El 3 de octubre se empieza temprano en la Escuela Diplomática, pero merece la pena. Desde de las nueve de la mañana hasta las tres del día después, expertos, jueces, funcionarios han dedicado sus conocimientos al Dialogo entre el Comité Europeo de
Derechos Sociales y la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
El Embajador Director de la Escuela, Fernando Fernández Arias abrió el acto, pasando la palabra a una mesa de bienvenida que introdujo el tema y a los diferentes actores, es decir España, el Comité Europeo, la Corte Interamericana, el instituto Max Planck y la Universidad Complutense de Madrid.
Lo que se recalcó inmediatamente es la profunda desigualdad de la región iberoamericana, la más alta del mundo, y el vínculo entre derechos sociales y estado de derecho. Además, se criticaron las consecuencias de la crisis económica de 2008 y las prioridades que tenían, que han limitado la aplicación de la red de protección europea.
El primer día se afrontaron dos temáticas: el primer debate se enfocó sobre las obligaciones que los Estados tienen en referencia a los derechos sociales y sus razones de existencia. Sin duda, los estados tienen que respetar las normas como consecuencia directa de una vida en común y con el objetivo de permitir la dignidad de todos los seres humanos. Un problema que se pone inmediatamente es la diferencia de profundidad entre normas internacionales y domésticas, y entonces el proceso de constitucionalización de acuerdos internacionales.
La interpretación de las reglas es otro problema, como se puede observar en Iberoamérica con el Protocolo de San Salvador y el Pacto de San José de Costa Rica, la Convención Americana de Derechos Humanos.
Se recalcó también el papel que tienen los acuerdos, aunque no sean ratificados, porque establecen estándares y mejoran las practicas a nivel global, como en el caso de la OIT; de todos modos, sin derechos efectivamente garantizados, es imposible un desarrollo igual y sostenible para todas las áreas del mundo. Se criticó la falta de ratificación de la Carta Social Europea revisada por parte de España y también los derechos de grupo, que limitan la concepción de universalidad y indivisibilidad de los derechos humanos.
La segunda mitad analizó la historia de la afirmación de los derechos sociales, determinando que el problema principal es siempre la implementación y la vigilancia de efectividad. Los expertos presentaron los mecanismos que diferentes estados aceptan o de organismos internacionales, como por ejemplo el sistema de reporting process o de collective complaint, que en algunos casos han permitido una modificación de las normas internas.
El vínculo entre pobreza y respeto de los derechos fue el punto de referencia para explicar varios proyectos, como los de la CIDH, enfocados en la indivisibilidad de la dignidad humana y en las diversas interpretaciones de las estrecheces de la vida relacionadas a las faltas de respeto y a la carencia de derechos económicos, sociales, culturales y ambientales.
El segundo debate, sobre la justiciabilidad y los efectos de los derechos sociales, empezó con una panorámica del trabajo de la Corte, que no obstante el número limitado de sentencias y referencias jurídicas mal redactadas modificó radicalmente las acciones de los países de la región.
Los estados, gracias a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, tienen ambos obligaciones negativas y positivas con sus ciudadanos y los extranjeros que están en su territorio, una evolución de la tutela de los seres humanos que necesitó del trabajo de numerosas Cortes y Comités para existir.
En su segunda parte tuvo lugar la descripción de organismos que tutelan los derechos sociales, como el Centro Europeo de Derechos de los Romaníes, que demostró la dificultad de la burocracia: de la misma manera se criticó la utilización vacía e imprecisa de la Carta Social Europea, que todavía no es muy conocida por los trabajadores en el campo jurídico. Además, se declararon culpables a los estados que no protegen a sus habitantes contra las estructuras de desigualdad y se explicó la postura de la corte en frente de las críticas y de otros actores en el mismo campo.
El tercero debate, en el día siguiente, se ocupó de los mecanismos de ejecución de derechos sociales: el primer panel abordó el tema del cumplimiento. Se trataron los mecanismos de la Corte Iberoamericana, que todavía tiene que enfrentarse a oposiciones de varios países, y del Comité Europeo.
Por lo que concierne a la Corte Iberoamericana, sus sentencias rechazan la idea de juicios estáticos, aunque tengan limites en la implementación concreta de sus decisiones. Otros proyectos existen para proteger los derechos, y sobre todo para asegurar una implementación de reparaciones. Sin duda, para tener éxito, se necesita de coaliciones entre numerosos cuerpos, con el fin de tener una voz más fuerte en la escena internacional. Se trató también del control de convencionalidad y de los mecanismos de los países para inserir las decisiones internacionales en el sistema normativo interno, así como los problemas del control de constitucionalidad.
La conferencia acabó con una mesa redonda en la cual participaron actores que defienden los derechos sociales en España, como sindicatos y consejos contra la discriminación, que resaltaron las violaciones en los DESCA relacionadas con la etnia y la concepción del mercado del trabajo, sobre todo después de la crisis de 2008.
De la clausura se encargaron el Embajador Director Fernández Arias, el precedente Presidente del Comité Europeo Luis Jimena Quesada y el Embajador y representante permanente de España en el Consejo de Europa Manuel Montobbio: sus conclusiones reflejaron la esperanza en un dialogo continuado entre los actores que participaron en estos dos días y para la consolidación del respeto de todos los derechos para todos los seres humanos.
