en marcha, las cosas fueron cambiando en algunos aspectos. A pesar de todo, las deficiencias siguieron siendo muchas, por lo que cada Autonomía con responsabilidades educativas trató de cubrirlas como buenamente pudo y quiso, lo que provocó que el Estado tuviera que dar nuevos pasos, hasta llegar al punto de inflexión de la FP dual. Es decir, la que le permite al estudiante recibir una formación en el centro educativo y al mismo tiempo poner en práctica lo que ha aprendido en un centro de trabajo. O como diría un director de empresa amigo mío: "Las empresas quieren contratar a la vez un trabajador de bata blanca y de bata azul", o sea, quieren que el trabajador que desea contratar conozca tanto la parte teórica (bata blanca), como el desarrollo de ésta en la práctica (bata azul). A los que habría que sumarles, en muchos casos, los informáticos, igualmente necesarios en casi cualquier tarea.

Así pues, desde la puesta en marcha de la formación dual, no sólo los estudiantes han reorientado su instrucción hacia la Formación Profesional, sino que muchos de los que se habían decidido previamente por la universitaria, e incluso la habían finalizado, se han redirigido hacia ella. Algo que para cualquier profesional de la enseñanza resultaría inaudito y desconcertante tan sólo un par de décadas atrás. Pero hoy en día un técnico cualificado gana tanto o más que un profesional universitario, y el mercado, como dicen los economistas, manda.

Por su parte, muchas empresas han encontrado en los técnicos instruidos en la FP a los trabajadores que precisaban para sus ocupaciones y responsabilidades. Así, pues, no es de extrañar que este sector del sistema educativo tenga hoy una de las mayores aportaciones económicas del Estado para los próximos años: 1.500 millones de euros. Una financiación que no sólo servirá para establecer nuevas formaciones adecuadas al sistema laboral, sino también para capacitar a muchos de los trabajadores que actualmente se encuentran activos, pero sin la cualificación que precisan para permanecer en él competitivamente. Según los cálculos del Centro Europeo para el Desarrollo de la Formación Profesional, casi la mitad de los 23 millones de personas que componen la población activa española (un 48%, en concreto) tiene un nivel de formación que no les capacita profesionalmente. Un hecho que España deberá revertir para que en 2025 la mitad de sus trabajadores tenga una cualificación intermedia y sólo un 14% disponga de una cualificación baja.

El plan del Gobierno para paliar estos déficits es acreditar las competencias profesionales básicas de toda esa población, es decir, reconocerle las capacidades adquiridas de forma experiencial para que aumenten su empleabilidad futura. Esta recualificación se complementa con un aumento de las plazas, la renovación y modernización del catálogo formativo, la flexibilización del sistema educativo, la digitalización y la unificación de todo el sistema de la FP bajo un único paraguas, el del Ministerio de Educación y Formación Profesional, ya que en la actualidad, la FP tiene una rama educativa, llevada por Educación, y otra vinculada al empleo y la acreditación de competencias, responsabilidad del Ministerio de Trabajo y Economía Social.

De este futuro plan sólo queda por concretar una última cuestión: cuando todo el proceso termine ¿las empresas españolas dispondrán de los puestos necesarios para dar trabajo a todos estos profesionales o, por el contrario, muchos de ellos tendrán que colocarse en el extranjero, como ya le ha pasado a nuestros médicos e investigadores? Formar profesionales para la emigración no es la mejor forma de hacer avanzar a nuestra sociedad.