Política de vivienda

En Derechos y Libertades siempre se puede avanzar algo más. No olvidemos que España se ha dotado de una Constitución en 1.978 y posteriormente de varios Estatutos de Autonomía para las Comunidades Autónomas que les garantiza una serie de derechos legislativos y competencias propias.

Así podemos decir que, en todo este tiempo, en materia del Derecho a la Vivienda se avanzó poco o no lo suficiente. Concretamente, los diferentes gobiernos de la Xunta de Galicia han mirado para otro lado o bien no han tenido la valentía suficiente para considerar la vivienda como un Derecho Social y Humano básico y sí como un mero objeto de trueque y enriquecimiento particular.

En los últimos trece años del Gobierno de la Xunta se adoptaron algunas medidas interesantes, como el "Plan Aluga" con una muy buena intención pero con resultados negativos por falta de compromiso o motivación de los propietarios de inmuebles. También el "Bono Social" al alquiler para las personas y familias vulnerables, que puede llegar al 100% de la renta.

Se negoció con la "Sareb", o también conocido como Banco Malo, al objeto de la cesión temporal de algo más de un centenar de viviendas con destino a alquileres sociales o atender situaciones de emergencias habitacionales. Al mismo tiempo han existido contactos con diferentes "Fondos de Inversión" privados que acaparan la casi totalidad de las viviendas embargadas por las entidades financieras, para la cesión temporal a familias humildes y que así puedan disponer de una vivienda digna, dejando a un lado las infraviviendas, chabolas o caravanas en las que habitan.

Se articularon una serie de "ayudas directas" al alquiler para jóvenes menores de 35 años así como para la "compra", sirviendo la Consellería de Vivienda como avalista, en caso necesario.

La realidad actual es que continúan inscritas en el Registro Único de viviendas del IGVS más de 17.000 familias y que Galicia es una de las Comunidades Autónomas con menor número de viviendas sociales.

La Xunta tampoco ha sido capaz de mantener la "desgravación fiscal", en el IRPF, de las rentas del alquiler para todos los inquilinos ni de seguir considerando la desgravación de los préstamos hipotecarios formalizados con posterioridad al año 2012. Queda mucho camino por delante...