Iglesia y ciudadanía

Cada vez existen más ciudadanos que están pidiendo cambios coherentes en ciertas políticas educativas que vulneran la libertad de los padres y en políticas sociales que atacan directa o indirectamente a la familia.

Los poderes públicos no garantizan el derecho de todos a las libertades, mediante una programación general con participación efectiva de todos los sectores afectados de forma que no se gobierne para minorías más o menos ruidosas.

Como acertadísimamente escribió don Pedro Arias Veira, para un pensador clásico de la libertad, Alexis de Tocqueville, las sociedades con una basamento religioso cristiano tenían más probabilidades y oportunidades de acceder a una sociedad en libertad. El pensamiento básico de la Ilustración -Kant, Montesquieu, Locke- desarrollaba en el plano político y filosófico la matriz del pensamiento cristiano.

Hoy, en las democracias formalmente consolidadas, la Iglesia, institución milenaria, tiene el reto de respetar las decisiones de los poderes civiles establecidos, al tiempo que debe defender la reconducción de los asuntos públicos desde su visión de las prioridades, tal como hace todo agente social.

En España se ha encontrado con una política gubernamental que se propuso una transformación radical de la familia, de la política de la intimidad, de la formación ideológica en la enseñanza y de la concepción de la ética colectiva. Ha tratado de cambiar los fundamentos mismos de la concepción cristiana de vida y de sus unidades sociales básicas, de los derechos de los padres a la formación de los hijos y del valor de la herencia moral adquirida. Considera que es un camino profundamente equivocado y se ha manifestado en pro de una reorientación de valores.

La Iglesia no ha hecho más que ejercer su libertad de expresión, como cualquier otra asociación social voluntaria; y de forma pacífica y contenida, postulando un mensaje de cohesión en momentos de crisis de las relaciones humanas. Pero al Gobierno le ha molestado y ha reaccionado airadamente. Debiera haber encajado y respetado la crítica; incluso tenerla en cuenta en estos momentos de desconcierto. No se debiera cuestionar que la Iglesia española ejerza su libertad de expresión y defienda sus principios. Toda persona, toda organización social, debe hacerlo, arriesgándose a la crítica y sin miedo. Así es como se construye una democracia activa y participativa.

No nos queda más que reclamar algo que parecería impensable en pleno siglo XXI: la defensa de nuestra libertad a elegir libremente, sin imposiciones de nadie, para ser y educar a ciudadanos realmente libres. Porque la libertad es entre otros el derecho de hacer lo que no perjudique a los demás y nadie puede ser perfectamente libre hasta que todos lo sean.

El pluralismo no debería ser para nadie un problema, sino todo lo contrario, una manifestación de buen espíritu, que pone patente la legítima libertad de cada uno a pensar y obrar de acuerdo con su conciencia, expresándose todos libremente, sin embudos ni mordazas por parte de nadie, porque así seremos más justos y más libres.