La condena del telediario

Se ha establecido como costumbre entre los miembros de la casta política el quejarse por el escarnio público que supone ver a distintos miembros de esa selecta especie, abrir los titulares de los telediarios cuando están siendo investigados tras haber sido pillados en algún escándalo de corrupción. Es lo que, con gran indignación por su parte, se ha venido en llamar la condena del telediario, alegando que muchos de esos supuestos corruptos, que ya han sido estigmatizados por la opinión pública, acaban a la postre siendo declarados inocentes en los tribunales de justicia, sin que nadie pueda ya repararles el daño causado. Sirva como muestra, por su actualidad, el caso del imputado, perdón, investigado, señor presidente de la comunidad murciana, don Pedro Antonio Sánchez

Del otro lado del plasma, y no menos indignados, estamos los ciudadanos. Indignados no solo por tener que mantener, y de que manera, a semejante rebaño de incapaces, que han hecho que la política haya dejado de ser una labor noble, de servicio a la comunidad, para convertirla en la actividad más sospechosa y lucrativa de entre todas las que se desarrollan en el solar hispano y, no conformes con ello, no han tenido como colectivo el menor reparo en utilizar dicha actividad, de supuesto servicio público, para lucrarse de la manera más ruin e indecente posible a base de saquear, ya sea en directo o en diferido, las arcas públicas.

Sería ridículo pretender detallar exhaustivamente los múltiples casos de corrupción política con los que nos han deleitado sus señorías desde los años de la transición hasta hoy, ya que necesitaríamos disponer de la amplitud de una enciclopedia para poder abarcarlos todos, pero baste recordar algunos de los más relevantes, tales como el saqueo de la Cruz Roja en la época de Carmen Mestre, el reparto de los fondos reservados en la era de los GAL, los casos Filesa, Malesa o Time sport, el caso Naseiro, los ERES andaluces, el holding Pujol, las andanzas de Urdangarin y familia o los más recientes escándalos en Bankia, Gürtel o Púnica, etc, casos que nada tienen de aislados sino que, por el contrario, son la demostración evidente de la podredumbre moral en la que se ha sumido la actividad política española y, tristemente, sin que se aviste ningún cambio sustancial que permita pronosticar ninguna mejoría en el horizonte más inmediato.

Lamentamos profundamente que individuos tan intachables y pulcros como los que pasan semejantes desvelos por mejorar la vida de los desagradecidos españoles se vean sometidos a tales vituperios públicos, seguramente inmerecidos, pero más lamentable y digna de consideración nos parece la situación de descrédito general que padecen las instituciones a las que, más que representar parecen avergonzar estos individuos con sus miserables conductas y, sobre todo, los ciudadanos que, después de mantener tan generosamente a semejante ejército de desalmados, tenemos que seguir sufriendo a diario en nuestras vidas y haciendas su manifiesta incompetencia y, lo que es peor, su indigencia intelectual y ética.