La escuela de la vida

Proteger al niño también es escucharlo
A pesar de que llevo muchos años trabajando como pedagogo social en la mejora de las condiciones vitales de nuestros niños y jóvenes, no deja de sorprenderme que todavía haya personas que puedan hacerles daño a unas criaturas tan indefensas y necesitadas de todo nuestro apoyo y ayuda. Sobre todo, cuando, además, muchos de estos individuos son sus padres o personas próximas a las que socialmente se les otorga la condición de ser sus máximos protectores.

Desde el año 2015, se estableció la necesidad de que todos aquellos profesionales o personas que desarrollen actividades que impliquen un contacto habitual con menores deban obtener una acreditación conocida como Certificado de Delitos de Naturaleza Sexual. Su consecución le otorga a su beneficiario la condición de que no ha sido condenado en sentencia firme por algún delito de índole sexual, según consta en el Registro Central de Delincuentes Sexuales. Cuando entonces fui preguntado por una periodista sobre este asunto, argumenté lo que todos los que trabajamos en la protección de menores sabemos: la mayor parte de los delitos sexuales no ocurren en el ámbito de la educación o de las actividades profesionales relacionadas con la infancia, sino en sus propias familias o por personas cercanas a ellas.

Fijar la mirada en maestros, educadores o en cualquiera que en su día a día mantenga una relación estrecha con niños, niñas o adolescentes me pareció matar moscas a cañonazos. No voy a negar que durante estos años ha habido personas o profesionales que cumplían la condición exigida, pero estas siempre han sido muchas menos que los del entorno familiar, tanto en proporción como en número. Y, en la mayoría de las ocasiones, estas ni siquiera han salido a la luz pública.

Así las cosas, mucho debe hacer todavía nuestra sociedad a nivel de prevención, es decir, ofrecer una visión más objetiva sobre el problema de los abusos sexuales a la infancia. Algo de esto es lo que trata de hacer la Ley Integral de Protección a la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia (LOPIVI), que fue aprobada en junio de 2021.

Entre numerosos cambios que ha introducido esta norma frente a esta cuestión están, por ejemplo, los de ofrecer una mejor protección a niños, niñas y adolescentes frente a la violencia, garantizándoles sus derechos fundamentales respecto a su integridad física, psíquica, psicológica y moral, a la vez que les asegura el desarrollo de su personalidad.

Hasta su proclamación, los niños y niñas estaban sujetos a haber cumplido los doce años o a que el juez los considerase aptos para poder declarar en un juicio. Sin embargo, a partir de ella, cualquiera de ellos puede hacer una declaración sin tener que estar coartado por su edad. Esto, aunque parezca que no, es un gran avance, pues muchos niños y niñas podrán expresarse libremente anunciando situaciones problemáticas por las que han pasado, y que de otro modo nunca llegarían a conocerse o que cuando se conocieran, quizás, tendrían unas consecuencias mucho menores.

Seguirán siendo no sólo los jueces, sino cualquier adulto con el que se relacione los que deberán asumir hasta qué punto sus declaraciones son plausibles o interpretables, pero serán los propios niños y niñas los que ofrezcan su propia visión de en qué medida les ha afectado o les está afectando lo que les ocurre en sus entornos próximos.

Así que ya sea en sede judicial o en cualquier otro lugar, los niños y niñas deberán ser escuchados para detectar sus malestares y denunciarlos ante quien corresponda. Pues no deja de ser una verdad incuestionable que para educar a un niño hace falta la participación de toda la sociedad/tribu.