Ladrón de bicicletas

“El único Estado estable es aquel en el que todos los ciudadanos son iguales ante la ley” (Aristóteles).

Que España es un verdadero paradigma del fraude legislativo, de la desigualdad de los individuos ante la Ley, es una triste realidad que muchos ciudadanos hemos tenido que padecer en el tránsito vital por este singular país. Que la Ley en España está hecha para castigar a los robagallinas, mientras se muestra absolutamente permisiva y hasta complaciente con los grandes delincuentes de guante blanco, es algo que podemos constatar casi a diario. La existencia de los cientos de aforados y la facultad discrecional del Gobierno para conceder indultos son dos buenos testimonios que certifican lo dicho. Por otra parte, la certeza de que el Gobierno del Partido Popular no está dispuesto a mover ni un solo dedo para modificar esta situación ya lo dejó claro el pasado año cuando rechazó sendas propuestas del PSOE y de Izquierda Unida para prohibir que se concedieran indultos a condenados por casos de corrupción política.

Acabamos de conocer el caso de Adrian Manuel Moreno, un andaluz condenado a cumplir 6 meses de cárcel por haber hurtado, en el año 2008, una bicicleta perteneciente al Servicio Público de Préstamo de Sevilla, cuando contaba tan solo con 18 años y con una vida nada ordenada, dentro de una familia desestructurada. Sabemos también que desde entonces este ciudadano, al que no pretendo presentar como ejemplar, ha rehecho su vida, ha formado una familia y es el único sustento económico para su mujer, que está en paro, y para sus dos hijos menores de edad.

Pese a que, en atención a las especiales peculiaridades que concurren en el caso, distintas agrupaciones ciudadanas e incluso el propio Fiscal han solicitado la concesión del indulto; el Gobierno, por su parte, se muestra reticente a concederlo, algo que no deja de ser llamativo, especialmente en un país en el que el Ejecutivo se ha mostrado siempre espléndido con delicuentes de las más variopintas procedencias, casi siempre vinculados con el poder político y económico. Desde exministros como José Barrionuevo o políticos como los del caso Pallerols, pasando por jueces, empresarios, banqueros e incluso expresidentes autonómicos como el cántabro Hormaechea, la clemencia gubernamental nunca ha faltado a su cita a la hora de lavar los pecados de los miembros de la casta, pero se muestra en cambio mucho más implacable con los errores cometidos por los ciudadanos anónimos, que suelen resultarles intolerables a la hora de juzgarlos.

Si, visto lo visto, todavía les queda alguna duda de los motivos que hacen de nuestro país un Estado permanentemente inestable, les remito a la cita aristotélica que encabeza este texto. Profundizando en su significado quizás contribuiríamos a aclarar algunos de nuestros males más endémicos y, de paso, a entender mejor lo que decía su plebeya majestad: “une merde”.