El PP ha presentado una denuncia por prevaricación y malversación contra el gobierno de Lara Méndez. Los populares justifican la medida por los muchos servicios sin contrato en vigor, que suponen más de 20 millones de euros en pagos que se hacen siguiendo un procedimiento que, aunque debiera ser excepcional, se está convirtiendo en la norma en Lugo.
Vaya por delante que no creo que sea malo acudir a los tribunales cuando las cosas se tuercen, e incluso yo mismo he presentado alguna denuncia, y de hecho creo que, si se aprecia un indicio de delito, actuar es una obligación de cualquier ciudadano.
Lo que me escama es el momento elegido para presentar esa denuncia porque, hasta donde yo sé, no ha habido novedades importantes en las últimas fechas. El más costoso de todos los servicios sin contrato, por ejemplo, que es el de la recogida de basuras lleva caducado un año y medio.
Entonces ¿por qué ahora? El gobierno de Lara Méndez recibió 11 servicios sin contrato, y hoy son 35 los que están en esa situación, la dinámica desde luego no es buena pero sorpende que se haya esperado tanto... ¿No se han dado cuenta cuando íbamos por 25? ¿O por 30? ¿Tendrá algo que ver que la denuncia se presente justo al comienzo del curso político, en una más que agresiva precampaña electoral de cara a Mayo de 2019? ¿Se pretende una imputación que derribe a un gobierno al que, en buena lógica, se debería poder vencer limpiamente, sin recurrir a esto?
Es chocante hablar de prevaricación y malversación cuando pleno tras pleno el propio grupo denunciante votó el pago de facturas con reparos de legalidad, bajo el endeble argumento de la gente tiene que cobrar aunque haya defectos formales. Por esa regla de tres el Gobierno podría decir que los servicios han de prestarse aunque sea sin contrato.
Han dado un paso lícito, incluso justificable, pero tardío, y el calendario nos hace poner bajo sospecha las intenciones de esta denuncia. Las elecciones se ganan en las urnas, no en los juzgados.
